El magisterio sudcaliforniano ha decidido mantener el paro nacional en los cinco municipios, al considerar que no hay una respuesta satisfactoria a las demandas que han hecho desde el 1 de junio, día en que comenzaron las manifestaciones.
Tras el llamado del gobernador del estado, Víctor Castro Cosío, para que regresaran a las aulas para cerrar el ciclo escolar 2025-2026, las y los docentes de Baja California Sur intensificaron las protestas.
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Procedieron a llevar a cabo un cierre parcial de carreteras, para presionar a las autoridades locales para que, por lo menos, den una respuesta satisfactoria a las peticiones de carácter estatal que sí se pueden atender en mesas de diálogo.
Durante dos horas bloquearon las vías de comunicación federales en los municipios de La Paz, Comondú, Loreto y Mulegé, abriendo el tránsito cada 45 minutos. Posteriormente se trasladaron a las oficinas de la Secretaría de Finanzas y Administración y de la Secretaría de Educación Pública (SEP).
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Durante la última semana han permanecido en plantones de 24 horas en las instalaciones de las instituciones estatales, mientras que el secretario general de la Sección 3 del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación (SNTE), Elmuth Castillo Sandoval, espera reuniones para avanzar con las negociaciones.
Elmuth Castillo anunció que sostendrá un encuentro con el director nacional del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE), Martí Batres, en Ciudad de México.
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La petición es clara: necesitan una mejora inmediata en la calidad de la atención médica que reciben en las comunidades más alejadas de La Paz.
“Un problema que tiene muchos años, que tiene que ver con la falta de médicos en las comunidades más lejanas, un intercambio de salud que no se venía dando como decía en los convenios que tenía que darse”, expuso.
“Lo que ocurre en Baja California Sur es diferente a cualquier otra entidad, la demanda de ISSSTE es una demanda que beneficia a una cuarta parte de la población de Baja California Sur”, agregó.
Además de la problemática con esta institución, también piden la abrogación de la Ley del ISSSTE de 2007, así como la eliminación de la figura del “doble patrón”, que los obliga a realizar una declaración fiscal cada año ante el Servicio de Administración Tributaria (SAT).
