La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo confirmó el 21 de mayo de 2026 que el Gobierno de Estados Unidos activó alertas rojas de la Organización Internacional de Policía Criminal (Interpol) derivadas de las órdenes de aprehensión emitidas en ese país contra el gobernador con licencia de Sinaloa, Rubén Rocha Moya, y otros nueve funcionarios y exfuncionarios sinaloenses acusados por la Fiscalía del Distrito Sur de Nueva York de presuntos vínculos con el Cártel de Sinaloa (CDS).
“Hay una orden de aprehensión por parte del Gobierno de Estados Unidos, eso hace que se alerten en fichas rojas, llamadas así por parte de la Interpol, entonces eso es del Gobierno de Estados Unidos; si ellos llegaran a salir de México, otros países a partir de la alerta roja que emitió el Gobierno de Estados Unidos pudieran llegar a detenerlos”, explicó la mandataria nacional durante su conferencia de prensa matutina en Palacio Nacional.
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Sheinbaum Pardo precisó que el Gobierno mexicano no tiene obligación legal de mantener vigilancia especial sobre las ocho personas que aún no se han entregado a las autoridades estadounidenses, de las diez originalmente acusadas. Señaló que corresponde a la Fiscalía General de la República (FGR) desarrollar las investigaciones correspondientes. “La Fiscalía, como saben, abrió una investigación, entonces ellos desarrollarán su investigación, pero no hay nada legal que nos obligue a que nosotros tengamos una vigilancia particular con las otras personas”, sostuvo.
La titular del Poder Ejecutivo Federal subrayó que Rocha Moya se encuentra en su domicilio del estado de Sinaloa y que tanto él como los demás señalados podrían informar sobre su situación de manera directa. “Sí, entiendo que sí, está en Sinaloa, está en su casa”, respondió al ser cuestionada sobre el paradero del gobernador con licencia. Añadió que no existe la posibilidad de una fuga ni de una evasión, y descartó que la situación represente un riesgo para el país.
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Los dos funcionarios que ya se entregaron a las autoridades estadounidenses son Gerardo Mérida Sánchez, exsecretario de la Secretaría de Seguridad Pública (SSP) de Sinaloa, quien cruzó hacia Arizona el 11 de mayo de 2026 desde Hermosillo y fue trasladado al Centro de Detención Metropolitano de Brooklyn, en Nueva York, y Enrique Alfonso Díaz Vega, exsecretario de Administración y Finanzas de esa entidad, quien se entregó el 15 del mismo mes y año. La Corte del Distrito Sur de Nueva York confirmó el 18 de mayo de 2026 que Sarah Rebecca Krissoff, exfiscal adjunta federal especializada en fraude financiero, lavado de dinero y crimen organizado, asumió la representación legal de Mérida Sánchez, con una próxima audiencia programada para el 1 de junio de 2026.
Las declaraciones de Sheinbaum Pardo se produjeron en el contexto de la acusación formal presentada el 29 de abril de 2026 por el Departamento de Justicia de EE.UU. (DOJ) ante la jueza federal Katherine Polk Failla. El documento, impulsado por el fiscal Jay Clayton y el director de la Administración para el Control de Drogas (DEA), Terrance C. Cole, señala a Rocha Moya de haber sostenido reuniones con los líderes de la facción del CDS conocida como Los Chapitos —identificados en el expediente como Iván Archivaldo Guzmán Salazar, alias “El Chapito”, y Ovidio Guzmán López, alias “El Ratón”— antes de los comicios de junio de 2021, en las que habría prometido proteger las operaciones del grupo criminal a cambio de apoyo electoral y cuantiosos sobornos. Los cargos incluyen conspiración para importar y distribuir fentanilo, heroína y cocaína hacia territorio estadounidense, posesión de armamento de grado militar y corrupción institucional, con penas que van desde 50 años de prisión hasta cadena perpetua. Rocha Moya rechazó “categórica y absolutamente” las imputaciones y solicitó licencia temporal el 1 de mayo de 2026.
