La Reserva de la Biosfera Sierra La Laguna continúa en medio de la discusión y la defensa social, ante diversos hechos que pudieran constituir un riesgo ambiental para uno de los ecosistemas más importantes de Baja California Sur.
Y es que, a pesar de las denuncias y la forma en que rancheros han logrado documentar y exhibir vuelos de helicópteros y obras en los alrededores del Área Natural Protegida (ANP), señalan que las autoridades no han logrado intervenir de forma efectiva.
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En la última semana, Elizabeth Álvarez Rosas, habitante de Sierra La Laguna y quien fue de las primeras personas en evidenciar la problemática a través de redes sociales, informó que nuevamente se reportó el vuelo de otro helicóptero.
Aquí cabe recordar que entre el 30 de abril y el 4 de mayo, rancheros del municipio de Los Cabos documentaron hasta 14 vuelos a diario de estas unidades que transportaban material de construcción a la zona núcleo de la Reserva de la Biosfera.
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Aunque se denunciaron estos hechos ante la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa) y a la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat), el 16 de mayo nuevamente se observó a un helicóptero transitando sobre el área.
Elizabeth Álvarez narró que fue alrededor de las 14:40 horas, cuando habitantes de un rancho ubicado casi al límite de San Dionisio escucharon los sonidos de las hélices y salieron a corroborar, por lo que pidieron a la sociedad que estuviera atenta.
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Mario Sánchez, director regional del Centro Mexicano de Derecho Ambiental (Cemda), explicó que los vuelos a la ANP no están prohibidos ni permitidos expresamente en las legislaciones correspondientes, pero sí deben estar avalados por un proceso en el que intervienen Aeronáutica Nacional y la Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas (Conanp).
Además, expuso que los viajes aéreos sólo se permiten para actividades como investigaciones académicas y que, incluso, el traslado de materiales debe estar vinculados a autorizaciones ambientales ya aprobadas a proyectos por parte de las dependencias correspondientes.
Por todo lo anterior, Mario Sánchez concluyó que los vuelos registrados entrarían en un marco de ilegalidad.
Previo a este acontecimiento, en conferencia de prensa, el Frente Ciudadano en Defensa del Agua y la Vida (Freciudav) informó que presentarán una nueva denuncia ante Profepa para exigir una investigación sobre los vuelos que se han registrado.
Integrantes de esta asociación civil recalcaron que también se debe transparentar quiénes son las personas responsables de permitir estos viajes, que lograron transportar el material hasta un punto de la Reserva de la Biosfera en el que no se permiten traslados de este tipo.
En medio de las movilizaciones, la delegada de Semarnat en Baja California Sur, Cristina González Rubio San Vicente, sostuvo un encuentro con activistas del Freciudav, en donde confirmó que la Profepa se hacía cargo de las investigaciones.
Por su parte, la delegada de Profepa en la entidad, Berenice Ramírez, informó que integran la información de los casos y que trabajan en las diligencias correspondientes.
CIENTOS SALEN A MARCHAR
En la ciudad de La Paz, más de 200 ciudadanos se congregaron en el Parque Morelos para marchar hacia el Palacio de Gobierno para exigir respuestas y, sobre todo, una solución efectiva a las autoridades de los tres niveles.
Tras la caminata arribaron a la casa del Poder Ejecutivo de Baja California Sur y demandaron una audiencia con el gobernador del estado, Víctor Castro Cosío, sin embargo, el mandatario se encontraba en Ciudad de México para atender una reunión con la Presidenta de la República Claudia Sheinbaum Pardo.
“A pesar de las denuncias públicas y ambientales presentadas, persisten múltiples dudas e inconsistencias. Usted como gobernador tiene acceso de primera mano, lo que periodistas, activistas y ciudadanos no tenemos”, señalaron manifestantes en un pronunciamiento hecho en Palacio de Gobierno.
“En primera instancia es su responsabilidad, para lo que fue asignado a su cargo. Por ello solicitamos una audiencia para que la sociedad sudcaliforniana le explique con detalle y resuelva teniendo la respectiva información recabada con su equipo de trabajo como máxima autoridad representante de los principales problemas del estado”, demandaron.
En el pliego petitorio, pidieron que las autoridades de los tres niveles den una actualización de todos los permisos solicitados por Fundación Hermandad en Armonía, asociación que desde enero de 2026 hizo pública su intención de construir un centro de conservación y reproducción de especies exóticas en San Miguelito, predio que se encuentra debajo de Sierra La Laguna.
En conferencia de prensa celebrada el 22 de enero de 2026, el director de Fundación Hermandad en Armonía, Carlos Esquivel Lacroix, no sólo dio a conocer este proyecto, sino que también confirmó que un grupo de asociaciones y personas –incluyendo a Jorge Emilio González Martínez, político ligado al Partido Verde Ecologista de México (PVEM)– había comprado el predio de Nuestra Señora del Rosario, ubicado en la zona núcleo de la Reserva de la Biosfera.
