El Instituto Nacional Electoral (INE) lanzó este 25 de mayo de 2026 una advertencia pública al Congreso de la Unión en el marco del debate legislativo sobre la reforma electoral que ordenará la creación de la Comisión de Verificación de Integridad en Candidaturas: la autoridad electoral no cuenta con atribuciones ministeriales ni judiciales para determinar si un aspirante representa un “riesgo razonable” de vínculos con la delincuencia organizada, y esa responsabilidad debe recaer en la Fiscalía General de la República (FGR), la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), el Centro Nacional de Inteligencia (CNI) y la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV).
Guadalupe Taddei Zavala, presidenta del Instituto Nacional Electoral (INE), expuso en conferencia de prensa y en un comunicado oficial los alcances y las limitaciones institucionales del organismo ante la iniciativa de reforma a la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales (LGIPE), que la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo presentó el 21 de mayo de 2026 en la conferencia mañanera de Palacio Nacional. Taddei Zavala demandó a los legisladores que en el texto de la reforma quede explícito que el INE operará únicamente como intermediario: recibirá las solicitudes de los partidos políticos para investigar a sus propios aspirantes, las remitirá a las cuatro dependencias competentes y devolverá las respuestas a los partidos sin emitir diagnóstico alguno.
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“El Instituto Nacional Electoral es una autoridad estrictamente administrativa, no es un órgano ministerial ni judicial. La responsabilidad de investigar, perseguir y sancionar posibles vínculos con actividades ilícitas corresponde, de manera exclusiva, a las autoridades de procuración de justicia, inteligencia y seguridad pública. El INE no puede, ni debe, convertirse en juez y parte de una contienda política. Nuestra función constitucional es organizar elecciones, garantizar condiciones de equidad, certeza, legalidad y transparencia. Nuestra función no es validar la integridad de las candidaturas ni calificar los antecedentes de las y los aspirantes”, afirmó la presidenta del INE.
La propuesta presidencial surge de los hallazgos de la Operación Enjambre, operativo en el que han sido detenidos alcaldes y exalcaldes acusados de haber recibido apoyo del crimen organizado para ganar sus elecciones. Entre los casos relacionados con esa operación destaca el del individuo identificado como “El Barbas”, líder del Cártel de Sinaloa, señalado de haberse reunido con los alcaldes de Atlatlahuacan y Cuautla —ambos municipios del estado de Morelos— electos en los comicios de 2024. Sheinbaum Pardo subrayó que la propuesta se aplicará a “cualquier partido político” y que el objetivo central es que no figure en la boleta electoral de 2027 “algún candidato o candidata que hubiera algún riesgo de vínculo con la delincuencia organizada”.
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Según detalló Luisa María Alcalde Luján, consejera jurídica de la Presidencia de la República, la comisión estaría integrada por cinco consejeros electorales, elegidos y votados por el Consejo General del INE para un periodo de tres años. La participación de los partidos políticos en el mecanismo sería voluntaria: los institutos políticos entregarían a la comisión las listas de aspirantes a candidatos; la comisión las remitiría al CNI, la FGR, la UIF y la CNBV; y estas dependencias determinarían, bajo principios de confidencialidad, si existe o no un “riesgo razonable” de vínculos con la delincuencia organizada, sin señalar el asunto específico del que derivara ese posible riesgo. Con base en esa información, cada partido decidiría de forma autónoma si registra o no la candidatura.
Taddei Zavala fue enfática al establecer que la responsabilidad de actuar sobre las respuestas recibidas corresponde en exclusiva a los partidos. “Hay que dejar clarísimo: es responsabilidad total y absoluta de los partidos políticos entregar en principio las listas y, en segundo, hacer caso, o atender la definición de riesgo por parte de estas instancias”, señaló. La presidenta del INE advirtió que de no delimitarse con claridad las facultades institucionales en el texto legal, el organismo quedaría colocado en el centro de la disputa política, lo que vulneraría de manera directa su carácter de autoridad neutral e imparcial frente a todas las fuerzas políticas.
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Al ser cuestionada sobre la capacidad operativa del organismo para asumir esa función, Taddei Zavala señaló que el INE podría desarrollar la estructura necesaria, pero exigió que la legislación también establezca plazos precisos para que las dependencias de seguridad e inteligencia respondan a las consultas. Recordó además que en la elección de 2027 estarán en disputa alrededor de 20 mil cargos de elección popular, lo que implica que más de 140 mil personas participarán como aspirantes a candidatos.
Respecto a la causal de nulidad electoral por intervención extranjera, también contemplada en la reforma, Taddei Zavala informó que el INE deberá emitir lineamientos en coordinación con los Organismos Públicos Locales Electorales (OPLES) y con el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF), para no invadir atribuciones de otros órganos. “Con mucha mesura se tiene que revisar, porque la declaratoria de la nulidad corresponde al Tribunal Electoral, nos mandata al Instituto encontrar las causas y los documentos probatorios, o los hechos que prueben esta posibilidad para que pueda estar en esta cadena jurídica que llegue a declararse la nulidad”, agregó la funcionaria.
La iniciativa, que Sheinbaum Pardo precisó que formaba parte originalmente del Plan A de la reforma electoral —el cual no fue aprobado en su momento—, será discutida y votada por el Congreso de la Unión en el actual periodo extraordinario de sesiones. La presidenta del INE indicó que, una vez aprobada la reforma, el Instituto “asumirá el mandato con responsabilidad”, aunque alertó que persiste un área de oportunidad en la iniciativa en caso de que las facultades institucionales no queden claramente delimitadas en la legislación.
