La administración de David Monreal Ávila en el estado de Zacatecas, iniciada en septiembre de 2021, se ha caracterizado por una espiral de violencia que las instituciones de seguridad no han logrado contener. Durante este periodo, la entidad se ha consolidado como un corredor estratégico para el tráfico de narcóticos hacia la frontera norte, disputado ferozmente por la facción de Los Mayos del Cártel de Sinaloa (CDS) y el Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG), mutando hacia la extorsión sistemática a los sectores productivos y la colusión de servidores públicos.
La gestión de Monreal Ávila, quien llegó al cargo luego de tres procesos electorales y con antecedentes como alcalde de Fresnillo y senador, enfrenta el cuestionamiento sobre la eficacia de su estrategia ante crímenes que alcanzan a la élite económica y política, marcada por una incapacidad estructural para garantizar el orden público, heredando y profundizando una crisis donde los homicidios y las exhibiciones de cadáveres son la constante. El fenómeno delictivo pasó de los enfrentamientos aislados entre células a lo que algunos analistas denominan terrorismo financiero, mediante el cual el crimen organizado ejerce presión sobre las empresas a través del cobro de derecho de piso.
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El hallazgo de diez cuerpos en julio de 2026 en los municipios de Pánuco, Morelos y Sain Alto es el evento más reciente que expone la vulnerabilidad de la seguridad pública estatal, a pesar de los despliegues intermitentes de fuerzas federales y la creación de la Mesa Estatal de Construcción de Paz. Este multihomicidio, perpetrado con la firma característica de la asfixia por estrangulamiento, alcanzó a exalcaldes y funcionarios en activo, evidenciando que nadie está a salvo en el territorio zacatecano, desmontando la narrativa de pacificación oficial.
La respuesta del Estado ha sido reactiva, limitándose al despliegue de Fuerzas Especiales del Ejército y la Guardia Nacional tras la consumación de las atrocidades. Al mismo tiempo, el gobierno federal y estatal enfrentan desafíos de comunicación política por la difusión de mensajes atribuidos al Cártel de Sinaloa, donde se alegan pactos incumplidos por parte de la administración de Monreal, señalamientos que el gabinete de seguridad tilda de montajes desestabilizadores.
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La paradoja de Zacatecas radica en sus indicadores estadísticos, pues mientras la Encuesta Nacional de Seguridad Pública Urbana (ENSU) de julio de 2026 sugiere una mejoría en la percepción ciudadana en Fresnillo, la realidad en las carreteras federales 45 y 54, así como en municipios no monitoreados, como Pánuco y Sombrerete, refleja un control territorial absoluto de los cárteles. El fracaso de la seguridad es también un fracaso de gobernabilidad, con una fiscalía que ahora investiga la colusión de servidores públicos locales en redes criminales, mientras la alerta de Nivel 4 del Gobierno de Estados Unidos advierte a sus nacionales sobre el tránsito terrestre en el estado por el riesgo de secuestro.
La cronología de sangre de la administración monrealista, que comenzó con cuerpos colgados en 2021 y continuó con masacres en el centro histórico frente al Palacio de Gobierno en enero de 2022, y sigue con otros eventos criminales, define un sexenio donde la simulación estadística choca frontalmente con la brutalidad de los hechos.
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EMPRESARIOS EN LA MIRA
La masacre registrada el 18 de julio de 2026 representa un ataque directo contra la estructura económica de Zacatecas, enfocándose en actores sociales y políticos vinculados principalmente al municipio de Fresnillo, de donde es originaria la familia Monreal. La desaparición de las diez víctimas ocurrió entre los días 16 y 17 de julio, tras recibir llamadas para asistir a supuestas reuniones de carácter privado. El hallazgo de los cuerpos se distribuyó en tres escenarios que evidencian la logística del crimen organizado: cinco víctimas fueron encontradas colgadas de un puente vehicular en la autopista Zacatecas–Saltillo, en la comunidad de Pozo de Gamboa, municipio de Pánuco. Cuatro cuerpos más fueron abandonados en la vía pública en el municipio de Morelos y el décimo fue localizado en un tramo carretero de Saín Alto.
Entre los asesinados se identificó a Ignacio Castrejón Valdez, empresario de la construcción, director ejecutivo de la empresa CAVI y exalcalde de Sombrerete (2016-2018), quien habría sido secuestrado el día anterior a su localización. También figuraron Fidel Alvarado de la Torre, secretario de Desarrollo Social del Ayuntamiento de Fresnillo, y Jesús Gerardo Muñetón Hernández, integrante del Cuerpo de Bomberos y Protección Civil del mismo municipio. La lista de víctimas incluyó a Andrés Vázquez Gurrola, exregidor y exdirector de Seguridad Pública en Canatlán, Durango, y a José Ángel Valdez Rivera, líder ganadero de Jiménez del Teúl de González Ortega.
