Con la línea política y discursiva de su antecesor, Andrés Manuel López Obrador, la Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, su gobierno a través de la Secretaría de Relaciones Exteriores y la Fiscalía General de la República han dado un espaldarazo oficial al gobernador de Sinaloa, Rubén Rocha Moya, ante la acusación del Departamento de Justicia de los Estados Unidos, de encabezar un esquema criminal, junto a nueve personas más de su gobierno, para favorecer a la estructura del Cártel de Sinaloa, de Los Chapitos, a cambio de dinero y otras garantías, como su propio triunfo electoral en el 2021.
Bajo la consigna de “Si no existen pruebas claras, es evidente que el objetivo de las imputaciones de EE.UU. es político”, Sheinbaum marcó la pauta para mantener a Rocha Moya como el protegido de la 4T.
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La acusación, presentada ante la Corte para el Distrito Sur de Nueva York como la novena ampliación del expediente original S9 23 Cr. 180., describe al Cártel de Sinaloa como una de las organizaciones criminales más violentas del mundo que ha transformado a Sinaloa en el epicentro geográfico del tráfico mundial de narcóticos. Lo que en los últimos años ha logrado, a partir de invertir miles de millones de dólares en ganancias provenientes del tráfico de fentanilo, heroína, cocaína y metanfetamina, y para garantizar sus operaciones tejió una red de corrupción que abarcó todos los niveles del gobierno local, estatal y federal. Consignando al de Rocha como un narcogobierno.
La acusación advierte que la guerra interna del cártel, desatada desde la detención de Zambada García en julio de 2024, y la lealtad al cártel de los funcionarios corruptos, incluidos los acusados, ha sometido a Sinaloa y a otras zonas de México a una violencia cada vez mayor.
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Aun a pesar de las acusaciones, y la formal petición ante la Secretaría de Relaciones Exteriores, de detener provisionalmente al gobernador en funciones de Sinaloa, el Gobierno de la Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo no lo hará, lo que ha dado confianza a Rocha para asegurar, el jueves 30 de abril, que no solicitará licencia, que seguirá el proceso ejerciendo sus funciones y que es abogado, además.
Analistas, políticos y funcionarios mexicanos se adelantan en sus interpretaciones al momento jurídico que vive el pronunciamiento y solicitud del gobierno estadounidense, para que el gobernador de Sinaloa, Rubén Rocha Moya, sea detenido para ser llamado a cuentas por cargos penales que han fincados en su contra en la Unión Americana.
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Hasta ahora, las autoridades norteamericanas sólo han solicitado -a través de la vía diplomática- una orden de detención provisional con fines de extradición (no la extradición vista como la entrega material del reclamado) del mandatario sinaloense, a quien el Departamento de Justicia de Estados Unidos presentó una acusación junto con otras nueve personas ante el tribunal del Distrito Sur de Nueva York por tráfico de drogas y delitos relacionados con armas.
A los 10 se les acusa de “haberse asociado con el Cártel de Sinaloa para distribuir grandes cantidades de estupefacientes en Estados Unidos”. Sin embargo, la mañana del jueves 30 de abril, la Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo salió en defensa de Rocha Moya, asegurando que el Departamento de Justicia de los Estados Unidos está actuando con motivaciones políticas.
Sheinbaum expresó: “Mi posición ante estos hechos es verdad, justicia y defensa de la soberanía. Lo he dicho siempre de forma clara y hemos actuado en consecuencia; nosotros no vamos a cubrir a nadie que haya cometido un delito, sin embargo, si no existen pruebas claras, es evidente que el objetivo de estas imputaciones por parte del Departamento de Justicia es político. Debe quedar sumamente claro: bajo ningún motivo vamos a permitir la intromisión o injerencia de un gobierno extranjero en las decisiones que le competen exclusivamente al Pueblo de México”.
Ante los comunicados de la Secretaría de Relaciones Exteriores (SER) y la Fiscalía General de la República (FGR), que señalan que no hay pruebas suficientes para que se proceda contra el gobernador de Sinaloa, la abogada y periodista en la Unión Americana, Surya Palacios, aclaró que “el Tratado de Extradición entre México y Estados Unidos no exige que para una detención provisional, que es lo que la Unión Americana está solicitando al gobierno mexicano, se necesiten elementos de prueba o pruebas, como se le quiera denominar”.
“¿Por qué es la detención provisional? Bueno, para evitar una fuga o para evitar algún daño a las víctimas que pudieran verse involucradas. Podríamos decir que no hay víctimas en este caso, así en contra de lo que se está planteando en contra de estos políticos mexicanos; pero este tratado internacional así lo prevé: primero es una detención provisional y, posteriormente, ya vendrá dentro de un plazo de sesenta días, una petición formal para la extradición de la persona que está siendo acusada por Estados Unidos, y ahí sí, se presentan los datos de pruebas con los que se cuenta en la Unión Americana”, aseguró la experta.
Surya Palacios dijo a la cadena radial Notisistema que “al exigir que haya pruebas por parte de la Secretaría de Relaciones Exteriores y por parte de la Fiscalía General de la República, se están adelantando muchísimo al proceso, porque ahorita lo que está solicitando Estados Unidos es que la SRE turne esa solicitud a la FGR, como ya lo hizo; la Fiscalía, sin ningún tipo de dilación e investigación debe solicitar a un juez órdenes de aprehensión para que haya una detención provisional, el juez las debe de emitir y así poder detener a las personas. Eso es lo que establece el tratado de internacional entre los dos países”.
