Durante el gobierno de Víctor Manuel Castro Cosío creció 14.5% la percepción de inseguridad en Baja California Sur, así lo reveló la Encuesta Nacional de Seguridad Pública Urbana (ENSU) en su más reciente publicación en junio del 2026.
El estudio demográfico evidenció que en septiembre del 2021, a la salida de Carlos Mendoza Davis del Gobierno del Estado, la percepción de inseguridad en las dos ciudades de muestra del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI) se situó con un promedio de 24.75 por ciento (La Paz, 27.3; Los Cabos, 22.2).
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En cambio, en la última evaluación de la administración de Castro, los municipios de La Paz y Los Cabos superaron el 39 por ciento de percepción de inseguridad, alcanzando un 39.25 por ciento en el porcentaje de inseguridad que sienten los ciudadanos, y colocando a las ciudades de Baja California Sur en los lugares 14 y 15 del país, lo cual se debe al incremento de hechos violentos en las calles.
“Cabo San Lucas y La Paz se encuentran en la mira del crimen organizado, especialmente porque la inestabilidad de las facciones del Cártel de Sinaloa, esa guerra interna, se presentó inicialmente en San José del Cabo; pero esto ya contaminó la zona sur del estado, se ha ido expandiendo la inseguridad, aunque poco a poco, pero ya es un hecho que se ha extendido y provocado incidentes para prestar especial atención”, asumió la fuente de la Mesa Estatal de Seguridad.
El pasado 21 de agosto, a temprana hora, fue activado el código rojo en Cabo San Lucas, municipio de Los Cabos. Aproximadamente a las 08:20 de la mañana reportaron el hallazgo de un cuerpo sin vida junto al puente del centro comercial Walmart en la colonia El Tezal.
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Según la Procuraduría General de Justicia del Estado (PGJE), el “cuerpo no presenta signos de violencia aparentes”, sin embargo, inició una carpeta de investigación derivado de los hechos. Aunque hermética la información oficial y tratando de blindar los hechos de alto impacto, la fuente consultada aclaró.
“La Procuraduría no emite información de las muertes accidentales, y si se encuentra un cuerpo y se confirma que la causa de muerte fue por una causa patológica, lo dan a conocer de inmediato para ayudar en la percepción. Pero el declarar que no hubo rastros de violencia en el sitio y a la vez confirmar la apertura de una carpeta de investigación, es porque investigan un homicidio. Tratan de desvirtuar, en este caso una ejecución, y controlar el discurso en las redes sociales”, afirmó el agente de la Mesa de Seguridad.
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El masculino encontrado en El Tezal, fue hallado boca arriba y semidesnudo; sólo contaba con calcetines de color gris y un short negro a media pierna, semidescubierto, además de huellas de arrastre en la tierra y las rodadas de una camioneta a escasos centímetros del cuerpo.
Un segundo hallazgo en Cabo San Lucas se dio casi dos horas después del primero, en una brecha y la calle Aguajitos, cerca de una recicladora en la colonia Tierra y Libertad, donde fue encontrado un hombre con rastros visibles de tortura en el interior de un vehículo.
Recostado sobre el asiento del copiloto de un Chevrolet Beat modelo 2018, de color gris, fue encontrado una persona del sexo masculino en una posición comprometedora y con evidencia física de violencia, el cual vestía short gris y playera color café; estaba recostado de frente al asiento y las manos a la espalda con rastros posiblemente de asfixia mecánica por estrangulamiento.
Sin embargo, la Procuraduría General de Justicia reveló que “de manera preliminar no se observaron signos aparentes de violencia ni manchas de sangre en el lugar”.
Los datos sobre los actos de violencia y fotografías internas fueron filtradas por una de las páginas a las que el Gobernador del Estado ha vinculado con grupos de la delincuencia organizada; incluso fue compartida antes de que la misma PGJE “informara” mediante boletines oficiales.
BROTE VIOLENTO EN LA PAZ
El municipio de La Paz también está en la mira de grupos de la delincuencia organizada, ya que integrantes de la Mesa de Seguridad Estatal prevén un aumento en la violencia generada por la disputa del territorio para la venta y distribución de estupefacientes.
“La disputa que inició en Los Cabos, como estaba previsto, llegó a La Paz. Con la salida de Los Chapos en el sur, también empezó el despliegue para pelar zonas en la que este grupo tenía presencia, grupos locales que servían a ‘La Empresa’ de esa facción, entonces es un estira y afloja”, aseguró la fuente de seguridad.
