La deuda bruta de México aumentó 86.9% del 1 de diciembre de 2018, cuando comenzó la administración de Andrés Manuel López Obrador, hasta el 31 de julio de 2026, en el actual gobierno de Claudia Sheinbaum Pardo.
Con el incremento de 9.5 billones en los últimos ocho años, la deuda bruta pasó de 11.0 billones a 20.6 billones, según los datos de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP).
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Economistas consultados por ZETA expresaron preocupación por la magnitud y la velocidad con la que ha crecido la deuda del país, ya que ésta “compromete” el crecimiento económico futuro, al tener que destinarse más recursos al costo de la deuda, en lugar de dedicar dinero a inversión en infraestructura rentable. Mientras que un menor crecimiento económico impacta negativamente en la generación de empleo formal y bien remunerado, explicaron.
Adriana García Hernández, economista en jefe de México, ¿cómo vamos?, recordó que hacia el final del sexenio de López Obrador la deuda “incrementó fuertemente”, y en la presente administración el aumento ha sido más moderado.
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El año pasado, el saldo histórico de los requerimientos del sector público (la medida más amplia de deuda) alcanzó 53.2% del Producto Interno Bruto (PIB), para 2027 se estima que llegará a 55% del PIB.
Con la Presidenta Sheinbaum “hemos tenido el compromiso de la consolidación fiscal” mediante mayores ingresos tributarios con una mayor fiscalización y la contención del gasto se ha hecho vía inversión este 2026.
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“Esto nos deja en una paradoja sobre la sostenibilidad de la deuda, ya que para poderse estabilizar la proporción deuda-PIB, se necesita que la economía mexicana crezca”, y sin inversión en infraestructura y energía “el crecimiento económico del país se ve comprometido para los próximos años”, agregó la especialista.
Del primer trimestre de 2025 al primer trimestre de 2026, la economía mexicana creció 1.2%. La estimación de crecimiento de Hacienda para el cierre de este año es de 2.4%, pero las encuestas del sector privado proyectan un crecimiento de 1.3%. “Una estimación de crecimiento alta de Hacienda implica que hay una menor recaudación de ISR e IVA por un menor dinamismo en el crecimiento”.
La deuda no está destinándose a inversión pública. “El gobierno está financiando parte de su operación” como el gasto social, que ha incrementado de manera muy importante al incorporar los programas sociales a la Constitución, señaló Adriana García.
En entrevista, la especialista consideró que la deuda no es sostenible porque México se encuentra en un proceso de transición demográfica en que para 2050 la presión de la pensión de adultos mayores será mayor que la actual, cuyo monto total ya ronda el medio billón de pesos.
“Estamos posponiendo empezar a solucionar la presión que tienen las finanzas públicas ante un gasto que no está contenido, porque es una bola de nieve, porque cada vez la población va a ser más acreedora a la pensión de adultos mayores y cada vez va a haber menos jóvenes en edad de trabajar”.
En ese sentido, el economista Enrique Rovirosa dijo que el problema con los programas sociales es que “se sigue gastando y abriéndose nuevas líneas de apoyo”, por una finalidad política.
“El gobierno gasta como si fuéramos un país rico, y los políticos no entienden que no somos un país rico; que somos un país con mucha pobreza que se refleja en la captación de ingresos por parte del Estado”, indicó.
La deuda se ha “disparado” en el país, porque el déficit presupuestal crece a un ritmo mucho mayor que lo que crece la economía, lo que significa que están comprometiéndose ingresos futuros para el pago del costo de la deuda limitando así el actuar de gobiernos venideros.
“El país va a seguir con un crecimiento marginal, va a seguir creciendo la deuda hasta que se convierta en impagable y caigamos en una crisis, porque así como vamos para finales del sexenio vamos a traer una deuda pública a nivel federal de 60% del PIB, viendo cómo está creciendo el déficit público y la economía”, advirtió el especialista.
En una conferencia de prensa en la Ciudad de México, la subsecretaria de Hacienda, María de Carmen Bonilla, negó que haya una “trayectoria explosiva” en cuanto al crecimiento de la deuda. Los organismos internacionales y las calificadoras se fijan en la deuda neta, la cual considera los activos financieros. “El Gobierno de México ha hecho un esfuerzo importante por restablecer estos activos financieros”, dijo.
