En los pasillos del poder en Sonora y Tamaulipas, el discurso oficial se aferra a la negación, pero en los escritorios del Departamento de Estado en la Unión Americana la realidad es tajante y no admite matices diplomáticos. A pesar de que las oficinas de Comunicación Social y los gobernadores Francisco Alfonso Durazo Montaño y Américo Villarreal Anaya han calificado como falsas las versiones sobre la pérdida de sus privilegios migratorios, una fuente de alto nivel del Departamento de Estado de los Estados Unidos (DOS) confirmó a ZETA que ambos mandatarios morenistas han sido despojados de sus visas estadounidenses.
Esta medida, que el gobierno estadounidense suele manejar bajo un estricto hermetismo, ha dejado de ser un rumor de pasillo para convertirse en una sanción administrativa con profundas implicaciones políticas y judiciales, vinculada a investigaciones federales que rozan los expedientes del crimen organizado y la corrupción transnacional. Con esta acción confirmada a este Semanario ya suman cuatro mandatarios en esta situación, contando los casos de la gobernadora de Baja California, Marina del Pilar Ávila Olmeda, hace poco más de un año, y de Sinaloa, Rubén Rocha Moya, también en 2025, aunque apenas trascendiera con el remolino generado tras ser acusado en el vecino país del Norte de nexos con el Cártel de Sinaloa.
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Esta ofensiva, que ha causado una conmoción en la élite política de México, no se limita a operadores directos del narcotráfico, sino que se ha extendido de manera generalizada hacia políticos en funciones, algo que tradicionalmente se consideraba una zona sensible en la diplomacia bilateral. Lo que confirma los reportes de la agencia Reuters y fuentes diplomáticas, del 14 de octubre de 2025, cuando revelaron que al menos 50 políticos y funcionarios mexicanos, la mayoría ligados al oficialismo, han perdido el privilegio de ingresar a territorio estadounidense en el último año, marcando una ampliación significativa de la acción antinarcóticos de la Unión Americana.
La política exterior de la administración encabezada por Donald Trump ha dado un giro punitivo que sacude a la clase política mexicana, especialmente en las filas del partido Movimiento de Regeneración Nacional (Morena). Gobernadores, ex mandatarios estatales, presidentes municipales y exalcaldes, diputados, líderes de partido, otros funcionarios y ex servidores públicos, así como familiares de los mismos se encuentran en la mira del gobierno norteamericano. Por lo pronto ya son varios de ellos los que ingresan a la lista negra de los “desvisados”.
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DURAZO Y AMÉRICO
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Lo que inicialmente fue informado el 3 de junio de 2026 a través del diario Los Ángeles Times, en el sentido de que al gobernador de Sonora, Francisco Alfonso Durazo Montaño, y al gobernador de Tamaulipas, Américo Villarreal Anaya, ambos militantes de Morena, les fueron revocadas sus visas por autoridades estadounidenses, y luego fue negado públicamente por ambos mandatarios, fue confirmado al Semanario ZETA por fuentes del Departamento de Estado de Estados Unidos (DOS, por sus siglas en inglés). La nota del medio angelino le atribuye al primero nexos con el crimen organizado, y al tamaulipeco relación con el huachicoleo.
En el caso de Alfonso Durazo, de 71 años de edad, quien gobierna Sonora desde el 13 de septiembre de 2021, después de haber ocupado el cargo de secretario de Seguridad y Protección Ciudadana en la administración del expresidente Andrés Manuel López Obrador, cuando fue artífice en la liberación del narcotraficante Ovidio Guzmán López, en el denominado “Culiacanazo” o “Jueves negro” el 17 de octubre de 2019, el reporte señala que la revocación de su visa ocurrió desde 2025 sin precisarse la fecha, derivado de una investigación presuntamente relacionada con el crimen organizado y que data desde años atrás.
A pesar de la sanción, el gobernador sonorense ha podido ingresar a Estados Unidos bajo un Programa de Libertad Condicional por Beneficio Público Significativo (conocido como Significant Public Benefit Parole), un mecanismo excepcional reservado para personas no ciudadanas que cooperan con las autoridades en procesos judiciales o investigaciones en curso, lo que le permite recibir tratamiento médico especializado en territorio estadounidense. En Sonora operan diversos grupos criminales, entre ellos las facciones del Cártel de Sinaloa, el Cártel de Caborca, células de los Beltrán Leyva, Cártel Jalisco Nueva Generación y Cártel Independiente de Sonora (o Gente Nueva).
