La Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) reveló el 19 de mayo de 2026 que México formuló 269 requerimientos de extradición a Estados Unidos entre el 1 de enero de 2018 y el 13 de mayo del mismo año, sin que Washington haya entregado a ninguna de las personas solicitadas. El anuncio lo realizó Roberto Velasco Álvarez, titular de la SRE, durante la Mañanera del Pueblo encabezada por la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo en el Salón Tesorería de Palacio Nacional.
De los 269 requerimientos formulados, 36 fueron negados por las autoridades estadounidenses y 233 permanecen pendientes de concluir, sin que se haya concretado la entrega de ningún individuo. Velasco Álvarez presentó ante los medios los casos más relevantes de personas cuya extradición México ha solicitado formalmente, entre ellos personas vinculadas al caso de huachicol y al caso Ayotzinapa, de los cuales no se ha recibido respuesta por parte de Estados Unidos.
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La presidenta de la República cuestionó de manera directa la postura de Washington, al señalar que los casos pendientes son de gravedad y que la ausencia de entregas contradice el principio de reciprocidad que debe regir la cooperación bilateral. Sheinbaum Pardo reiteró que México trasladó a más de 90 personas reclamadas por las autoridades estadounidenses que se encontraban en cárceles mexicanas, sin que Washington haya correspondido con entregas equivalentes en ninguno de los casos solicitados por el Gobierno Federal.
La divulgación de estas cifras se produjo en el contexto de la tensión diplomática generada por la solicitud de Estados Unidos, recibida el 28 de abril de 2026, para la detención provisional con fines de extradición del gobernador con licencia de Sinaloa, Rubén Rocha Moya, y de otros nueve funcionarios y legisladores sinaloenses, a quienes el Departamento de Justicia de EE.UU. acusa de presuntos vínculos con el Cártel de Sinaloa. Casi tres semanas después de esa solicitud, la SRE seguía sin recibir las pruebas en que se fundamente la petición, situación que Velasco Álvarez confirmó públicamente el 12 de mayo de 2026.
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La postura del Gobierno Federal se mantuvo consistente a lo largo de las semanas previas: cualquier solicitud de detención de ciudadanos mexicanos debía cumplir con el marco del Tratado de Extradición bilateral y con la legislación nacional. La SRE emitió un comunicado oficial en el que señaló que los documentos entregados por la Embajada de Estados Unidos no anexaban pruebas, e informó que la documentación fue turnada a la Fiscalía General de la República (FGR) para evaluar las solicitudes conforme al marco jurídico mexicano.
El debate respecto a la reciprocidad en materia de extradiciones escaló luego de que Todd Blanche, procurador general interino de Estados Unidos, advirtiera el 6 de mayo de 2026 que la cooperación de líderes del narcotráfico trasladados desde México podría derivar en nuevas acusaciones criminales contra políticos mexicanos, y que el caso de Rocha Moya no sería el último. Ante esa advertencia, el Gobierno de Sheinbaum Pardo sostuvo que la colaboración bilateral avanzaba con resultados medibles, pero dentro de los límites de la soberanía nacional.
