La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo anunció el 18 de mayo de 2026 que enviará al Congreso de la Unión una reforma constitucional para posponer al domingo 4 de junio de 2028 la segunda elección del Poder Judicial federal y local, originalmente prevista para 2027, e introducir modificaciones al modelo de votación, reducción de candidaturas y nuevos filtros de evaluación de aspirantes.
La iniciativa fue presentada durante la conferencia mañanera en Palacio Nacional por Luisa María Alcalde Luján, titular de la Consejería Jurídica del Ejecutivo Federal, quien explicó que celebrar la jornada en 2027 implicaría una operación electoral compleja: los ciudadanos tendrían que trasladarse a casillas distintas para votar por cargos políticos y por cargos judiciales en la misma fecha.
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“Si fuera en este momento en el 27, la elección tendría que ser en casillas distintas. La gente tendría que ir a votar por gobernador, presidentes municipales y diputados en una casilla y luego moverse a otra casilla para votar por el Poder Judicial”, afirmó Sheinbaum Pardo.
En la elección del 4 de junio de 2028 se renovarán, en el ámbito federal, cuatro magistrados electorales de la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF), 463 magistrados de Tribunales Colegiados de Circuito y 385 jueces de Distrito. En el ámbito local, se elegirán 424 magistrados y 2 mil 831 jueces en 25 estados de la República.
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Una de las modificaciones centrales de la propuesta es la reducción del número de candidatos en las boletas. Según el esquema planteado, los comités de evaluación del Ejecutivo, Legislativo y Judicial seleccionarán a las cuatro personas mejor evaluadas por cargo y, mediante insaculación pública, reducirán la lista a dos candidaturas por cargo y especialidad, con paridad de género. Bajo ese esquema, los candidatos a la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) pasarían de 81 a 54; los del Tribunal de Disciplina Judicial (TDJ), de 45 a 30, y los del TEPJF, de 63 a 42.
La iniciativa también prevé la creación de una Comisión Coordinadora integrada por representantes de los comités de evaluación de los tres Poderes, con la función de verificar el cumplimiento de requisitos formales de todos los aspirantes y establecer criterios y metodologías unificadas de evaluación y selección, incluyendo exámenes de conocimiento. “Queremos mostrar cómo estamos estableciendo en la Constitución reglas más claras respecto a la boleta”, sostuvo Alcalde Luján.
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Respecto a la organización del proceso, la propuesta plantea que las elecciones judiciales y las ordinarias puedan realizarse en la misma ubicación, siempre que los representantes de partidos políticos no intervengan en la jornada judicial. Asimismo, el escrutinio y cómputo de votos se efectuaría directamente en las casillas donde se emitieron los sufragios, y no en los consejos distritales, como ocurrió en la elección judicial de 2024. El Instituto Nacional Electoral (INE) dividiría el territorio en los distritos judiciales necesarios para que cada ciudadano vote únicamente por un juez y un magistrado por materia.
Entre las modificaciones adicionales, la iniciativa adelantaría tres meses el plazo para que el Senado de la República emita la convocatoria general —de septiembre a abril del año previo a la elección— con el fin de ampliar el tiempo disponible para la evaluación de aspirantes. Se crearían también dos secciones en la SCJN para atender asuntos menores y liberar al Pleno para resolver los de mayor relevancia. En caso de que algún juez o magistrado se ausente por muerte, renuncia o destitución, el cargo quedaría vacante para renovarse en la siguiente elección, en lugar de ser ocupado por el candidato en segundo lugar, como establece la norma vigente.
La mandataria nacional precisó que la elección de 2028 podrá realizarse de manera concurrente con un eventual proceso de revocación de mandato presidencial, si este se solicitara conforme al artículo 35 constitucional. “En caso de que haya revocación de mandato en 2028, se hace el mismo día”, afirmó.
La reforma también obligaría a los poderes judiciales locales a homologar sus procesos con el esquema federal en cuanto a bases, etapas, procedimientos, plazos, requisitos y duración de cargos. Además, los jueces y magistrados electos quedarían sujetos a capacitación permanente bajo la supervisión del Tribunal de Disciplina Judicial y la Escuela Judicial, con criterios, metodologías y plazos que definiría la legislación secundaria. Las elecciones judiciales posteriores a 2028 seguirían siendo concurrentes con procesos ordinarios —en 2030, 2033, 2036 y los años subsecuentes— para renovar las vacantes que se generen.