Por su parte, la situación de Américo Villarreal, de 68 años, quien es gobernador de Tamaulipas desde el 1 de octubre de 2022, estaría vinculada a indagatorias iniciadas en 2023 sobre el presunto contrabando y tráfico ilícito de hidrocarburos, conocido como huachicol fiscal, motivo por el cual también contaría con el mismo permiso especial de ingreso bajo custodia o escolta de funcionarios estadounidenses. En su territorio y durante su mandato, ha trascendido el arribo de buques con huachicol fiscal a los puertos de Tampico y Altamira, en el mayor escándalo de corrupción de los últimos años, que involucra a altos mandos de la Secretaría de Marina y de la Agencia Nacional de Aduanas de México, y que fue revelado en México en septiembre de 2025.
Aunque ambos mandatarios han negado categóricamente estas afirmaciones, calificándolas de “infamias” o “notas sin fuentes”, las autoridades en los Estados Unidos sostienen que las revocaciones constan formalmente en el sistema federal estadounidense. La discrepancia pública surge porque, según precisaron fuentes del DOS, tanto Durazo como Villarreal conservan físicamente sus plásticos migratorios debido a que no han intentado cruzar por los puertos de entrada ordinarios, donde las autoridades de la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP) procederían al retiro físico del documento.
EL CASO DE MARINA
El 10 de mayo de 2025, el Día de las Madres en el calendario mexicano, se convirtió en la fecha que marcó el inicio del declive político de la administración de Marina del Pilar Ávila Olmeda en Baja California. Lo que comenzó como un mensaje de lealtad conyugal en redes sociales terminó por revelar una fractura profunda en la relación de la pareja gobernante con el Gobierno de los Estados Unidos. A través de su cuenta de Facebook, la mandataria estatal confesó haber recibido una notificación consular similar a la que días antes había despojado de su visa a su entonces esposo, Carlos Alberto Torres Torres.
Este hecho convirtió a Ávila Olmeda en la primera gobernadora emanada de Morena en perder su privilegio migratorio mientras se encontraba en funciones, un estigma que provocó un colapso político y una marginación de la que su gobierno no ha logrado recuperarse. La narrativa oficial intentó presentarlo como un trámite administrativo común dentro de las disposiciones internas del gobierno estadounidense, pero el trasfondo de las investigaciones sugería un escenario mucho más complejo vinculado a la seguridad nacional del país vecino.
El aseguramiento de aproximadamente ocho millones de diésel que ingresaron de manera irregular al país por el puerto de Ensenada en marzo del año pasado, y la localización de infinidad de contenedores y autotanques en un predio de El Sauzal de Rodríguez, propiedad del ex senador morenista, Gerardo Novelo Osuna, encendieron las alertas en la Unión Americana. Fuentes estadounidenses revelaron a ZETA sobre las actividades de Carlos Torres, expanista, hoy morenista, señalando presuntos vínculos con tramas de huachicol fiscal, una modalidad de contrabando y fraude en el sector de los hidrocarburos. Torres se apresuró a declarar que su situación no representaba una acusación, investigación ni señalamiento formal por parte de autoridad alguna en México o Estados Unidos.
Para el Departamento de Estado norteamericano, bajo la premisa de que tener una visa es un privilegio y no un derecho constitucional, cualquier actividad contraria al interés nacional de ese país es motivo suficiente para la revocación fulminante. El caso de Torres Torres, quien fuera el coordinador de Proyectos de Regeneración de Espacios Públicos en el Estado, arrastró inevitablemente la imagen de la gobernadora, quien calificó la medida como una circunstancia que la había alcanzado por el simple hecho de compartir una vida con él. Después, la propia mandataria informaría de la disolución del vínculo matrimonial.
ARACELI BROWN
El 18 de septiembre de 2025, el Departamento del Tesoro, a través de la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC), informó sobre la designación de integrantes de una red de corrupción y protección criminal al Cártel de Sinaloa en Baja California. Entre los mencionados figuró la diputada federal morenista y exalcaldesa de Rosarito, Hilda Araceli Brown Figueredo, quien presuntamente operó en alianza con los empresarios Candelario Arcega Aguirre y Jesús González Lomelí en favor de los intereses de la facción de los Mayos, específicamente bajo el mando de los hermanos René y Alfonso Arzate García.
La autoridad norteamericana destacó que Arcega, empresario transportista, utilizando su estrecha relación personal con Araceli Brown, logró controlar áreas estratégicas del Gobierno Municipal de Rosarito, imponiendo a aliados en puestos de alto nivel para garantizar la protección de las actividades delictivas a través del Departamento de Seguridad Pública. Mientras que el lavado de dinero se ejercía por medio de algunos negocios de la industria alimenticia, propiedad del “Chuy” González Lomelí.
Investigaciones realizadas por ZETA confirmaron que a la exalcaldesa y actual diputada federal le fue revocada fulminantemente su visa de turista el 19 de septiembre de 2025, apenas un día después de que el Departamento del Tesoro la señalara como una pieza clave en el engranaje del llamado “Imperio del contrabando” en Rosarito. Días después este mismo medio informó de las acciones en México por parte de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), que la incluyó en la Lista de Personas Bloqueadas (LPB) y congeló sus cuentas bancarias. Brown interpuso un juicio de amparo ante el Juzgado Décimo de Distrito en Tijuana, mismo que fue sobreseído el 23 de marzo de 2026 y actualmente se encuentra en recurso de revisión.
