La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo respondió el 7 de mayo de 2026 a las amenazas del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, quien el 6 del mismo mes y año advirtió que su Gobierno ejecutaría operaciones terrestres unilaterales en México si el país no intensificaba el combate al tráfico de drogas. Desde Palacio Nacional, la titular del Poder Ejecutivo Federal afirmó que México ya actúa contra los cárteles con resultados verificables y exigió a Washington que aportara pruebas antes de formular acusaciones contra funcionarios mexicanos por presuntos vínculos con el crimen organizado.
Sheinbaum Pardo detalló una serie de avances en materia de seguridad: una reducción de casi 50 por ciento en los homicidios dolosos, el desmantelamiento y destrucción de más de 2,500 laboratorios de narcóticos, la disminución del flujo de fentanilo desde México hacia EE.UU. y la práctica de detenciones respaldadas con carpetas de investigación y pruebas, en contraste con operativos anteriores que carecían de ese sustento. “El diálogo conjunto ha tenido resultados, en el marco del respeto mutuo, porque hemos trabajado conjuntamente en varios temas. Lo que no queremos es que se rompa la confianza mutua”, declaró.
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La mandataria nacional se refirió de forma explícita a las declaraciones de Todd Blanche, procurador general interino de Estados Unidos, quien el 6 de mayo de 2026, en una entrevista con la cadena de televisión News Nation, advirtió que la cooperación de líderes del narcotráfico trasladados desde México a territorio estadounidense podría derivar en nuevas acusaciones criminales contra políticos mexicanos. Blanche afirmó que el procesamiento de Rubén Rocha Moya, gobernador de Sinaloa —imputado ante el Distrito Sur de Nueva York por presuntos vínculos con el Cártel de Sinaloa— no sería el último caso. Ante ello, Sheinbaum Pardo respondió con una condición inequívoca: “Envíen pruebas. Porque el tratado de extradición o de confianza mutua de colaboración tiene que ver con que se envíen pruebas. Nosotros no protegemos a nadie, pero para detener a alguien tiene que cumplirse con la ley mexicana”, sostuvo.
Las declaraciones de Blanche se enmarcaron en el mismo día en que la Casa Blanca publicó la edición 2026 de la Estrategia Antiterrorismo de EE.UU., documento en el que el Gobierno estadounidense se declaró dispuesto a tomar acciones unilaterales contra los cárteles en el continente americano, en particular en aquellos países cuyos gobiernos sean considerados cómplices de dichas organizaciones. Trump había hecho esa misma jornada declaraciones en un evento en la Casa Blanca donde reivindicó los bombardeos contra embarcaciones con presunta droga en el Caribe y el Pacífico oriental, operaciones que desde mediados de 2025 dejaron más de 190 personas muertas y generaron una crisis diplomática con México.
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Sheinbaum Pardo planteó también una serie de contraexigencias al Gobierno de EE.UU. La presidenta de la República indicó que México ha trasladado a más de 90 personas perseguidas por las autoridades estadounidenses que se encontraban en cárceles mexicanas, mientras que Washington no ha correspondido con la entrega de aproximadamente cuatro individuos vinculados al caso de huachicol ni de dos personas relacionadas con el caso Ayotzinapa, pese a las solicitudes formales del Gobierno mexicano. “Es responsabilidad compartida”, enfatizó. En el mismo sentido, pidió al Gobierno de EE.UU. que cooperara en la reducción del flujo de armamento ilegal hacia México, un reclamo que ya había sostenido el 9 de marzo de 2026, cuando señaló que al menos el 75 por ciento de las armas utilizadas por la delincuencia organizada en el país proviene del territorio estadounidense, cifra reconocida, según dijo, por el propio Departamento de Justicia de EE.UU.
La titular del Poder Ejecutivo Federal reiteró que existe comunicación activa con la Casa Blanca, pero precisó los límites de esa relación. “Hay comunicación con ellos y hay colaboración, hay coordinación. No queremos que haya injerencia, ni intervención, y menos en asuntos políticos, entonces, colaboración en el marco de los cuatro principios”, expresó. Esa postura es consistente con la que la mandataria nacional sostuvo el 7 de marzo de 2026, durante la cumbre ‘Escudo de las Américas’ celebrada en Miami, Florida, en la que Trump señaló que México es el “epicentro de la violencia ocasionada por los cárteles” en América Latina y anunció la creación de una coalición militar regional con doce mandatarios latinoamericanos de orientación conservadora, de la que México, Brasil y Colombia quedaron excluidos.
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El escenario en que se produjeron las declaraciones de Sheinbaum Pardo acumula meses de presión judicial, diplomática y financiera por parte de Washington. El 23 de abril de 2026, el Departamento del Tesoro de EE.UU. sancionó a 23 personas y entidades que conforman una red transnacional de abastecimiento de fentanilo con nexos directos al Cártel de Sinaloa, organización clasificada como Organización Terrorista Extranjera (OTE) desde la Orden Ejecutiva 14157, firmada el 20 de enero de 2025. Las designaciones abarcaron desde proveedores de precursores químicos en Asia hasta traficantes con base en México. En el ámbito judicial, la advertencia del procurador general interino Blanche respecto a que la cooperación de los líderes del narco extraditados derivará en más procesamientos contra funcionarios mexicanos representa, en ese contexto, la amenaza más directa que el Gobierno de Trump ha formulado hasta la fecha respecto a la clase política del país.
Ante la escalada retórica de Washington, el Gobierno de Sheinbaum Pardo sostuvo que la colaboración bilateral avanza con resultados medibles, pero dentro de los límites de la soberanía nacional. La presidenta de la República insistió en que la lucha contra el narcotráfico es una responsabilidad compartida entre los dos países y que México no actuará bajo presión ni permitirá que la cooperación en materia de seguridad derive en injerencia política.
