Un juez federal vinculó a proceso a Jesús Corona Damián, presidente municipal de Cuautla, Morelos, por su presunta participación en delitos de delincuencia organizada con la finalidad de cometer delitos contra la salud, según informó la Fiscalía General de la República (FGR) en un comunicado emitido el 6 de junio de 2026. El juzgador ratificó además la medida cautelar de prisión preventiva oficiosa y estableció un periodo de cuatro meses de investigación complementaria que el procesado cumplirá en el Centro Federal de Readaptación Social Número 11, ubicado en Hermosillo, Sonora.
Las investigaciones ministeriales ubican a Corona Damián como una pieza clave dentro de una red de corrupción institucional orientada a proteger al grupo delictivo encabezado por Júpiter Araujo Bernard, alias “El Barbas”, señalado como jefe de plaza de la estructura del cártel de Sinaloa en la región oriente de Morelos. La vinculación del alcalde con ese líder delincuencial cobró relevancia pública tras la difusión de registros gráficos que lo situaban en reuniones directas con el citado operador criminal, antecedente que motivó la apertura de una carpeta de investigación en la FGR desde febrero de 2025.
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La detención de Corona Damián se concretó el 30 de mayo de 2026 en la colonia Costa Azul, en el municipio de Acapulco de Juárez, Guerrero, luego de que el alcalde permaneciera prófugo tras evadir una primera incursión de corporaciones federales en territorio morelense. Al momento de su aprehensión, le fue confiscada un arma de fuego corta. En la operación participaron elementos de la FGR y de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), con información del Centro Nacional de Inteligencia (CNI).
Omar Hamid García Harfuch, titular de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) Federal, confirmó la captura a través de redes sociales y precisó que la detención se ejecutó en el marco del Operativo Enjambre y la Estrategia Nacional contra la Extorsión, instrumento coordinado por instrucción de la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo. “El Gobierno de México mantiene una política de cero impunidad frente a cualquier vínculo entre autoridades y grupos criminales”, declaró García Harfuch. Con ese arresto, el número de servidores y exservidores públicos aprehendidos en el país en el marco de esas investigaciones superó los 85, incluyendo a siete presidentes municipales en funciones.
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El Ministerio Público Federal, adscrito a la Fiscalía Especializada en materia de Delincuencia Organizada (FEMDO), aportó los elementos probatorios necesarios ante el órgano jurisdiccional para acreditar la probable participación del edil en el entramado criminal. El juez de control Edgar Alejandro Domínguez Villapudua, del Centro de Justicia Penal Federal en Hermosillo, había impuesto previamente la prisión preventiva de oficio el 2 de junio de 2026, tras resolver la duplicidad del término constitucional solicitada por la defensa, que amplió de 72 a 144 horas el plazo para definir la situación jurídica del alcalde.
El caso de Corona Damián se inscribe en un despliegue de fiscalización más amplio que ha derivado en procesos penales contra otros funcionarios públicos de Morelos. Entre los ya vinculados a proceso figuran Agustín Toledano Amaro, alcalde de Atlatlahucan; Irving Sánchez Zavala, exalcalde de Yecapixtla; Horacio Zavaleta Malacara, secretario del Ayuntamiento de Cuautla; Jonathan Espinoza Salinas, tesorero del mismo municipio, y Pablo Portillo Galicia, oficial mayor. También fue detenida Arisbel Rubí Vázquez Amaro, alias “La Jefa”, excandidata de Morena a la alcaldía de Atlatlahucan.
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La trayectoria política de Corona Damián en la administración pública de Cuautla se remonta al periodo 2009-2012, cuando se desempeñó como regidor de Seguridad Pública y Tránsito, para posteriormente asumir la dirección de Servicios Públicos. Alcanzó la presidencia municipal por primera vez en los comicios de 2018, respaldado por una alianza de partidos de izquierda, y volvió a ocupar el cargo en la gestión actual bajo el respaldo de una coalición de oposición. Durante el periodo en que permaneció prófugo, el municipio operó de manera provisional bajo la coordinación de la síndica Nancy Echeverría Guerrero y el secretario municipal Rafael Moreno Huertado. La legislación de Morelos faculta a las síndicas para asumir la titularidad de los ayuntamientos por un periodo de hasta 15 días; de prolongarse la situación jurídica de los detenidos, el Congreso local deberá recibir una terna enviada por la gobernadora Margarita González Saravia para designar sustitutos definitivos.