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La postura del Gobierno federal ante el caso se ha sostenido en la exigencia de pruebas al DOJ antes de proceder contra los acusados. El 19 de mayo de 2026, Sheinbaum Pardo argumentó que EE.UU. aplica ese mismo criterio cuando México solicita extradiciones de ciudadanos que se encuentran en territorio estadounidense. “Es lo mismo que hace Estados Unidos, cuando nosotros le pedimos una orden de extradición: ‘preséntanos pruebas’; pero toda la comentocracia: ‘¿cómo se le ocurre a la Presidenta pedir pruebas?’ si es lo mismo que hace Estados Unidos”, señaló la mandataria nacional. La Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) envió el 5 de mayo de 2026 una nota diplomática al DOJ para solicitar las evidencias que respalden los cargos, al considerar que la petición original no reunía el sustento probatorio exigido por el Artículo 3 del Tratado de Extradición bilateral vigente desde 1980.
La FGR concluyó que la solicitud estadounidense de detención provisional —formulada al amparo del Artículo 11 del tratado bilateral— no acredita los elementos necesarios para proceder conforme a la legislación mexicana, criterio respaldado el 4 de mayo de 2026 por Luisa María Alcalde Luján, titular de la Consejería Jurídica del Ejecutivo Federal. En el mismo período, la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) inmovilizó de manera preventiva las cuentas bancarias de Rocha Moya y otros funcionarios señalados, medida que la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) encuadró en el Comunicado No. 39 como una acción estrictamente preventiva derivada de reportes del sistema financiero, sin que constituyera una determinación definitiva ni implicara la acreditación de responsabilidad alguna. Según información del sector bancario, el congelamiento se ejecutó desde el 6 de mayo de 2026.
El caso involucra a otros acusados que permanecen en México. Dámaso Castro Zaavedra, vicefiscal general del estado de Sinaloa desde octubre de 2021, solicitó licencia sin goce de sueldo el 5 de mayo de 2026 luego de ser señalado en el expediente del DOJ como presunto receptor de sobornos de Los Chapitos por el equivalente a 200 mil pesos mensuales —aproximadamente 11 mil dólares— a cambio de filtrar información sobre operativos y proteger a integrantes del grupo criminal. El senador de la República por Sinaloa Enrique Inzunza Cázarez, igualmente incluido en la acusación como presunto enlace entre Los Chapitos y Rocha Moya, no ha realizado apariciones públicas verificables desde el 6 de mayo de 2026; al 10 del mismo mes y año reapareció en redes sociales con una fotografía desde la localidad de Batequitas, en el municipio de Badiraguato, Sinaloa, sin referencias a los señalamientos en su contra. El legislador conserva fuero constitucional al mantener activo su cargo en el Senado de la República.
La crisis institucional en Sinaloa se profundizó el 9 de mayo de 2026, cuando una vivienda propiedad de Rocha Moya en la colonia Las Quintas de Culiacán fue atacada a balazos e incendiada alrededor de las 11:00 horas; la propiedad, adquirida por el gobernador en 1984, se encontraba deshabitada al momento del ataque y cobró notoriedad pública durante la campaña electoral de 2021, cuando una investigación periodística reveló que no figuraba en sus declaraciones patrimoniales. La presidenta Sheinbaum Pardo evitó pronunciarse sobre el incidente y remitió a un comunicado de la Secretaría de Seguridad Pública de Sinaloa. En ese mismo contexto, la organización civil Defensorxs presentó el 7 de mayo de 2026 una querella ante la FGR contra 55 políticos —entre ellos el ex gobernador Quirino Ordaz Coppel, actual titular de la Embajada de México en España, así como 17 exalcaldes de Morena, diputados locales, diputados federales y funcionarios estatales— por presunta participación en la operación electoral del CDS durante los comicios sinaloenses de 2021.
Al momento de las declaraciones de Sheinbaum Pardo del 21 de mayo de 2026, la gobernadora interina de Sinaloa, Yeraldine Bonilla Valverde, quien asumió el cargo tras la aprobación de la licencia de Rocha Moya por el Congreso estatal con 38 votos a favor, se desempeña como la primera gobernadora interina en la historia de esa entidad. Omar Hamid García Harfuch, titular de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) Federal, confirmó el 20 de mayo de 2026 que Rocha Moya permanece en Sinaloa con escolta de la Policía Estatal y sin protección del Gobierno Federal, e indicó que el Gabinete de Seguridad nunca contó con indicios que lo vincularan con Los Chapitos: “Nunca hemos tenido una obstrucción por parte de algún funcionario del Gobierno del Estado para continuar o realizar las operaciones que les presentamos”, declaró García Harfuch.
