La Fiscalía General de la República (FGR) rechazó el 22 de mayo de 2026, mediante una precisión institucional, que cuente con imputaciones formales que vinculen al vicealmirante Manuel Roberto Farías Laguna y al contralmirante Fernando Farías Laguna con el homicidio de tres elementos de la Secretaría de Marina (SEMAR) y una exempleada de la Fiscalía de Colima. La aclaración surgió horas después de que el diario El Universal publicara un reportaje que, con base en documentos de la solicitud de orden de aprehensión formulada por la propia FGR, atribuía a la organización delictiva de los hermanos Farías Laguna —sobrinos políticos de José Rafael Ojeda Durán, ex titular de la SEMAR durante la Administración del expresidente Andrés Manuel López Obrador— el uso sistemático de la violencia letal para silenciar a quienes intentaron denunciar la red de huachicol fiscal.
En su comunicado, la FGR afirmó que el Ministerio Público Federal no cuenta con ninguna imputación que establezca que las personas señaladas hayan tenido participación en las muertes referidas, y subrayó que las afirmaciones difundidas se sustentan en información de medios de comunicación y no en elementos concluyentes derivados de las investigaciones ministeriales en curso. La institución precisó que no existen datos directos que acrediten la posible intervención de los hermanos Farías Laguna en la privación de la vida de civiles y servidores públicos.
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Sin embargo, el reportaje del diario El Universal, cuya publicación desencadenó la reacción institucional, se basó en la resolución respecto a la petición de orden de aprehensión a la que ese diario tuvo acceso directo. Según esa casa editorial, el documento incluía datos de inteligencia consignados por agentes de investigación de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) Federal que señalaban a los hermanos Farías Laguna. El expediente identificó como presuntas víctimas de ejecución al contralmirante Fernando Rubén Guerrero Alcántar, a Magali Janet Nava Ramos —auxiliar B adscrita a la delegación de la FGR en Colima—, al capitán de navío Abraham Jeremías Pérez Ramírez y al capitán de navío Adrián Omar del Ángel Zúñiga.
Los registros de investigación describen que la organización criminal podía identificar de manera inmediata a las personas que la denunciaban, así como anticiparse a las acciones de la autoridad, particularmente en las aduanas donde ejercía control. La solicitud de orden de aprehensión involucró directamente a ambos hermanos con la muerte del contralmirante Guerrero Alcántar, quien había denunciado, mediante una carta dirigida al entonces titular de la SEMAR, que los Farías Laguna manejaban las designaciones de elementos navales para colocar personas de su confianza en puestos clave dentro de las aduanas. Guerrero Alcántar fue ejecutado en noviembre de 2024 mientras conducía su camioneta en Manzanillo, Colima, días después de haber informado a personal de la SEMAR sobre su periodo vacacional con precisión de los lugares en que se encontraría. Los datos de prueba apuntan a que esa información era del conocimiento exclusivo de personal de la Marina, lo que habría facilitado su ubicación y posterior ejecución.
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Respecto a Magali Janet Nava Ramos, el expediente indica que mantenía una relación sentimental con un integrante de la SEMAR cuya hermana trabajaba en la agencia aduanal de Colima, circunstancia que le permitió conocer el mecanismo de la red delictiva y la colocó en una situación de alto riesgo. La causa penal señala que su ejecución, ocurrida en octubre de 2024, constituyó un acto de represalia y silenciamiento. Las investigaciones consignan que las muertes de Guerrero Alcántar y Nava Ramos comparten el mismo patrón operativo: armas tipo pistola calibre 9 milímetros Luger, dos sicarios en motocicleta y la coadyuvancia de sujetos a bordo de un vehículo.
En cuanto al capitán Pérez Ramírez, el expediente precisa que fue localizado sin vida en septiembre de 2025 en las oficinas de la Unidad de Protección Portuaria de Altamira, Tamaulipas, y que habría recibido sobornos de 100 mil pesos por cada buque con hidrocarburo ilícito que permitiera arribar al recinto portuario de Tampico, Tamaulipas. Respecto al capitán Del Ángel Zúñiga, el expediente establece que su muerte guarda relación con la red criminal del huachicol fiscal, sin precisar mayores detalles.
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La discrepancia entre lo consignado en el expediente de investigación y la posición pública de la FGR se trasladó a la conferencia de prensa matutina de la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo del 22 de mayo de 2026. La mandataria, tras consultar con Ernestina Godoy Ramos, titular de la FGR, calificó de “falso” el contenido del reportaje y respaldó la aclaración institucional de la fiscalía. Agregó que la Consejería Jurídica de la Presidencia, a cargo de Luisa María Alcalde Luján, prepara un programa semanal de verificación de información para difundir a partir de junio de 2026.
Los hermanos Farías Laguna son investigados por encabezar la red delictiva conocida como “Los Primos”, que presuntamente permitió el ingreso ilegal de al menos 31 buques cargados con combustible de contrabando a las aduanas de Altamira y Tampico, Tamaulipas, entre 2023 y 2025, con un quebranto al fisco federal estimado en 600 mil millones de pesos. Manuel Roberto Farías Laguna permanece recluido desde el 2 de septiembre de 2025 en el Centro Federal de Readaptación Social (CEFERESO) número 1, El Altiplano, en el municipio de Almoloya de Juárez, Estado de México, bajo prisión preventiva oficiosa. Fernando Farías Laguna, detenido el 23 de abril de 2026 en Buenos Aires, Argentina, aguarda la resolución de su proceso de extradición a México. La solicitud de orden de aprehensión que originó la controversia fue formulada con base en las investigaciones de la causa penal cuya reformulación ordenó la jueza federal Mariana Vieyra Valdés, titular de la judicatura del Centro de Justicia Penal Federal con sede en Almoloya de Juárez.
