El Partido Acción Nacional (PAN) presentó el 7 de junio de 2026 una denuncia ante la Corte Penal Internacional (CPI) contra el expresidente Andrés Manuel López Obrador y diversas organizaciones criminales, por posibles delitos de lesa humanidad cometidos durante su gestión al frente del Gobierno Federal de 2018 a 2024. La acción legal fue anunciada en Ciudad de México por la dirigencia nacional del partido.
Jorge Romero, presidente nacional del PAN, señaló que el sexenio de López Obrador dejó un saldo de más de 200 mil homicidios, más de 150 mil personas desaparecidas, miles de masacres, el reclutamiento forzado de jóvenes, el desplazamiento de comunidades enteras y amplias regiones del territorio nacional bajo el control de los cárteles del narcotráfico. Cifras del Colegio de México respaldan parcialmente ese diagnóstico: durante el periodo comprendido entre 2019 y septiembre de 2024, el número de homicidios ascendió a 193 mil 377, la cifra más alta registrada en las últimas décadas frente a administraciones anteriores. En ese mismo periodo, los casos de personas desaparecidas sumaron 51 mil 837, casi el doble de los 33 mil registrados durante el sexenio de Enrique Peña Nieto.
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La denuncia panista sostiene que la crisis de inseguridad que atraviesa México no es producto de hechos delictivos aislados, sino de una colaboración deliberada y sistematizada del Estado mexicano que permitió —y en opinión del partido incluso propició— el establecimiento y el fortalecimiento del crimen organizado en el país. El documento señala que entre 2018 y 2024 se implementó una política de cesión de soberanía frente a los grupos criminales, con casos emblemáticos en Sinaloa, Tamaulipas y Michoacán, entre otros estados.
Germán Martínez, diputado del PAN, afirmó en un video difundido en las redes sociales del partido que la ola de violencia registrada durante ese sexenio no fue resultado de la casualidad, sino de “una decisión política perfectamente sistemática y calculada” antes y después de que López Obrador llegara al poder. Por su parte, integrantes del partido precisaron que la estrategia de seguridad denominada “abrazos, no balazos” no solo fortaleció a las organizaciones criminales, sino que “degradó la frontera entre el poder político y el poder criminal”. “Cuando el Estado deja de combatir a los cárteles, estos acumulan dinero, armas, territorio e influencia y, tarde o temprano, ese poder se infiltra en la política”, señaló el PAN en su comunicado.
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El partido también hizo referencia a los casos de Rubén Rocha Moya, gobernador con licencia de Sinaloa señalado por el Departamento de Justicia de Estados Unidos (DOJ, por sus siglas en inglés) por presuntos vínculos con el narcotráfico, así como de Alfonso Durazo Montaño, gobernador de Sonora, y Américo Villarreal Anaya, gobernador de Tamaulipas, como ejemplos de la presunta penetración del crimen organizado en el poder político durante la denominada Cuarta Transformación.
El PAN justificó el recurso a la CPI al señalar que en México “ya no existen las condiciones para confiar en que estos hechos sean investigados con plena independencia”, debido a que las fiscalías carecen de autonomía real y a que, en su opinión, el Poder Judicial fue capturado por Morena. La Organización de las Naciones Unidas (ONU) define los crímenes de lesa humanidad como actos atroces que incluyen asesinatos, torturas, desapariciones forzadas, esclavitud y violencia sexual, entre otros. El partido precisó que será un organismo internacional, y no las autoridades judiciales mexicanas, quien deberá resolver sobre la presunta responsabilidad del exmandatario.
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Acción Nacional afirmó que continuará denunciando los hechos que a su juicio demandan rendición de cuentas. “Las víctimas merecen verdad, justicia y rendición de cuentas. Y a los delincuentes la justicia tarde o temprano los alcanzará”, concluyó el comunicado del partido.
