Severo Flores Mendoza, el Rey Mago, solicita protección judicial contra posible orden de aprehensión y extradición. En 2022 la OFAC exhibió sus nexos con el narcotráfico. Pese a reprobar exámenes de confianza, escaló en la seguridad de Jalisco
Severo Flores Mendoza, el hombre de las mil sombras y el alias místico, ha vuelto a asomar la cabeza desde la clandestinidad para intentar frenar la maquinaria judicial que se cierne sobre él.
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En un movimiento que delata su temor a ser capturado o entregado a la justicia extranjera, el sujeto identificado como el Rey Mago, acudió recientemente ante un Juzgado de Distrito en Materia Penal en el Estado de México, con sede en Toluca, para presentar una demanda de amparo.
Sin embargo, la justicia federal no le ha otorgado un cheque en blanco; por el contrario, el juez le ha exigido que aclare su demanda de protección, pues en su escrito inicial las contradicciones son tan evidentes como su oscuro pasado.
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Mientras que en un capítulo reclama una ilegal orden de aprehensión o privación de la libertad, en sus antecedentes confiesa haber huido de su domicilio tras enterarse por fuentes informales de que existía un mandamiento judicial en su contra por delincuencia organizada y una orden con fines de extradición hacia los Estados Unidos.
Esta falta de certeza sobre lo que realmente pretende reclamar ha obligado al órgano de control constitucional a prevenirlo para precisar la litis, en un momento donde su nombre ha vuelto a cobrar relevancia en los expedientes de la Fiscalía General de la República (FGR) como una pieza clave en la infiltración del crimen organizado en las estructuras municipales de Jalisco.
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La caída en desgracia de este exjefe policial no es un evento fortuito, sino el desenlace de una trayectoria que durante años caminó por la delgada línea que separa a la ley del narcotráfico.
El 2 de junio de 2022, el Departamento del Tesoro de los Estados Unidos, a través de la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC), asestó un golpe mediático y financiero al colocar a Flores Mendoza en su lista negra de cabecillas del narcotráfico.
En aquel entonces, el sujeto no era un prófugo, sino el mismísimo Comisario de Seguridad Pública de Ameca y coordinador de jefes policiales en la Región Valles, una zona estratégica que comprende 14 municipios de Jalisco.
La designación estadounidense no fue un señalamiento aislado; lo vinculaba directamente como informante del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG), acusándolo de recibir sobornos a cambio de filtrar información privilegiada sobre operativos policiales a la organización criminal liderada por Nemesio y/o Rubén Oseguera Cervantes, el Mencho.
En ese mismo listado aparecieron figuras de alto perfil criminal como Julio César Montero Pinzón, apodado el Tarjetas, operador en Puerto Vallarta y sicario ligado al atentado contra Omar García Harfuch en 2020, así como familiares directos de Saúl Alejandro Rincón Godoy, el Chopa, el abatido jefe de plaza que servía de enlace directo con la cúpula del cártel.
Para las autoridades de la Unión Americana, el Rey Mago era un facilitador indispensable para que el CJNG mantuviera su expansión territorial y su capacidad de traficar fentanilo y otras drogas letales hacia el norte.
En aquél entonces, Brian E. Nelson, subsecretario del Tesoro para Terrorismo e Inteligencia Financiera, fue enfático al señalar que la violencia y la corrupción, encarnadas en personajes como Flores Mendoza, son las fuerzas que permiten a los líderes prófugos evadir la justicia y continuar sus operaciones.
A pesar de la gravedad de estas acusaciones internacionales, en México la respuesta inicial fue tibia. Si bien el alcalde de Ameca, Juan Valentín Serrano Jiménez, lo separó del cargo tras el anuncio de la OFAC para facilitar las investigaciones y tratar de calmar a una población asustada, el entonces gobernador Enrique Alfaro Ramírez declaró inicialmente que el comisario no contaba con denuncias vigentes en el país, aunque admitió que sobre él pesaba el antecedente de una orden de aprehensión previa en 2015.
El historial de Severo Flores Mendoza es el retrato de un sistema de seguridad pública vulnerable y permeado. Sus antecedentes se remontan a su gestión como director de Seguridad Pública en Cocula entre 2012 y 2015, periodo en el cual la corporación tuvo que ser desarmada por sospechas fundadas de favorecer a la delincuencia organizada, lo que obligó a la intervención de la Policía Estatal.
Ya desde 2014 se sabía que Flores Mendoza no era apto para el servicio, pues había reprobado los exámenes de control y confianza exigidos por el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP).
No obstante, mediante argucias legales y omisiones administrativas, logró mantenerse en el poder e incluso escalar peldaños en la jerarquía policial del estado.
En 2015, logró evadir una orden de captura emitida por un juez local gracias al juicio de amparo 259/2015, una táctica que hoy intenta repetir desde la sombra.
Su paso por Ameca tampoco estuvo exento de señalamientos en materia de derechos humanos; la Comisión Estatal de Derechos Humanos de Jalisco emitió la recomendación 13/2021 debido a su inoperancia para prevenir y buscar a víctimas de desaparición forzada a manos de particulares, una de las llagas más profundas de la región.
Tras un periodo de relativo silencio posterior a su destitución en 2022, el nombre de Severo Flores emergió nuevamente en febrero de 2026, ahora vinculado a un escándalo de corrupción y violencia en el municipio de Tequila.
La Fiscalía General de la República lo ha identificado como un operador fundamental en la red criminal que presuntamente encabezaba el ahora detenido alcalde de Tequila, Diego Rivera Navarro.
Según las investigaciones federales, Flores Mendoza actuaba como el enlace de comunicación y operación entre el ayuntamiento y el CJNG, facilitando delitos de alto impacto como secuestros, extorsiones y el cobro de cuotas a los empresarios del sector tequilero.
Aunque el exalcalde Rivera Navarro, desde su reclusión en el penal federal de Almoloya de Juárez, ha intentado desvincularse de la organización criminal y asegura no conocer al llamado Rey Mago, las pruebas presentadas ante el juez de control sugieren lo contrario.
El juzgador determinó que existen datos suficientes para procesar al exedil por delincuencia organizada y secuestro, estableciendo que la estructura delictiva operaba con total impunidad desde las oficinas gubernamentales.
Mientras tanto, el Rey Mago sigue prófugo, moviendo sus piezas legales desde algún rincón del Estado de México o Jalisco, tratando de convencer a un juez federal de que es una víctima de persecución ilegal, cuando en realidad las agencias de ambos lados de la frontera lo señalan como el policía que decidió traicionar su placa para servir a la organización criminal más violenta del país.
Su reaparición en los tribunales mediante la demanda de amparo no es un acto de rendición, sino un intento desesperado por blindarse ante una posible captura con fines de extradición que lo obligue a rendir cuentas en los Estados Unidos, donde su nombre ya está escrito con tinta indeleble en los expedientes de la corrupción transnacional.
