Prestadores de servicios náuticos, así como pescadores y la población en general de la comunidad de Los Barriles, se enfrenta al abandono institucional ante el cierre de las oficinas de Capitanía de Puerto, situación que los ha colocado contra las cuerdas al no tener las facilidades para llevar a cabo los trámites necesarios para regularizar sus embarcaciones.
A través de una denuncia ciudadana se exhibió esta problemática, que obliga a las personas a viajar poco más de 110 kilómetros hacia la ciudad de La Paz para poder mantener en regla sus unidades marítimas.
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Exponen que las oficinas de Capitanía de Puerto simplemente dejaron de estar abiertas al público, con un cierre que se fue dando de manera parcial desde que inició la administración del expresidente, Andrés Manuel López Obrador.
Una de las afectadas, cuya identidad quedará en el anonimato por miedo a represalias, comentó que la instancia operaba de forma constante, luego abría únicamente los miércoles y ahora no tienen ni esa opción
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En su caso, a pesar de que hacer un esfuerzo económico adicional de trasladarse hasta La Paz, se topó con más burocracia ya que en las instalaciones de La Paz le exigieron llevar su embarcación para proceder con la regularización.
“Imagínate traer una lancha desde Los Barriles hasta La Paz nomás para refrendar una matrícula, nos estamos muriendo de coraje”, expresó.
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Para una comunidad como Los Barriles, donde dependen de la pesca en diferentes modalidades, de los servicios turísticos náuticos y de la navegación en general, el no contar con la institución correspondiente para estar en regla es prácticamente un suicidio económico.
Denuncian que hay gestores que se han aprovechado de la problemática y ofrecen visitas de inspectores de Capitanía de Puerto, pero con un costo adicional de 6 mil pesos aproximadamente.
“Nos están obligando prácticamente a pagar extra por un trabajo que es un requerimiento y que deberían brindar las autoridades”, comentó la ciudadana.
En caso de no estar en regla con la documentación necesaria, son multados y acosados por inspectores marítimos, según menciona la población; sin embargo, las autoridades siguen sin garantizar al derecho del servicio público accesible.
Para los habitantes, esta situación representa una carga económica adicional, ya que además de cubrir los derechos correspondientes a trámites como refrendos de matrícula o permisos para embarcaciones menores, deben asumir gastos extraordinarios para obtener la atención que requieren.
“Pagas como 3 mil y feria por los trámites y todavía tienes que desembolsar otros seis mil para que hagan una inspección. No se vale. Si andas sin permiso y no traes matrícula te quieren multar, para eso sí aparecen. Es un sector que vive de la pesca deportiva y están atando de manos a los pescadores”, acusó la ciudadana.
ZETA solicitó una réplica a través del correo electrónico oficial de la institución ante las acusaciones de las y los habitantes de Los Barriles, sin embargo, hasta el momento de este cierre de edición no hubo respuesta por parte de Capitanía de Puerto.
