Denunciante acusó que aún hay diligencias sin cumplimentarse, argumentó el juzgador. “Quisiera pensar que el Poder Judicial no lo está protegiendo”, declaró la denunciante en referencia al edil
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El juez de oralidad Fernando Acevedo resolvió que no estaba en sus manos pedir que se judicialice la carpeta de investigación abierta por la presunta responsabilidad de un regidor de Tijuana en el delito de violación impropia.
En audiencia celebrada este viernes 22 de mayo, en la que comparecieron las fiscales a cargo de la investigación, el juez observó: Mientras que la asesora jurídica pública establece que el Ministerio Público ya tiene elementos para determinar el estatus de la carpeta, la denunciante alega que hay diligencias que no se han cumplimentado.
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En su momento, previo a que el juez resolviera, la asesora jurídica pública, Georgina Novelo, explicó que en la carpeta obraban “distintas comparecencias de ella (la denunciante), donde ella ha aportado coadyuvancia y datos de prueba que el Ministerio Público le ha recibido”. Sin embargo, objetó, “no se le ha dado acceso a una justicia pronta y expedita”.
La denunciante habló de “17 actuaciones que se han atendido” y recalcó que en todo caso su reclamo tenía que ver con que en la Fiscalía General del Estado la habían hecho esperar por horas en distintas ocasiones, para brindarle atención. “Es excesivo el tiempo”, indicó.
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Reconoció que a solicitud de ella se le han entregado copias, pero con meses de retraso.
“Dentro de la carpeta hay pruebas, pero solicitadas por mí, no por la fiscalía, (es) omisión de la fiscalía, por eso solicité esta audiencia. La fiscal (Stepanny Reyes) tiene 7 meses con la carpeta”, reprochó.
Inicialmente las indagaciones estuvieron a cargo de otra fiscal (Estefanía Mejía Cuéllar). A decir de la licenciada Novelo en “un año cinco meses cinco días” el Ministerio “no ha determinado la situación jurídica” de la denunciante.
“La licenciada Novelo ya explicó que sólo se necesitan dos o tres actos de investigación y mi dicho para poder judicializar la carpeta. Yo sí me siento revictimizada. Le pido, su señoría, que me ayude a que la fiscalía judicialice”, remarcó la denunciante.
El defensor del imputable, licenciado Jorge Piña, quien acudió en compañía del regidor, sostuvo que la carpeta de investigación no presentaba omisiones y se pronunció por el ejercicio de la no acción penal.
La denuncia contra el regidor del XXV Ayuntamiento de Tijuana, quien en su carácter de edil emanó del Partido Acción Nacional y en determinado momento desertó a las filas de ese instituto, fue interpuesta el 16 de diciembre de 2024.
De acuerdo con la víctima (quien concedió una entrevista a ZETA el miércoles 20), el regidor habría incurrido en violación impropia en su contra el 30 de noviembre de 2024 en su despacho privado, a donde supuestamente la citó para proporcionarle un contrato de prestación de servicios, solicitado por ella para poder exigir la reparación del daño en un asunto con motivo del cual recurrió a él para que la asesorara.
El juez de oralidad antepuso que no iba a resolver respecto a que la carpeta se judicializara.
Explicó que si le pedía a la fiscalía que ya procediera a llevar el asunto por la vía judicial le sería imposible indicarle que cumpliera con tal o cual diligencia, en materia de genética u otro tópico; procedimientos que debieran estar cumplimentados previo a la judicialización de la carpeta.
Las fiscales (Stepanny Reyes y Clarisa Flores) sostuvieron que “de propias constancias se advierte que la víctima ha tenido acceso, participación activa dentro del procedimiento” y pusieron de manifiesto: “no ha sido revictimizada”, toda vez que “sólo se cuenta con una declaración inicial y una ampliación de declaración”.
Una vez esgrimidos sus argumentos para abstenerse de solicitar la judicialización, el juez Acevedo indicó que en todo caso podía solicitarle al Ministerio Público ser diligente en la investigación.
Indicó a la Fiscalía General del Estado no incurrir en dilataciones, no cerrar la comunicación con las partes y acordar por obligación las fechas en que le vaya a dar cumplimiento a tal o cual diligencia.
Por disposición del juez quedó establecido que la denunciante acudirá a la fiscalía el lunes 25 de mayo, acompañada de sus asesores jurídicos, a efecto de reunirse con las MP y trazar una ruta a seguir en el curso de la integración de la carpeta.
Consultada por ZETA la denunciante sostuvo que aun cuando el juez de oralidad no le instó a la Fiscalía a fijar fecha para solicitar la carpeta, al menos le requirió atenderla diligentemente.
“Se va a trabajar de la mano con la fiscalía”, ponderó. “Esperamos que los actos de investigación que yo les he solicitado se ejecuten”, añadió.
¿Qué diligencias aún deben ejecutarse?, se le preguntó.
Respondió que dentro del procedimiento en curso no estaba autorizada para hablar de actos de investigación en específico.
Señaló que fue informada de que en la sede de los Juzgados Penales-Unidad Tijuana La Mesa, en la que tuvo ocasión la audiencia, al regidor se le permitió salir por una puerta alterna, a efecto de no ser abordado por reporteros.
“Quisiera pensar que el Poder Judicial no lo está protegiendo”, externó y se pronunció porque a partir del lunes reciba la atención que por disposición del juez deberá recibir en la fiscalía.
