La jueza de distrito Katherine Polk Failla, del Tribunal Federal del Distrito Sur de Nueva York, ordenó que las partes comparezcan para una conferencia inicial el 1 de junio de 2026 al mediodía en el caso contra Gerardo Mérida Sánchez, general de División retirado y exsecretario de la Secretaría de Seguridad Pública (SSP) de Sinaloa, quien se entregó a las autoridades de EE.UU. el 11 de mayo de 2026 en Arizona y enfrenta cargos de narcotráfico en conexión con la llamada trama Rocha Moya.
Jay Clayton, fiscal del Distrito Sur de Nueva York, envió una carta a la jueza Polk Failla en la que indicó que las partes estaban disponibles para celebrar la conferencia inicial los días 3, 4, 5, 10, 11 y 12 de junio de 2026, o en cualquier fecha posterior. Sin embargo, la jueza anticipó la comparecencia al 1 de junio. En la misma comunicación, la Fiscalía federal solicitó a la jueza Polk Failla que excluyera de los plazos de la Ley de Juicio Rápido el tiempo transcurrido “hasta la próxima fecha de conferencia” que las partes le pidieron determinar, a partir del 3 de junio, para facilitar discusiones previas al juicio. La defensa expresó su conformidad con esas solicitudes.
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La jueza Sarah Netburn, que presidió la audiencia de lectura de cargos del 15 de mayo de 2026, había ordenado previamente “parar el reloj” en el proceso judicial que sigue la Ley de Juicio Rápido hasta el 1 de junio, fecha en que los plazos correrían de nuevo. En esa comparecencia, Mérida Sánchez se declaró no culpable de las acusaciones en su contra: conspiración para importar narcóticos, posesión de armamento y conspiración para poseer armamento, cargos que en conjunto contemplan una pena máxima de cadena perpetua.
La representación legal de Mérida Sánchez recayó en Sarah Rebecca Krissoff, exfiscal adjunta federal especializada en fraude financiero, lavado de dinero, crimen organizado y delitos cibernéticos, según confirmó la Corte del Distrito Sur de Nueva York el 18 de mayo de 2026. El exfuncionario sinaloense optó por no contratar un abogado privado, por lo que el tribunal le asignó a Krissoff, egresada de la Facultad de Derecho de la Universidad de Columbia, quien se desempeñó en el Distrito Sur de Nueva York de 2008 a 2021 y desde ese año forma parte de la firma Cozen O’Connor.
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Mérida Sánchez es señalado por las autoridades de EE.UU. como una pieza importante en la trama que involucra al gobernador con licencia de Sinaloa, Rubén Rocha Moya, y a otros ocho funcionarios y exfuncionarios de esa entidad. Según la acusación del Departamento de Justicia de EE.UU. (DOJ), Mérida Sánchez recibió sobornos de hasta 100,000 dólares mensuales de la facción del Cártel de Sinaloa conocida como “Los Chapitos” —identificados en el expediente como Iván Archivaldo Guzmán Salazar, alias “El Chapito”, y Ovidio Guzmán López, alias “El Ratón”— a cambio de información sobre operativos contra narcolaboratorios. Se desempeñó como titular de la SSP de Sinaloa entre 2023 y 2024, durante la administración de Rocha Moya.
La acusación formal contra Mérida Sánchez forma parte del expediente S9 23 Cr. 180, novena ampliación presentada el 29 de abril de 2026 por el Gran Jurado del Distrito Sur de Nueva York ante la jueza Polk Failla. El caso, desclasificado conjuntamente por Clayton y el director de la Administración para el Control de Drogas de EE.UU. (DEA), Terrance C. Cole, señala que los diez acusados —entre ellos el propio Rocha Moya, el senador morenista Enrique Inzunza Cázarez y el alcalde con licencia de Culiacán, Juan de Dios Gámez Mendívil— conspiraron con “Los Chapitos” para importar fentanilo, heroína, cocaína y metanfetamina hacia territorio estadounidense, a cambio de apoyo electoral y millonarios sobornos. Los cargos contemplan penas que van desde 40 años de prisión hasta cadena perpetua para la mayoría de los imputados.
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Mérida Sánchez fue el primero de los diez acusados en entregarse voluntariamente a las autoridades de EE.UU., al cruzar hacia Arizona desde Hermosillo el 11 de mayo de 2026, y fue trasladado al Centro de Detención Metropolitano de Brooklyn, en Nueva York. El exsecretario de Administración y Finanzas de Sinaloa, Enrique Alfonso Díaz Vega, se entregó días después, el 15 del mismo mes y año, mientras que los ocho acusados restantes permanecen en México, donde la Fiscalía General de la República (FGR) mantiene abiertas sus propias investigaciones para determinar si la documentación enviada por las autoridades estadounidenses reúne los estándares exigidos por la legislación nacional.
