El INE actuaría solo como enlace entre los partidos y las autoridades de inteligencia, sin facultades para investigar ni pronunciarse sobre candidaturas.
La presidenta del INE exigió que la ley deje en manos de la FGR, UIF, CNI y CNBV, y no del instituto, la determinación de "riesgo razonable" en candidaturas.
La iniciativa, derivada de los hallazgos de la Operación Enjambre, contempla la participación voluntaria de los partidos políticos en el mecanismo de verificación.
