Una nueva red de despojo de viviendas en Tijuana fue denunciada por el abogado Jorge Fuentes, quien señala la participación de policías municipales, dos jueces y un agente de la Fiscalía General del Estado (FGE), en un caso registrado en los Condominios San Luis, en la zona de Campestre Murúa.
Entre los meses de febrero y marzo de 2026, Fuentes enfrentó el litigio para defender a los propietarios de 192 condominios en Tijuana. Tuvieron que estar al pendiente tanto de las suspensiones parciales como de las definitivas en el Poder Judicial, ante los intentos de despojo que ejecutaron dos abogadas en complicidad con la Policía Municipal, quienes, carentes de documentación, intentaron abrir a la fuerza la oficina administrativa.
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“La sorpresa para nosotros fue que en lugar de que la policía municipal detuviera a estas personas que no llegan acompañadas ni con un actuario, mucho menos un secretario o el juez; simplemente llegan con un cerrajero, rompen la cerradura del primer edificio e ingresan a uno de los inmuebles”, explicó el abogado Fuentes.
El par de abogadas actuó con una suspensión provisional del juicio. Lo que Fuentes sospecha es que hay dos jueces involucrados en el caso. “Este asunto en particular, intervienen dos jueces: el juez tercero de lo civil, Pedro Galaf Hernández y el juez décimo de lo civil, Constantino Ortega Vega. Porque cuando el juez décimo de lo civil, no logran prácticamente sus pretensiones mediante otro juicio, se van con el juez tercero y al accionan otro juicio. Diferente, pero con la misma intención, el desalojo de esas de esos bienes inmuebles, que son los 192”, dijo.
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Además, Fuentes y sus colaboradores presumen que hay un fiscal involucrado: “está adscrito a la especializada de delitos patrimoniales, favorece a este tipo de grupos. Porque nosotros denunciamos una serie de atropellos, una serie de simulación de actas de asamblea. Y lejos de investigar, pues nosotros terminamos siendo los investigados”, detalló.
Los afectados señalan la participación de más funcionarios, incluso del Registro Público de la Propiedad y de notarios públicos en México. “Juan José Chávez Martínez, analista de registro público de la propiedad y comercio. Alberto Samaron Niño, subregistrador de registro público de la propiedad y comercio, ambos de aquí de Tijuana. Notario público 130 del Estado de México, Martín Gilberto Adame López. Y los abogados involucrados en este tipo de situaciones que les comento ilegales, Carlos N, Marisol N, Concepción N y Víctor Manuel N Este último en particular es actualmente magistrado federal de la Ciudad de México, votado en la elección”, señaló el abogado en conferencia de prensa.
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Enfatizando las irregularidades con la inscripción en el Registro Público, Fuentes explicó que incluso se cometió otro delito: “causaron un daño al erario público porque únicamente cobraron 11 mil 450 pesos por la inscripción de un fideicomiso de 192 departamentos, cuando realmente el costo por esta inscripción oscila entre los 2 millones y medio de pesos hasta los 3 millones”, dijo.
“Nosotros detectamos esto en tres juzgados locales, hay más personas involucradas en otros asuntos que tenemos ahorita en trámite, que son seis denuncias”, precisó el abogado Fuentes.