Minutos antes de las ocho de la mañana del miércoles 26 de agosto, los números de emergencia indicaron el reporte de una persona sin vida al interior de un vehículo en la Playa El Comitán, muy cerca de una de las residencias del gobernador Víctor Castro Cosío.
Las fuerzas de seguridad confirmaron que se trató de un hombre sin vida, al interior de un vehículo Lincoln Navigator de color blanco; el sitio fue acordonado por elementos de la Policía Estatal y Municipal y con apoyo de paramédicos corroboraron que la víctima ya no contaba con signos vitales. La Procuraduría de Justicia afirmó que el fallecido está en calidad de desconocido.
“Se ordenó el levantamiento y traslado del cuerpo a las instalaciones del Servicio Médico Forense (Semefo) para la práctica de la necropsia de ley, procedimiento técnico-científico que determinará con precisión la causa jurídica de la muerte”; en este caso la PGJE no informó del hallazgo de rastros violentos.
Cerca de dos horas después, aproximadamente a las 09:37 horas, un nuevo cuerpo fue encontrado en avanzado estado de descomposición, cuando elementos de la Policía Municipal de La Paz acudieron a la calle Inmunología de la colonia Santa Gertrudis, donde atendieron el reporte de supuestos restos humanos, al llegar confirmaron el hallazgo.
Allí encontraron el cuerpo de un masculino con bóxer negro, short rojo a media pierna y calcetines grises, además de que presentaba rastros visibles de violencia; la Procuraduría simplemente avisó del hallazgo y que la persona se encontraba en calidad de desconocida y avanzado estado de descomposición, por lo que iniciaron las investigaciones.
CASTRO ACUMULA 9 FUNCIONARIOS EJECUTADOS
Entre los casos más recientes de funcionarios asesinados de manera violenta o de alto impacto, figuran dos hechos ocurridos en 2026: Bernardo Soriano Castro, exsubprocurador de Delitos de Alto Impacto de la PGJE, que trágicamente fue asesinado el 25 de febrero de 2026 en la ciudad de La Paz, y la sospechosa desaparición y hallazgo de los restos de Carlos Alberto Beltrán Olmeda, ex oficial mayor de Los Cabos, encontrado decapitado en una fosa clandestina el 13 de julio del 2026.
En el primer caso, Antonio López Rodríguez, procurador general de Justicia del Estado indicó que esperan pronto tener avances en las indagatorias que lleven con los responsables de este ataque a la institución.
“La carpeta de investigación la tiene la Subprocuraduría de Alto Impacto, SADAI, ellos están llevando a cabo la investigación de él, continúan con las investigaciones. Yo les he comentado que este evento desafortunado que ocurrió, es un asunto que se ha manejado de altísimo impacto, es un asunto complejo que están trabajando ellos, están realizando investigaciones incluso más allá de aquí del estado, de las personas que pudieron haber cometido este hecho; siguen trabajando, han estado recabando diversos datos de prueba que están en la carpeta de investigación, de diversa evidencia y esperamos que pronto tengan un resultado más más certero”, asumió López Rodríguez.
Explicó que la Procuraduría es la principal interesada en que este evento se resuelva, primero porque se trata del homicidio de un excompañero empeñado en la lucha contra el crimen organizado en Baja California Sur y que dejó fuertes aseguramientos y detenciones.
También, porque “es una afectación al interior de la institución”, ya que el golpe fue certero y dio bajón, no nada más en lo emocional “sino de la moral de la institución y por eso es un tema que estamos priorizando para atender”, explicó.
Por otro lado, desde principios del mes de junio se reportó la desaparición de Carlos Beltrán; de manera extraoficial, el 13 de julio, una página relacionada con el crimen organizado —según el gobernador— reveló la ubicación de dos fosas clandestinas, una de ellas en el Predio La Ballena de San José del Cabo, donde fue encontrado Beltrán, y fue hasta finales de agosto que se confirmó la identidad.
“Esa investigación ahorita la tiene la Fiscalía Especializada en Atención a Personas Desaparecidas. Del ex oficial mayor de Los Cabos, como ustedes recordarán, esa información llegó a los medios derivado de un video que subieron ahí en una página; es un video donde señalaban que la persona estaba supuestamente inhumada en algún lugar. Ese mismo día, que fue el 13 de julio, se inicia una investigación, se apertura una carpeta de desaparecidos. No había ficha de desaparecidos, eso para a efectos, si alguien en algún otro estado hubiera puesto una denuncia de desaparecido, porque aquí en el estado no lo teníamos a él como desaparecido, obviamente derivado de ese video fue que la Fiscalía apertura una carpeta, investiga, analiza el lugar, hace una búsqueda y ahí en el predio de La Ballena localizan dos fosas; no nada más una, dos fosas donde ahí se recuperan restos”, dijo Antonio López.