La abogada insiste en que las autoridades mexicanas se están adelantando al proceso y pareciera que ellos son los defensores de las personas imputadas, por lo que cree que el implicado y el sector oficial nacional van a tratar de ganar tiempo, y como dijo Rubén Rocha Moya, “no va a pasar nada”. Mientras tanto, Estados Unidos seguirá presionando y con la ratificación del Tratado de Libre Comercio (TEMEC) en juego, la consecuencia inmediata será grave y económica, detalló la entrevistada.
Sobre una posible incursión de tropas norteamericanas, Palacios expresó que “hace dos años se llevaron al Mayo Zambada; aunque se diga que no participaron elementos de alguna fuerza de seguridad de Estados Unidos, es obvio que ese secuestro para sacar del país a Ismael Zambada necesitaba la participación de una autoridad estadounidense, así de que si, si fueron por un presidente a Venezuela, y ya vinieron o crearon las condiciones para llevarse a un jefe del narcotráfico en México, pues creo que ya con Donald Trump no nos debe de sorprender nada”.
El Tratado de Extradición entre México y Estados Unidos establece en su artículo 11.1 que procedería una detención provisional: “En caso de urgencia, cualquiera de las Partes Contratantes podrá pedir, por la vía diplomática, la detención provisional de una persona acusada o sentenciada. El pedimento deberá contener la expresión del delito por el cual se pide la extradición, la descripción del reclamado y su paradero; la promoverá de formalizar la solicitud de extradición y una declaración de la existencia de una orden de aprehensión librada por autoridad judicial competente o de una sentencia condenatoria en contra del reclamado”.
Se requiere que el o los delitos por los que se acuse a un imputado sean similares y se encuentren tipificados en las legislaciones penales de ambos países, lo que acontece en el caso del tráfico de drogas y los ilícitos relacionados con armas de fuego.
Otros analistas se han adelantado más allá del tema de la detención provisional y aseguran que no se requiere de un juicio de procedencia para retirar el fuero constitucional al gobernador de Sinaloa, para que sea detenido y extraditado a Estados Unidos, argumentando que no se puede oponer una inmunidad a una petición externa; sin embargo, consideran que en México se pretenderá “investigar” a Rubén Rocha Moya para exonerarle y lavar su imagen.
El tema es de tan difícil análisis legal, que la exsecretaria de Relaciones Exteriores, Martha Bárcena, aseguró en sus redes sociales, sin asumir una postura concreta, que el asunto “requiere del consejo y asesoría de excancilleres y los mejores abogados y penalistas de México para analizar las opciones tanto jurídicas como políticas con base en el marco jurídico bilateral. Recordar que se ha pedido la ‘detención provisional’ con fines de extradición”.
ROCHA NO SE SEPARARÁ DEL CARGO, PRESIDENTA LO PROTEGE
El gobernador Rubén Rocha Moya dijo que no pedirá licencia para separarse del cargo y el único temor que tiene es que no le alcance la vida para seguir el proceso, ante las acusaciones del Gobierno de Estados Unidos sobre presuntos vínculos con el Cártel de Sinaloa a él y a otros nueve funcionarios y exfuncionarios.
“No (voy a pedir licencia), yo voy a seguir el proceso, todo el proceso, todo lo que me corresponde. ¿Sabes qué? soy licenciado en matemáticas, yo me la viví de dar clases en matemáticas, pero también soy abogado, egresado de la UNAM, a mucha honra; entonces, conozco los procedimientos”, indicó.
El mandatario dijo no tener ningún temor porque no tiene motivos. “No temo más que tener la suficiente vida para darle seguimiento a todo el procedimiento judicial, si es que este se hace, establece, como sea… no hay de nuestra parte absolutamente nada, nada de que temer. El que nada teme, la pasa bien; el que nada teme, nada tiene que pagar”, mencionó.
Señaló que hasta el momento no ha tenido ningún requerimiento de parte de la Secretaría de Relaciones Exteriores por la solicitud de extradición. Y que el mensaje de la Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo en la conferencia mañanera fue una defensa de la soberanía.
“La Presidenta no hace respaldos personales, la Presidenta lucha por la soberanía de México y la soberanía de México lo componemos todo el pueblo; entonces, lo que ahora hizo, más que respaldos personales a alguien, lo que hizo ahora es defender la soberanía de nuestro país”, indicó.
Efectivamente, la Presidenta Sheinbaum lo defendió, argumentando la soberanía: “Desde que asumí la Presidencia de México juré hacer respetar la Constitución y las leyes. Asimismo, asumí el firme compromiso de velar por el bienestar del pueblo y la defensa de la soberanía nacional. México es un país grandioso con un pueblo generoso y trabajador. México establece una relación de iguales con todas las naciones, nunca de subordinación y menos de entreguismo.
“Como Presidenta de la República, mi posición ante estos hechos es verdad, justicia y defensa de la soberanía. Es decir, si la Fiscalía General de la República, que es la autoridad competente, recibe pruebas contundentes e irrefutables conforme a la legislación mexicana, o en su propia investigación encuentra elementos constitutivos de un delito, deberá proceder conforme a derecho bajo nuestra jurisdicción”.
“Lo he dicho siempre de forma clara y hemos actuado en consecuencia. Nosotros no vamos a cubrir a nadie que haya cometido un delito. Sin embargo, si no existen pruebas claras, es evidente que el objetivo de estas imputaciones por parte del Departamento de Justicia es político. Debe quedar sumamente claro: bajo ningún motivo vamos a permitir la intromisión o injerencia de un gobierno extranjero en las decisiones que le competen exclusivamente al Pueblo de México. Verdad, justicia y defensa de la soberanía”. (Con información de Ríodoce)
