La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo confirmó el 21 de mayo de 2026, desde Palacio Nacional, que Rubén Rocha Moya, gobernador de Sinaloa con licencia, se encuentra en ese estado —específicamente en su domicilio— y reiteró que su Gobierno no actuará contra ningún funcionario señalado sin pruebas formales, carpeta de investigación y órdenes de aprehensión.
“Sí, entiendo que sí, está en Sinaloa, está en su casa”, respondió Sheinbaum Pardo al ser cuestionada sobre el paradero de Rocha Moya durante la conferencia de prensa matutina en Palacio Nacional. La mandataria descartó que exista una fuga o evasión y señaló que las demás nueve personas señaladas por las autoridades de EE.UU. también podrán informar directamente sobre su situación. “Entonces, él está en Sinaloa y ya él mismo podría informar o las otras nueve personas dónde están, pero no hay esta cosa de que ‘ahora dónde está y ya se escapó'”, puntualizó.
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La presidenta de la República defendió el principio de presunción de inocencia y subrayó que en México “todo mundo es inocente hasta que se demuestre lo contrario”, y afirmó que para proceder contra cualquier persona se necesitan pruebas, una carpeta de investigación sólida y, en su caso, órdenes de aprehensión.
Sheinbaum Pardo indicó además que no existe obligación legal alguna que imponga a México la vigilancia especial de personas mencionadas en investigaciones estadounidenses, entre ellas el senador de Morena Enrique Inzunza Cázarez. La titular del Poder Ejecutivo Federal precisó que Rocha Moya continúa bajo protección de la Guardia Nacional (GN) mientras avanzan las investigaciones. La mandataria reclamó reciprocidad al Gobierno de EE.UU. en materia de cooperación judicial y extradiciones, y recordó que México mantiene solicitudes pendientes ante autoridades estadounidenses que han sido rechazadas bajo el argumento de falta de evidencias.
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Sheinbaum Pardo planteó que las acusaciones y su manejo político podrían responder a “otras intenciones”, vinculadas —sostuvo— con el intento de frenar “la transformación en México”. Afirmó que defender el debido proceso y el Estado de derecho no debe depender de posturas políticas ni de la presión de adversarios.
Las declaraciones de la presidenta se produjeron en el contexto de la acusación formal presentada el 29 de abril de 2026 por el Departamento de Justicia de EE.UU. contra Rocha Moya y otros nueve funcionarios y exfuncionarios del Gobierno de Sinaloa. La Fiscalía del Distrito Sur de Nueva York los vinculó con operaciones de narcotráfico asociadas a la facción conocida como Los Chapitos, del Cártel de Sinaloa. El expediente, asignado a la jueza federal Katherine Polk Failla, sostiene que los acusados abusaron de su autoridad para distribuir grandes cantidades de narcóticos hacia EE.UU. y que Rocha Moya asistió a reuniones con Los Chapitos, en las que prometió protegerlos mientras distribuían drogas a cambio de cuantiosos sobornos. Según el expediente, Iván Archivaldo Guzmán Salazar, alias “El Chapito”, y Ovidio Guzmán López, alias “El Ratón”, prometieron que asegurarían la victoria electoral de Rocha Moya en la gubernatura de Sinaloa, con sicarios armados como resguardo de aquellas reuniones.
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Ante esa acusación, Rocha Moya rechazó los señalamientos. “Rechazo categórica y absolutamente las imputaciones formuladas en mi contra por la Fiscalía Federal del Distrito Sur de Nueva York, ya que carecen de veracidad y fundamento alguno. Y así se demostrará, con toda contundencia, en el momento oportuno”, escribió el funcionario en su cuenta de la red social X. En las últimas horas del 1 de mayo de 2026, Rocha Moya solicitó licencia para enfrentar las investigaciones. La Fiscalía General de la República (FGR) confirmó que su Fiscalía Especial para Asuntos Internacionales analizaría la documentación recibida para establecer si existen los elementos probatorios necesarios para actuar en México.
El posicionamiento de Sheinbaum Pardo el 21 de mayo de 2026 ocurrió luego de que dos exfuncionarios ligados al Gobierno de Rocha Moya se entregaran a autoridades en EE.UU., hecho que volvió a colocar el caso Sinaloa en el centro del debate político nacional. La Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) congeló preventivamente las cuentas de Rocha Moya y otros funcionarios señalados, en coordinación con la banca mexicana, aunque Sheinbaum Pardo precisó que la medida no legitima las acusaciones estadounidenses. Rocha Moya se convirtió en el miembro de mayor rango de Morena en ser acusado formalmente por EE.UU. y en el primer gobernador en funciones en enfrentar una imputación de esa naturaleza desde el exterior.