Los dictámenes forenses revelaron que ocho de las víctimas murieron por asfixia por estrangulamiento, técnica que el Cártel de Sinaloa ha utilizado históricamente en la entidad para marcar sus ejecuciones. Dos víctimas adicionales murieron por impactos de proyectil de arma de fuego. Un dato que generó controversia fueron los estudios toxicológicos que dieron positivo a narcóticos en cinco de los cuerpos, incluidos los de los funcionarios de Fresnillo, información que el fiscal Cristian Paul Camacho hizo pública durante las investigaciones. El móvil del crimen se centra en dos vertientes: una red de extorsión masiva bajo el esquema de cobro de piso y la colusión de servidores públicos locales. Rodrigo Reyes Mugüerza, secretario general de Gobierno, confirmó que cinco de las víctimas eran empresarios formales de los sectores de construcción, minería y ganadería.
Este evento obligó a las cámaras empresariales a suspender los traslados logísticos nocturnos y a exigir el blindaje de las carreteras fronterizas con Durango y Coahuila. La masacre no sólo eliminó a figuras de peso en la región, sino que expuso la vulnerabilidad de la clase empresarial ante lo que se denomina terrorismo financiero, donde el control del cártel asfixia la actividad económica lícita. El gobernador David Monreal Ávila calificó los hechos como una barbarie, aunque fue criticado por señalar que la falta de denuncias previas por las desapariciones impidió una respuesta policial efectiva. La Fiscalía ha iniciado auditorías financieras y el congelamiento de cuentas bancarias en Fresnillo, identificado como el epicentro de la red de extorsión que derivó en estas ejecuciones.
LA FIRMA DEL CDS
Las investigaciones y los mensajes directos de los grupos delictivos señalan a la facción de Ismael Zambada Sicairos, alias el Mayito Flaco, como la responsable del multihomicidio de julio de 2026. Esta célula, identificada como CDS-MF o Cártel de Sinaloa facción Mayo Flaco, mantiene una hegemonía en el norte y centro del estado, donde disputa el territorio contra el Cártel Jalisco Nueva Generación. El 20 de julio de 2026, circuló un videomensaje donde una veintena de hombres armados y encapuchados se adjudicó la ejecución de las diez personas, afirmando que se trató de un “encargo” contra quienes no respetan acuerdos.
En el video, la organización criminal acusó directamente al gobernador David Monreal de romper pactos previos y amenazó a su familia, alegando que “la traición en la política cuesta la vida”. Aunque el Gabinete de Seguridad federal y el gobierno estatal calificaron el material como un montaje con voces sobrepuestas para generar inestabilidad política, las detenciones realizadas en la llamada “Operación Rastrillo” confirman la operatividad del Cártel de Sinaloa en la zona del crimen.
El 21 de julio, fuerzas estatales y federales detuvieron en una brecha de Fresnillo a Leonel N., de 23 años, originario de Mazatlán; a Oswaldo N., de 22 años, de Durango; y a una menor de 16 años oriunda de Jerez. Estos individuos, identificados como generadores de violencia, tenían en su poder 113 envoltorios de metanfetamina, seis cargadores para fusiles .223, chalecos balísticos y 40 estrellas metálicas ponchallantas. Días después, se reportaron las capturas de América Yael N. y Carlos Daniel N., quienes manifestaron pertenecer activamente a la misma organización que se atribuyó la masacre. La vinculación procesal de los imputados incluye cargos por homicidio calificado, privación ilegal de la libertad, asociación delictuosa y portación de armas de uso exclusivo del Ejército.
El control territorial del Cártel de Sinaloa en municipios como Fresnillo, Sombrerete y Pánuco le ha permitido establecer una red de vigilancia y cobro de piso que opera con impunidad en las zonas rurales. Tras la masacre, el Gobierno Federal ordenó el arribo de 100 elementos de las Fuerzas Especiales de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) para realizar capturas de objetivos prioritarios del CDS-MF, sumándose a los más de 500 efectivos de la Guardia Nacional desplegados en las carreteras federales 45 y 49. El desafío del grupo criminal incluye un reto directo al general Porfirio Fuentes Vélez, asegurando que no se sienten intimidados por el despliegue militar.
La Fiscalía General de Justicia de Zacatecas analiza evidencias balísticas y videograbaciones para conectar a los detenidos con la logística del abandono de cuerpos en el puente de Pánuco y las calles de Morelos.
GOBIERNO INCAPAZ
La gestión de David Monreal Ávila inició bajo el estigma de la violencia extrema y se ha mantenido en esa ruta durante todo el sexenio. El 6 de enero de 2022, apenas cuatro meses después de tomar posesión, diez cadáveres (ocho hombres y dos mujeres) fueron abandonados dentro de una camioneta Mazda frente al Palacio de Gobierno, debajo del árbol de Navidad de la Plaza de Armas. Este acto fue interpretado como un reto directo a la residencia del poder estatal. El gobernador respondió entonces que se trataba de una herencia de administraciones pasadas y pidió “encomendarse a Dios”, mientras anunciaba detenciones de las que nunca se ofrecieron detalles claros.
