Gustavo Eduardo Alonso Ortiz, juez de control del Centro de Justicia Penal Federal de Morelos, con sede en Xochitepec, dictó el 28 de mayo de 2026 una sentencia absolutoria a favor de Roberto Borge Angulo, ex gobernador de Quintana Roo, por el delito de delincuencia organizada, al determinar que la Fiscalía General de la República (FGR) no acreditó el ilícito. Con el fallo, Borge Angulo abandonará en las próximas horas el Centro Federal de Rehabilitación Psicosocial (CEFEREPSI) de Ayala, Morelos, donde estuvo recluido durante 5 años, 11 meses y 23 días.
“Emití fallo de absolución a favor de Roberto Borge Angulo, por el delito de delincuencia organizada con la finalidad de cometer el delito de operaciones con recursos de procedencia ilícita”, señaló Alonso Ortiz en el acuerdo emitido en calidad de tribunal de enjuiciamiento. El juez indicó además que aplazaría la redacción de la sentencia hasta por un plazo de cinco días, tras lo cual sería notificada a las partes.
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La absolución representa el descarte del cargo más grave que la FGR imputaba al ex mandatario quintanarroense, pues de haber sido hallado culpable, la condena hubiera oscilado entre 20 y 40 años de prisión. Sin embargo, Borge Angulo no recuperará su libertad plena de inmediato, ya que enfrenta un proceso paralelo por lavado de dinero, en el cual, desde el 18 de diciembre de 2023, Marco Antonio Beltrán Moreno, juez de distrito adscrito al Centro de Justicia Penal Federal en el Estado de México, con residencia en Nezahualcóyotl, le concedió la medida cautelar de prisión domiciliaria con brazalete electrónico y el pago de una garantía de 10 millones de pesos. Fuentes allegadas al caso indicaron que en las próximas horas el ex gobernador será trasladado a un inmueble en un municipio del Estado de México, conurbado a la Ciudad de México, donde cumplirá dicha medida. En ese proceso, de demostrarse su plena responsabilidad, la pena oscilaría entre 5 y 15 años de cárcel.
Tanto el caso de delincuencia organizada como el de lavado de dinero se basan en los mismos hechos. Según la FGR, Borge Angulo se aprovechó de su investidura gubernamental —que ejerció del 5 de abril de 2011 al 24 de septiembre de 2016— para rematar a amigos y familiares 22 predios de las reservas del estado en Cancún, Cozumel y Playa del Carmen. Los terrenos fueron vendidos en 238 millones 790 mil 121.98 pesos, cuando su valor real ascendía a mil 138 millones 889 mil 540.15 pesos, lo que representó un quebranto de 900 millones 99 mil 418.77 pesos a las arcas de Quintana Roo. Para concretar las operaciones, según los fiscales federales, se conformó una red de empresas fantasma —entre ellas Estemar del Caribe, Ruta Náutica, Caracol 65, Impulsora Marítima de Quintana Roo y el Caribe, y Siyenat del Caribe— que adquirieron predios en Cancún, Playa del Carmen, Isla Mujeres, Cozumel y Othón P. Blanco.
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En el fuero común, Borge Angulo enfrentó tres procesos: uno por peculado, vinculado al presunto desvío de 594 millones de pesos mediante la subcontratación de servicios aéreos a la empresa paraestatal VIP Servicios Aéreos Ejecutivos S.A. de C.V. entre 2011 y 2013; otro por la entrega irregular de cinco concesiones de carros de golf en Isla Mujeres durante 2015 y 2016; y un tercero por la venta ilegal de 18 predios del estado por 2 mil 519 millones de pesos. Los tres ya no se encuentran vigentes.
Borge Angulo fue detenido el 4 de junio de 2017 en el Aeropuerto Internacional de Tocumen, en Ciudad de Panamá, cuando se disponía a abordar un vuelo con destino a París, Francia. Permaneció recluido durante siete meses en la prisión panameña “El Renacer” hasta que, el 4 de enero de 2018, el Ministerio de Relaciones Exteriores de Panamá lo extraditó a México, entregándolo a autoridades de la entonces Procuraduría General de la República (PGR). Ese mismo día ingresó al CEFEREPSI. El 8 de junio de 2017, la Comisión Nacional de Justicia Partidaria del Partido Revolucionario Institucional (PRI) lo expulsó de sus filas por unanimidad, luego de que sus derechos como militante habían sido suspendidos desde diciembre de 2016.
