JUEZA VINCULA A HERNÁNDEZ HINOJOSA POR DELINCUENCIA ORGANIZADA Y CONTRABANDO EN RED DE HUACHICOL FISCAL. APODERADA LEGAL DE INGEMAR QUEDA EN PRISIÓN PREVENTIVA
El proceso penal por la red de contrabando de combustible denominada huachicol fiscal sumó una nueva determinación judicial con el auto de vinculación a proceso dictado en contra de Guadalupe Hernández Hinojosa.
La Jueza de Distrito Especializada en el Sistema Penal Acusatorio del Centro de Justicia Federal en Almoloya de Juárez, en funciones de Jueza de Control, resolvió la situación jurídica de la imputada por su probable responsabilidad en los delitos de delincuencia organizada, contrabando y violaciones a la Ley de Hidrocarburos.
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Hernández Hinojosa, identificada como apoderada legal de la empresa Ingemar, S.A. de C.V., es señalada por la Fiscalía General de la República como una pieza administrativa central en el esquema de importación ilícita de petrolíferos que vincula al exgobernador de Baja California, Ernesto Guillermo Ruffo Appel.
La detención de la mujer fue ejecutada el 8 de agosto de 2026 por elementos de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana Federal y de la Agencia de Investigación Criminal en la colonia Chapultepec Morales, alcaldía Miguel Hidalgo, en la Ciudad de México.
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Tras su captura, la defensa de Hernández solicitó la duplicidad del término constitucional, periodo tras el cual la jueza impuso la medida cautelar de prisión preventiva, determinando su internamiento en el Centro Penitenciario y de Reinserción Social Nezahualcóyotl Sur, en el Estado de México.
La investigación ministerial establece que Hernández Hinojosa intervenía directamente en operaciones de comercio exterior y actos jurídicos relacionados con la distribución de petrolíferos.
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Los datos de prueba recabados indican que realizaba gestiones ante autoridades aduaneras para el ingreso de mercancías con inconsistencias documentales y fungía como firmante autorizada en las cuentas bancarias de la compañía Ingemar, lo que le permitía participar en la administración financiera de la red.
Este caso se inserta en la indagatoria por el uso de ferrotanques para transportar hidrocarburos declarando volúmenes menores a los reales o registrando los cargamentos como otros productos para evadir impuestos federales.
El origen de la pesquisa se remonta a julio de 2025, cuando se localizaron 33 ferrotanques abandonados con petrolíferos en Ramos Arizpe, Coahuila.
Hasta la fecha, suman nueve personas detenidas, de las cuales ocho han sido vinculadas a proceso, incluyendo a los socios de la empresa Ricardo Thompson Navarro y el propio Ernesto Ruffo Appel.
