La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo reiteró, el 7 de mayo de 2026, durante su conferencia matutina en el Palacio Nacional, que el Gobierno de México no blindará a ningún funcionario señalado por vínculos con el narcotráfico, pero subrayó que cualquier acción legal contra el gobernador con licencia de Sinaloa, Rubén Rocha Moya, deberá sustentarse en pruebas materiales que las autoridades de EE.UU. aún no han presentado de forma suficiente conforme al tratado bilateral de extradición vigente.
“El gobernador Rocha: vino una orden de Estados Unidos para su detención urgente. Todo lo que trae esa orden, que hemos dicho nosotros: pruebas. La Fiscalía abre su propia investigación porque es obligación de la Fiscalía. Pero hay que poner todo en su justo término. Nosotros no protegemos a nadie, absolutamente a nadie. Si hay pruebas, adelante. Pero tiene que haber pruebas”, declaró la mandataria nacional.
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Sheinbaum Pardo explicó que el sistema penal acusatorio en México establece la obligación de presentar evidencias sólidas antes de ejecutar una orden de aprehensión, sin importar el cargo o condición del señalado. “Para detener a cualquier persona en México, sea un gobernador con licencia, un delincuente de los más peligrosos, sea un delito de cuello blanco, sea alguien que se dedica al contrabando de combustible, tiene que haber pruebas y una orden de aprehensión basada en pruebas, para cualquier caso, éste o cualquier otro. Y eso es lo que hemos venido diciendo: si Estados Unidos tiene pruebas, que las presente”, añadió.
La presidenta de la República señaló asimismo que la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) solicitó formalmente a EE.UU. las evidencias que sustenten los cargos, ya que el documento recibido hasta ese momento contenía únicamente cifras sin el respaldo probatorio exigido por el Artículo 3 del Tratado de Extradición bilateral en vigor desde 1980. La Fiscalía General de la República (FGR) inició, en paralelo, una investigación propia para esclarecer los hechos relacionados con el mandatario sinaloense. Sheinbaum Pardo garantizó que su administración actuará conforme a la ley y no habrá encubrimiento de ningún tipo.
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Los hechos que detonaron la controversia ocurrieron el 29 de abril de 2026, cuando la Fiscalía Federal para el Distrito Sur de Nueva York formalizó cargos contra Rocha Moya y otros nueve funcionarios y exfuncionarios de Sinaloa. La acusación fue presentada por el fiscal Jay Clayton y el director de la Agencia Antidrogas de EE.UU. (DEA, por sus siglas en inglés), Terrance C. Cole, ante la jueza federal Katherine Polk Failla. Los cargos abarcan conspiración para importar y distribuir fentanilo, heroína y cocaína hacia territorio estadounidense; posesión de armamento de grado militar; corrupción institucional en favor de la facción conocida como “Los Chapitos” del Cártel de Sinaloa; y presunto apoyo electoral ilícito durante las elecciones de 2021, en las que Rocha Moya obtuvo la gubernatura del estado.
Según la acusación del Distrito Sur de Nueva York, el gobernador sinaloense sostuvo reuniones con líderes de “Los Chapitos” antes de los comicios de 2021 y prometió designar funcionarios favorables a sus operaciones de narcotráfico en caso de ganar la elección. La acusación también sostiene que miembros del cártel sustrajeron papeletas e intimidaron a rivales políticos para favorecer su triunfo electoral. Entre los demás acusados figura Dámaso Castro Saavedra, vicefiscal general de la Fiscalía estatal de Sinaloa en funciones desde octubre de 2021, así como Juan de Dios Gámez Mendívil, alcalde de Culiacán de Rosales, quien rechazó los señalamientos en su cuenta de la red social X. Las penas mínimas que contempla la acusación van de 50 años de prisión hasta cadena perpetua.
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Rocha Moya rechazó “categórica y absolutamente” los cargos y los calificó como “una perversa estrategia para violentar el orden constitucional y la soberanía nacional”. La FGR, por su parte, descartó ejecutar una detención provisional del gobernador sinaloense al determinar que la solicitud estadounidense, que corresponde a una petición de detención con fines de extradición y no a una solicitud formal de extradición, no reunía los elementos probatorios suficientes conforme a la legislación mexicana. Lo que Washington remitió el 28 de abril a la Cancillería no fue una solicitud formal de extradición, sino una petición de detención provisional contemplada en el Artículo 11 del tratado bilateral.
En el mismo encuentro con la prensa, Sheinbaum Pardo salió al paso de versiones publicadas en medios nacionales que vinculaban a Rocha Moya con presuntas obstrucciones operativas en materia de seguridad. “Es como el columnista Loret de Mola: hoy en su columna dice que el gobernador Rocha se opuso a un operativo. ¿De dónde saca eso? ¿Cuál es su base? ¿Cuál es su fuente?”, cuestionó la mandataria. La titular del Poder Ejecutivo Federal enfatizó que su Gobierno no permitirá injerencias extranjeras en decisiones que competen exclusivamente a las instituciones mexicanas, al tiempo que reiteró que si la evidencia presentada por EE.UU. resulta insuficiente, quedará demostrado que las acusaciones responden a motivaciones políticas.