La cronología de atrocidades en Zacatecas ha sido constante desde que asumió la gubernatura Monreal Ávila. En noviembre de 2021, la entidad registró una serie de ejecuciones con el sello de los “colgados”: diez personas fueron localizadas en Ciudad Cuauhtémoc, nueve de ellas pendiendo de un puente vehicular; días antes, tres cuerpos más aparecieron en árboles de Loreto. En total, durante 2021, Zacatecas registró mil 652 homicidios, y al menos 42 de las víctimas fueron exhibidas colgadas en puentes o árboles, una firma del Cártel de Sinaloa en su lucha contra el CJNG. La incapacidad gubernamental se manifestó también el 27 de septiembre de 2023, cuando seis de siete jóvenes de entre 14 y 18 años, secuestrados en Malpaso, Villanueva, fueron hallados muertos en la comunidad de La Soledad tras días de búsqueda aérea.
Durante 2026, la violencia no ha dado tregua: el 11 de febrero, dos empresarios de San Luis Potosí fueron hallados sin vida en Pinos; el 10 de abril, enfrentamientos armados paralizaron García de la Cadena, dejando un muerto y patrullas baleadas; y el 18 de mayo, se desactivaron explosivos artesanales en la Carretera Federal 54, colocados para atacar convoyes de seguridad. El secuestro del exdirector de la Policía de Investigación, Gustavo Domínguez, en mayo de 2026, y el asesinato en Guadalajara del exalcalde de Fresnillo, Benjamín Medrano Quezada, el 7 de julio de 2026, confirman que los actores políticos y ex servidores públicos están bajo asedio permanente. Medrano Quezada, quien gobernó Fresnillo entre 2013 y 2015, fue ultimado de un disparo en el rostro mientras se encontraba en un establecimiento de nieves, a pesar de tener una orden de aprehensión vigente en Zacatecas.
La administración de Monreal ha visto pasar a varios secretarios de seguridad, como Arturo López Bazán y el general Adolfo Marín Marín, sin que la estrategia de pacificación logre resultados tangibles en la reducción de masacres. La situación ha provocado desplazamientos forzados en Valparaíso y Jerez, convirtiendo comunidades enteras en pueblos fantasma debido al miedo y la falta de autoridad capaz de responder a los embates del crimen.
PERCEPCIÓN
Los datos de la Encuesta Nacional de Seguridad Pública Urbana (ENSU), publicados el 24 de julio de 2026, revelan una paradoja estadística que el gobierno estatal utiliza como bandera de éxito. Según el Instituto Nacional de Estadística, Geografía e Información (INEGI), el municipio de Fresnillo registró una reducción en la percepción de inseguridad, pasando del 86.7 por ciento en junio de 2025 al 73 por ciento en junio de 2026. Esta cifra permitió que Fresnillo saliera de los primeros cinco lugares nacionales de temor ciudadano por primera vez en años, situándose en la posición 21.
Sin embargo, este descenso es calificado como un espejismo por la sociedad civil, dado que siete de cada diez habitantes de Fresnillo todavía manifiestan sentirse inseguros, una cifra que sigue superando la media nacional del 59.8 por ciento. Además, el propio reporte del INEGI señala que Fresnillo tuvo el mayor incremento del país en conflictos y enfrentamientos directos entre la población, saltando del 10.5 por ciento al 27.4 por ciento, lo que sugiere una descomposición del tejido social. La percepción de mejora se limita a las urbes monitoreadas, ya que municipios que han sido epicentros de la violencia reciente, como Sombrerete, Pánuco, Jerez o Sain Alto, no son medidos de forma individual por la ENSU debido a que sus densidades demográficas no cumplen con los criterios de urbes principales.
Por otro lado, la zona conurbada de Zacatecas capital y Guadalupe registró un incremento en el temor ciudadano, alcanzando el 75.9 por ciento y situándose en el lugar 16 del ranking nacional de ciudades con mayor miedo del país. El contraste entre las encuestas y la realidad es absoluto, ya que la medición del INEGI se realizó en junio de 2026, apenas semanas antes de la masacre de los diez empresarios y funcionarios de julio, evento que desmanteló cualquier sensación de seguridad en la región. Las cámaras empresariales han desmentido la mejora estadística con acciones concretas, como la suspensión de traslados logísticos y la exigencia de blindaje carretero ante la persistencia de los robos y secuestros en las rutas federales que conectan con Durango y Coahuila.
La fiscalía estatal también ha tenido que intervenir el Ayuntamiento de Fresnillo para investigar la colusión oficial en redes de extorsión, confirmando que el peligro no ha desaparecido, sino que se ha institucionalizado. Zacatecas permanece en la lista roja del gobierno estadounidense con un Nivel 4 de restricción total de viaje, una calificación que sólo comparte con estados de guerra abierta como Tamaulipas y Sinaloa, invalidando cualquier discurso de normalidad basado únicamente en la percepción encuestada.