El riesgo de este centro de conservación, llamado El Santuario del Tío Checo, es que el objetivo final de las especies exóticas que buscaban reproducir en San Miguelito era introducirlas en Nuestra Señora del Rosario.
Animales como el borrego cimarrón, el berrendo o al cóndor americano jamás han habitado en esta ANP, por lo que académicos advirtieron riesgos para el ecosistema si este proyecto lograba las autorizaciones ambientales por parte de Semarnat.
Sin embargo, el 6 de marzo de este año, la dependencia federal desechó la Manifestación de Impacto Ambiental (MIA) del Santuario del Tío Checo.
Continuando con las demandas de la marcha, la ciudadanía exigió a los tres niveles que informen qué dependencia otorgó permiso para el sobrevuelo constante de helicópteros hacia Sierra La Laguna.
“¿Cómo llegó ese material a la parte alta de Sierra La Laguna, que las propias autoridades reconocen su existencia, ¿Quién es responsable actualmente de esos materiales y bajo qué autorización permanecen dentro del ANP?”, cuestionaron.
“¿Quién autorizó el ingreso y traslado de dichas estructuras metálicas?, si hasta el momento los municipios, el gobierno del estado, la Conanp y la Semarnat no reconocieron haber otorgado permiso ninguno”, agregaron.
También hicieron hincapié en las obras encontradas en los predios de El Romerillal y San Miguelito, con desmontes y construcciones que fueron clausurados por el Ayuntamiento de Los Cabos y Profepa.
Sin embargo, acusaron que las autoridades municipales y federales actuaron demasiado tarde ya que las denuncias sobre esas obras y desmontes se hicieron desde el 30 de abril, y no fue hasta casi mediados de mayo cuando actuaron en consecuencia.
Por ello, exigen que se informe quién llevará a cabo la restauración del área con dichas afectaciones y pidieron que se inicie una investigación judicial para esclarecer quién permitió el ingreso de material de construcción a la ANP.
“¿Dónde quedó la vigilancia y el respeto a la ley?, si continúan trabajos relacionados con proyectos previamente rechazados en materia ambiental”, insistieron.
“Debido a la magnitud de lo que representa Sierra La Laguna para la entidad sudcaliforniana y la soberanía de nuestros pueblos originarios, consideramos indispensable que el gobierno estatal rinda cuentas ya que estos avances inmobiliarios son una amenaza real”, finalizaron.
NIEGA GOBERNADOR COMPLICIDADES
Ante señalamientos de actuaciones lentas, el gobernador negó que haya complicidades entre autoridades de los tres niveles de gobierno y estos hechos. Incluso, reconoció la labor del Ayuntamiento de Los Cabos y de Profepa por proceder con las clausuras.
Castro Cosío subrayó que los trabajos de investigación por parte de las dependencias no son recientes, sino que se han implementado desde que se interpusieron las denuncias sobre los vuelos y traslado de materiales y los avisos sobre construcciones en los alrededores.
“Por supuesto que lo descarto (complicidad de autoridades) si acaban de clausurar, no hay ni haremos complicidad alguna”, declaró.
El mandatario insistió en que todos los gobiernos municipales de la llamada Cuarta Transformación en Baja California Sur están en sincronía con la defensa del territorio del medio ambiente, incluyendo –según sus propias palabras– a la alcaldesa de Mulegé, Edith Aguilar Villavicencio, aunque sea presidenta por el Partido Acción Nacional (PAN).
A pesar de que descartó que el gobierno del estado vaya a interponer una denuncia por los hechos documentados, insistió en que absolutamente nada estará fuera de la ley durante su administración.
“Las denuncias y el trabajo de investigación ya están desde hace tiempo, han subido mis compañeras la Sierra desde hace tiempo, investigaron todas las denuncias y hoy en día tenemos ya el resultado”, refirió.
PRESENTAN INICIATIVA CIUDADANA
El exdiputado por el Partido Revolucionario Institucional (PRI) en la XIV Legislatura (2015-2018), Joel Vargas Aguiar, ahora en su calidad de ciudadano, presentó una iniciativa para prohibir los cambios de uso de suelo en Sierra La Laguna.
Como tal, propone una reforma al Artículo 11 constitucional para evitar que se hagan cambios uso de suelo en la ANP.
“Desde ahorita nosotros la presentamos y hacemos un llamado a las y los diputados, así como al Ejecutivo del Estado para que la atiendan, la hagan suya y, en su caso, puedan establecer esta prohibición”, señaló.
“No es un tema de esta generación, es un tema de las generaciones venideras y no exactamente por ser los municipios de La Paz y Los Cabos los únicos perjudicados, sería un problema general y de dimensiones insospechadas”, agregó.
Tras dejar la iniciativa en la XVII Legislatura del Congreso del Estado, pidió a la ciudadanía que se sume y respalde este proyecto para que se convierta en ley.