A raíz del video en el que se muestra a la sicaria —que identifican en la grabación— de nombre de María Elizabeth Osorio Esquivel, presunta pareja de uno de los brazos armados de Los Chapos que operaba en Los Cabos, la Procuraduría inició con las investigaciones sobre la veracidad del clip.
De entrada, realizaron la búsqueda en la que hallaron al ex oficial mayor sin vida en una narcofosa; ahora toca —dijo— identificar a los responsables de haber privado de la vida al exfuncionario.
“Nos abre muchas líneas de investigación y sobre esas líneas de investigación estamos, independientemente de eso, ya estaban trabajando la Fiscalía sobre sobre el video, sobre quién lo subió, sobre las personas que están ahí. La mujer del video está identificada, pero apenas alcanzamos a identificar que se trate de él, entonces hay que recabar la información. Recuerden que cuando suben un video hay que verificar la veracidad, primero, de la información; siempre es importante saber cuál es la intención de la persona que subió esa videograbación y por qué lo hacen en redes públicas, y no lo hacen llevando la información a la autoridad como correspondía de cualquier persona”, asumió Antonio López Rodríguez.
Según el procurador general, también hay “política criminal”; aseguró que están investigando el interés de un grupo en particular por difundir dicho video. “Hay que ver también, nosotros analizamos independientemente del hecho, del interés que se tiene de subirla y la razón por la que se hace”, dijo.
En la administración de Víctor Manuel Castro Cosío, desde el 10 de septiembre del 2021 a la fecha actual han asesinado a por lo menos nueve funcionarios, algunos de ellos en el cumplimiento del deber, pero todos en ataques dirigidos en su contra:
* Policías Estatales muertos: El 21 de septiembre de 2024, Yair Radilla Flores y su compañero, el policía tercero José Gabriel Morales Meza, desaparecieron en Ciudad Constitución, municipio de Comondú; cuatro días después fue localizada la camioneta Honda Ridgeline blanca en la que viajaban, enterrada en el kilómetro 177 del tramo La Paz a Ciudad Constitución; y el 2 de octubre de ese año, sus cuerpos desnudos enterrados en una narcofosa en el kilómetro 6.5 de la carretera Ciudad Insurgentes – La Purísima.
* Comandante Cota: Ulises Omar Cota Montaño, comandante de la Agencia Estatal de Investigación Criminal (AEI) de la PGJE, ultimado a balazos el 22 de abril del 2025 cuando llegaba a su casa en el Fraccionamiento Camino Real, en el municipio de La Paz.
* También de la Procuraduría: El 21 de junio fue atacado a balazos mientras comía en un restaurante de La Paz, Mario Quezada, comandante de la Subprocuraduría de Atención a Delitos de Alto Impacto; junto a su compañero se enfrentaron a sicarios, abatiendo a uno de ellos en el lugar.
* Funcionario intachable de la PGJE: Nabor Sánchez Camacho con más de 30 años de servicio, fue ejecutado en el interior de las oficinas del Ministerio Público en la comunidad de Bahía Tortugas, en el municipio de Mulegé, el 30 de agosto del 2025.
* Director Administrativo de Seguridad Pública de Los Cabos: Ángeles Ojeda de Jesús fue baleado cuando llegaba a su casa el domingo 7 de septiembre del 2025 en San José del Cabo, muriendo en el interior de su camioneta.
* Subprocurador de Delitos de Alto Impacto: Bernardo Soriano Castro fue ejecutado a las siete de la mañana del 25 de febrero del 2026. Justo cuando se dirigía a dejar a su hija a la escuela, fue interceptado por al menos dos vehículos con personas armadas y dispararon en su contra en el municipio de La Paz; al menos cinco ráfagas de rifles de alto poder le arrebataron la vida.
* Policía Municipal de Los Cabos: La agente Citlali López Rendón, de 24 años, regresaba a la base policial cuando fue interceptada por su superior Edilberto Miramontes Gámez, director general de Seguridad Pública, quien accionó un arma de fuego, al parecer por accidente, en contra de su compañera, privándola de la vida en el interior de la patrulla.
* El caso reciente: Carlos Beltrán Olmeda, ex oficial mayor de Los Cabos y operador político y financiero de la campaña 2021 de Víctor Castro Cosio. Fuentes extraoficiales reportaron su desaparición a principios de junio del 2026; su cuerpo fue encontrado en una narcofosa el 13 de julio e identificado a finales de agosto. Se convirtió en el noveno funcionario relacionado al gobierno de Castro asesinado.
