Un tribunal federal en San Diego, California, sentenció el 22 de abril de 2026 a Eduardo Mendoza, alias “Casper”, a 15 años de prisión por encabezar una organización de tráfico de fentanilo y metanfetamina abastecida por el Cártel de Sinaloa; su hermano Francisco Javier Mendoza, alias “Pancho”, había recibido el 17 de abril del mismo mes y año una condena de 10 años por el mismo delito. Ambos son originarios de Niland, California, y operaban en el condado de Imperial, en la frontera entre EE.UU. y México.
La investigación, desarrollada durante varios años mediante intervenciones telefónicas, permitió identificar a la Organización de Tráfico de Drogas Mendoza (DTO, por sus siglas en inglés), que obtenía los estupefacientes de una fuente vinculada al Cártel de Sinaloa con sede en Mexicali, Baja California, México, para después distribuirlos en el Valle Imperial y en otros estados, llegando hasta Nueva York. Eduardo Mendoza, de 33 años, fue el acusado principal en una acusación formal que comprendió a 12 imputados por conspiración para distribuir metanfetamina y fentanilo.
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En su acuerdo de culpabilidad, Eduardo Mendoza reconoció haber participado en la conspiración entre al menos 2020 y la fecha de su arresto, ocurrido en junio de 2024 en el estado de Oregón, mientras que Francisco Javier Mendoza, de 35 años, fue detenido en el Valle Imperial, California, en el marco de una operación simultánea en múltiples distritos. Durante la investigación, los agentes decomisaron en distintas ocasiones cargamentos de fentanilo y metanfetamina atribuidos a la organización: el 12 de abril de 2021, incautaron aproximadamente 30,000 pastillas de fentanilo —equivalentes a 3.18 kilogramos— en el Valle Imperial, y en esa misma fecha confiscaron droga camuflada en huevos de Pascua en Nueva York; el 24 de diciembre de 2021, decomisaron alrededor de 9.64 kilogramos de metanfetamina en Las Vegas, Nevada.
“Imperial Valley. Nueva York. Las Vegas. Oregón”, declaró Adam Gordon, titular de la Oficina del Fiscal Federal para el Distrito Sur de California (USAO-SDCA, por sus siglas en inglés). “Esta fue una investigación de amplio alcance contra traficantes de drogas prolíficos. Pero intervenimos sus teléfonos, decomisamos su droga y los llevamos ante la justicia”, afirmó el fiscal. Por su parte, Kevin Murphy, agente especial en funciones a cargo de Investigaciones de Seguridad Nacional (HSI, por sus siglas en inglés) en San Diego, señaló que la sentencia representa “una victoria significativa en nuestra lucha continua contra las organizaciones criminales transnacionales que amenazan la seguridad de nuestras comunidades”.
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El caso fue investigado por una veintena de agencias federales, estatales y locales, entre ellas la Administración para el Control de Drogas (DEA, por sus siglas en inglés), la Patrulla Fronteriza de EE.UU., la Oficina de Alcohol, Tabaco, Armas de Fuego y Explosivos (ATF, por sus siglas en inglés) y el Servicio de Inspección Postal de EE.UU., entre otras. La acusación estuvo a cargo de las fiscales auxiliares Shivanjali Sewak y Kevin Mokhtari, bajo el número de caso 24-cr-0504-CAB.
La causa forma parte de la iniciativa de la Fuerza de Tarea de Seguridad Nacional (HSTF, por sus siglas en inglés), establecida mediante la Orden Ejecutiva 14159 del Gobierno de EE.UU., cuyo objetivo es desmantelar cárteles, pandillas extranjeras y organizaciones criminales transnacionales que operan dentro y fuera del territorio estadounidense, con especial énfasis en los delitos relacionados con el tráfico de menores y la remoción de extranjeros con antecedentes de violencia.
