Ernestina Godoy Ramos, titular de la Fiscalía General de la República (FGR), informó el 8 de abril de 2026 que 145 víctimas del descarrilamiento del Tren Interoceánico ocurrido el 28 de diciembre de 2025 en la comunidad de Nizanda, municipio de Asunción Ixtaltepec, Oaxaca, optaron por concluir el conflicto mediante la justicia alternativa, con la firma de acuerdos reparatorios. La aceptación de la reparación integral del daño derivó en la extinción de la acción penal correspondiente. El siniestro dejó un saldo de 14 personas fallecidas y 98 lesionadas.
De las 145 personas beneficiadas con la reparación integral, 114 son adultos y 31 son niñas, niños y adolescentes. En paralelo, Godoy Ramos confirmó que la empresa operadora del ferroviario decidió otorgar el perdón por el delito de daño en bienes, lo que derivó en el descarte de la investigación por ataques a las vías de comunicación. La titular de la FGR subrayó que las investigaciones determinaron que el descarrilamiento no se debió a problemas en la obra ni a deficiencias en la infraestructura: los peritajes técnicos verificaron que tanto la vía en el punto del siniestro como las locomotoras cumplían con las normas oficiales mexicanas aplicables.
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“Tengan la certeza de que hemos dispuesto de todas las capacidades institucionales para llegar a la verdad de los hechos, obtener justicia, que se repare el daño y evitar la impunidad”, afirmó Godoy Ramos ante medios de comunicación.
Según los resultados de la investigación presentados por la FGR, los ministerios públicos acreditaron la comisión de los delitos de homicidio culposo y lesiones culposas con la participación del maquinista, el conductor y el jefe de despacho. El caso fue judicializado el 27 de enero de 2026, se obtuvieron órdenes de aprehensión y de cateo, y posteriormente la autoridad judicial emitió autos de vinculación a proceso contra los tres operadores. La caja negra de la locomotora reveló que el convoy circulaba a velocidades de hasta 111 kilómetros por hora en tramos rectos donde el límite máximo permitido era de 70 kilómetros por hora, es decir, 41 kilómetros por hora por encima del límite autorizado. En la curva donde ocurrió el descarrilamiento, el tren transitaba a 65 kilómetros por hora cuando el límite establecido era de 50 kilómetros por hora.
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Los dos operadores detenidos son Felipe de Jesús Díaz Gómez, maquinista del convoy, capturado el 26 de enero de 2026 en el municipio de Palenque, Chiapas, y Ricardo Mendoza Cerón, jefe de despachadores, detenido el 27 de enero de 2026 por no supervisar ni intervenir antes ni después del descarrilamiento. La FGR concluyó que la correlación de los fallecimientos y las lesiones se derivó del exceso de velocidad negligente atribuible al maquinista, así como de la omisión del conductor y del jefe de despacho para evitarlo.
El accidente se registró a las 09:28 horas del 28 de diciembre de 2025, cuando el convoy que cubría la Línea Z del Corredor Interoceánico del Istmo de Tehuantepec, con destino a Coatzacoalcos, Veracruz, se salió de la vía en una curva pronunciada en las inmediaciones de Nizanda. A bordo viajaban 241 pasajeros y nueve integrantes de la tripulación distribuidos en dos locomotoras y cuatro vagones. Entre las víctimas mortales figuran Elena Solorza Cruz, María Antonia Rosales Mendoza, Bersain Cruz López, María Concepción Barbosa Acevedo, Israel Enrique Gallegos Soto, Inés Alvarado Rojas, Amada Rasgado Lázaro, Patricia Medina Pérez, Luisa Camila Serrano Moreno, María Luisa Pasaron González, Raúl López Cruz, Rogelio Alfonso Luna Luna, Honoria Medina Pérez y Hilda Alcántara Alvarado, quien falleció el 1 de enero de 2026 en un hospital a consecuencia de las lesiones sufridas.
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El 5 de enero de 2026, un grupo de víctimas del descarrilamiento del Ferrocarril del Istmo de Tehuantepec (FIT) presentó una denuncia penal ante la FGR contra constructoras, contratistas y funcionarios públicos por presuntas irregularidades en la construcción, supervisión y operación del proyecto ferroviario. Entre las empresas señaladas en ese momento figuraban Comsa Infraestructura, Grupo Constructor Diamante y Daniferrotools. Sin embargo, los peritajes presentados por la FGR el 8 de abril de 2026 descartaron que la infraestructura o el material rodante presentaran fallas.
