La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo afirmó el 21 de mayo de 2026 que el gobernador con licencia de Sinaloa, Rubén Rocha Moya, cuenta con protección de la Guardia Nacional (GN), en contradicción directa con lo declarado un día antes por Omar Hamid García Harfuch, titular de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) Federal, quien sostuvo que el mandatario sinaloense únicamente dispone de escolta de la Policía Estatal y no tiene resguardo del Gobierno Federal.
“Sí, entiendo que sí”, respondió Sheinbaum Pardo al ser cuestionada durante su conferencia de prensa matutina en Palacio Nacional sobre si Rocha Moya todavía recibía protección de la GN. La mandataria nacional precisó que esa vigilancia opera a partir de una evaluación de riesgo y se otorga a cualquier persona que la solicita. El 20 de mayo de 2026, García Harfuch había afirmado en conferencia que Rocha Moya “no cuenta con servicio de escolta de ninguna institución del Gobierno de México” y que la protección corresponde exclusivamente a la Policía Estatal, en su carácter de gobernador con licencia. “No tiene escolta por parte del Gobierno federal”, subrayó el titular de la SSPC Federal.
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La misma mañana, Sheinbaum Pardo confirmó que Rocha Moya permanece en su domicilio en el estado de Sinaloa y descartó escenarios de fuga o evasión. “Sí, entiendo que sí está en Sinaloa, está en su casa”, respondió al ser cuestionada sobre su paradero. La titular del Poder Ejecutivo Federal señaló que tanto el propio gobernador con licencia como los otros nueve señalados por la Fiscalía del Distrito Sur de Nueva York podrían informar directamente sobre su situación, y subrayó que no existe ningún riesgo de que alguno eluda a las autoridades.
En la misma jornada, García Harfuch reconoció públicamente que existen más funcionarios con presuntos vínculos con el Cártel de Sinaloa (CDS) más allá de los diez señalados en la acusación formal presentada el 29 de abril de 2026 por el Departamento de Justicia de EE.UU. (DOJ) ante la jueza federal Katherine Polk Failla. Según información de El Financiero, el titular de la SSPC Federal señaló que trabajan en coordinación con la Fiscalía General de la República (FGR) para identificar a esos funcionarios. García Harfuch reiteró, no obstante, que el Gabinete de Seguridad nunca tuvo indicios que vincularan a Rocha Moya con la facción del CDS conocida como Los Chapitos —identificados en el expediente como Iván Archivaldo Guzmán Salazar, alias “El Chapito”, y Ovidio Guzmán López, alias “El Ratón”— durante las operaciones realizadas en Sinaloa.
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Respecto a si el senador de la República por Sinaloa Enrique Inzunza Cázarez solicitó protección federal, Sheinbaum Pardo señaló no tener información al respecto y anunció que consultaría con los funcionarios de seguridad correspondientes. La presidenta explicó que el procedimiento para obtener vigilancia pasa por la SSPC Federal, la Secretaría de la Defensa Nacional (SEDENA) o la Secretaría de Gobernación (SEGOB), instituciones que evalúan el nivel de riesgo antes de autorizar cualquier esquema de protección. “No tengo conocimiento del senador, supongo que no porque no se ha mencionado”, añadió.
La contradicción entre Sheinbaum Pardo y García Harfuch se produce en el contexto de la acusación formal que el DOJ presentó el 29 de abril de 2026 contra Rocha Moya y otros nueve funcionarios y exfuncionarios sinaloenses, a quienes la Fiscalía del Distrito Sur de Nueva York señaló de haber sostenido reuniones con Los Chapitos antes de los comicios de junio de 2021 y de haber prometido proteger las operaciones del CDS a cambio de apoyo electoral y cuantiosos sobornos. Los cargos incluyen conspiración para importar y distribuir fentanilo, heroína y cocaína hacia territorio estadounidense, posesión de armamento de grado militar y corrupción institucional, con penas que van desde 50 años de prisión hasta cadena perpetua. Ante esa acusación, Rocha Moya solicitó licencia temporal el 1 de mayo de 2026, y el Congreso estatal la aprobó con 38 votos a favor.
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El Gobierno Federal ha sostenido desde el inicio de la crisis que no tiene obligación legal de mantener vigilancia especial sobre los señalados y que corresponde a la FGR desarrollar sus propias investigaciones. La Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) envió el 5 de mayo de 2026 una nota diplomática al DOJ para solicitar las evidencias que respalden los cargos, al determinar que la solicitud original no reunía el sustento probatorio exigido por el Artículo 3 del Tratado de Extradición bilateral vigente desde 1980. Hasta la fecha, dos exfuncionarios del Gobierno de Rocha Moya se entregaron voluntariamente a las autoridades de EE.UU.: Gerardo Mérida Sánchez, exsecretario de la Secretaría de Seguridad Pública (SSP) de Sinaloa, el 11 de mayo de 2026, y Enrique Alfonso Díaz Vega, exsecretario de Administración y Finanzas de esa entidad, el 15 del mismo mes y año.