RUBÉN ROCHA MOYA
Otro de los “desvisados” es el gobernador de Sinaloa con licencia, morenista, Rubén Rocha Moya, quien de acuerdo a fuentes estadounidenses y el periodista Steve Fischer, habría visto revocada su visa en 2025, aunque el hecho trascendió apenas dos días antes de que el 29 de abril de 2026 se revelara la acusación del Departamento de Justicia en su contra ante la Corte de Distrito Sur de Nueva York, por sus presuntos nexos con el Cártel de Sinaloa, con cuyos líderes se habría aliado en 2021 para ganar las elecciones de su entidad. El señalamiento incluye a otros nueve funcionarios y exservidores públicos inmiscuidos en el esquema, entre ellos, el senador de Morena Enrique Inzunza Cázarez, y el alcalde (ahora con licencia) de Culiacán, Juan de Dios Gámez Mendívil, del mismo partido político.
La acusación estadounidense refiere que, mientras hacía campaña para gubernatura -a inicios de 2021-, Rocha Moya se reunió con Iván Archivaldo Guzmán Salazar y Ovidio Guzmán López en un encuentro protegido por sicarios del cártel armados con ametralladoras y otras armas. En esa reunión, los líderes de los Chapitos prometieron garantizar su triunfo electoral; Rocha Moya, a cambio, se comprometió a colocar en puestos de autoridad a funcionarios favorables a las operaciones de tráfico de drogas del cártel. Rocha habría entregado el control sobre la Policía Estatal, la Policía de Investigación y la Fiscalía de Sinaloa, además de la Policía Municipal de Culiacán.
Después de conocerse los cargos en su contra: conspiración para la importación de narcóticos, posesión de ametralladoras y artefactos explosivos, y conspiración para poseer ametralladoras y dispositivos destructivos, Rubén Rocha Moya solicitó licencia al cargo y recientemente rindió entrevista con la Delegación Estatal de la Fiscalía General de la República (FGR). El alcalde Gámez Mendívil hizo lo propio, mientras que el senador Inzunza Cázarez se niega a dejar el cargo en el Senado. A mediados de mayo reciente, la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) bloqueó las cuentas bancarias a los diez funcionarios y a sus familiares directos.
ALCALDES Y DEMÁS
Presidentes municipales y otros funcionarios también fueron afectados por las medidas estadounidenses. El primer caso ocurrió el Jueves Santo, 17 de abril de 2025, cuando el alcalde de Matamoros, Tamaulipas, José Alberto Granados Fávila, fue retenido en el puente internacional, y le fue revocado su documento migratorio. El 10 de junio, en Sonora, el edil de Puerto Peñasco, Óscar Eduardo Castro Castro, fue interceptado en la garita de San Luis Río Colorado y le retiraron la visa a él, a su esposa e hijo. El 31 de julio, le fue cancelada la visa al ex gobernador priista de Guerrero, Héctor Astudillo Flores. El 7 agosto, el alcalde de Nogales, Juan Francisco Gim Nogales, y la presidenta municipal de Mexicali, Norma Alicia Bustamante Martínez (y su esposo Luis Samuel Guerrero Delgado), al otro día, se sumaron a la lista.
El exalcalde de Matamoros y diputado federal, Mario López Hernández, fue retenido el 26 de septiembre durante 12 horas en Brownsville, Texas, donde se le notificó la anulación de su permiso de entrada. César Iván Sandoval, alcalde de San Luis Río Colorado, corrió similar destino el 13 de noviembre en su intento por cruzar por Arizona; y José Luis Dagnino López, alcalde de San Felipe, el 2 de diciembre estuvo 12 horas retenido en la garita de Calexico antes de ser informado de su expulsión del sistema de visas. A esto se suma el caso de Alex Tonatiuh Márquez Hernández, extitular de Investigación Aduanera, a quien se le retiró la visa tras ser cesado de su cargo en medio de cuestionamientos sobre su patrimonio. Incluso figuras de la estructura partidista, como Brighite Granados de la Rosa, presidenta estatal de Morena en Chihuahua, sufrió la cancelación de su visa el 29 de mayo de 2026 bajo el argumento de una infracción de tránsito antigua.
Todos estos incidentes ocurren bajo la sombra de investigaciones judiciales de alto nivel en Estados Unidos. Los cargos formales por narcotráfico presentados este 2026 por el Departamento de Justicia en contra de Rocha Moya y otros nueve funcionarios, así como la revocación de visas a los gobernadores de Sonora y Tamaulipas, Alfonso Durazo y Américo Villarreal, han elevado el nivel de alerta entre los mandatarios estatales del país.