Según las cifras de la SHCP, la deuda neta en los dos gobiernos morenistas incrementó 8.9 billones, equivalentes a 82.3%, al pasar de 10.8 billones en diciembre de 2018 a 16.8 billones en julio de 2026. Si sólo se considera el periodo de gobierno de Sheinbaum, la deuda neta aumentó 2.7 billones, de 16.4 billones en octubre de 2024 a 19.7 billones en julio 2026.
La funcionaria federal aseguró que el portafolio de deuda es “bastante resiliente”, ya que 84.8% está contratada a tasa fija, a largo plazo y en moneda local mientras que la deuda externa está 100% a tasa fija.
La reestructuración de créditos hecha en 2026 permitió reducir las amortizaciones pendientes para los próximos años. El plazo de la deuda local es de ocho años en promedio y de la externa de alrededor de 15 años.
“No hay razones, en el corto y mediano plazo, que esta métrica se convierta en algo que limite la capacidad fiscal y de desarrollo del país”, aseveró el secretario de Hacienda y Crédito Público (SHCP) Édgar Amador Zamora.
La deuda de México ubicada en 53.2% del PIB está por debajo del promedio de los miembros de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE), defendió.
Respecto al déficit proyectado de 4.1% para el cierre de este año y de 3.9% para 2027, Édgar Amador consideró que existen las condiciones para lograr la meta de este año, aunque admitió que el objetivo de reducción del déficit “fue calibrado ante la presencia de eventos y corrientes encontradas en términos económicos”.
“Tuvimos que calibrar la convergencia fiscal con el fin de no incidir demasiado en la actividad económica. Tuvimos que cuidar la actividad económica; el empleo al tiempo que garantizamos la convergencia fiscal”, indicó.
Cabe señalar que el déficit alcanzó 5.8% del PIB en 2024, derivado del endeudamiento registrado en el último tramo del sexenio pasado. Para 2032, el déficit convergerá a 3.1%, aunque la deuda se mantendría en 55% del PIB y podría rondar los 30 billones de pesos.
MÁS DEUDA PARA 2027
La Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) proyectó un endeudamiento de 1.7 billones de pesos, en el Proyecto de Presupuestos de Egresos de la Federación 2027. El costo financiero será de 1.575 billones de pesos, equivalentes al 4% del PIB.
Dentro del techo de endeudamiento que se proyecta para el próximo año, Pemex podría estaría solicitando deuda interna por 160.6 mil millones de pesos y externa por 5,259.4 millones de dólares. Mientras la Comisión Federal de Electricidad (CFE) tendrá un techo de endeudamiento de 16.7 mil millones de pesos y 725.0 millones de dólares, de aprobarse sin cambios el Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación (PPEF) 2027 en el Congreso de la Unión, presentado el 8 de septiembre.
Ambas paraestatales ya tienen deudas millonarias. Al 30 de junio, Pemex tenía una deuda de 77.5 mil millones de dólares, mientras que la CFE tenía una deuda de 481 mil millones de pesos.
Adriana García resaltó la presión que ejerce Pemex en la sostenibilidad de las finanzas públicas, que en el PPEF tiene proyectado un presupuesto de 85 mil 634.2 millones de pesos.
El año pasado se anunció que la petrolera no requeriría apoyos para 2027, sin embargo, “los resultados de Petróleos Mexicanos no han sido los óptimos, ya que no hemos visto una reestructura del modelo operativo, es decir, que la petrolera sea rentable sin apoyos del gobierno”. De modo que las calificadoras puedan mostrar escepticismo hacia la trayectoria de consolidación fiscal del gobierno, observó.
El titular de la SHCP, Édgar Amador Zamora, aseguró que en el presupuesto del próximo año de Pemex hay una reducción de 263 mil millones de pesos, lo que significa que la petrolera requiere menos apoyo para cumplir su plan estratégico. Así, el funcionario evadió responder por qué este año seguirá dándosele apoyo a la paraestatal y si continuará dicho apoyo en lo que resta del sexenio.
“Las ocho agencias (calificadoras) mantienen un grado de inversión para el crédito público del país, y el compromiso de la Secretaría de Hacienda y del gobierno es para mantener, incluso en el mediano plazo mejorar, la calificación del crédito público del país”, aseveró respecto a las posibles revisiones de la calificación crediticia. Asimismo, resaltó la estrategia “ambiciosa” para incrementar los ingresos tributarios.
