La Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat) negó la autorización de la Manifestación de Impacto Ambiental (MIA) para la rehabilitación del malecón de Playas de Tijuana presentada por Urbanizadora ROMA, S.A. de C.V.
El martes 21 de abril de 2026 fue notificada la negativa a la empresa, la cual había iniciado el trámite diez meses atrás (6 de junio de 2025) en una estrategia que pretendía obtener el permiso en menor tiempo.
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Según versiones extraoficiales, la resolución sobre la MIA debió ocurrir en agosto del año pasado. Pero fue emitida con retraso, en abril 2026, ya que el Ayuntamiento no presentaba la conclusión de los procedimientos de la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa), al parecer, por disputas dentro el equipo del alcalde Ismael Burgueño Ruiz
La secretaria de Desarrollo Territorial y Urbano (SDTU), Virginia Vargas González, con la que “había avanzado el trámite”, quedó relegada una vez que la batuta de la rehabilitación del malecón fue tomada por la síndica Teresita de Jesús Balderas Beltrán, revelaron.
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Lo cierto es que meses antes de que Semarnat negara la MIA a Urbanizadora ROMA, el oceanógrafo Jorge Nava Jiménez fue contratado, por adjudicación directa, para elaborar otra Manifestación de Impacto Ambiental para el malecón de Playas de Tijuana; según una relación de obras del Ayuntamiento, el contrato DOIUM-2025-DCO-AD-001 fue por un millón 279 mil 480 pesos, del 7 de abril de 2025, con una vigencia al 18 de mayo de 2025.
A decir de la síndica, la razón de las dos MIA es que Urbanizadora ROMA “tenía que tener su propio proyecto para ejecutar esas obras de mitigación de riesgo”.
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Versión que contrasta con el documento presentado por Urbanizadora ROMA, en el que incluso hace referencia a los trabajos hechos, los que faltan para concluir el malecón con todo y mobiliario, y donde estima la inversión requerida.
La versión de la síndica también contradice lo expuesto por Virginia Vargas en julio de 2025, cuando la titular de SDTU afirmó que la MIA presentada por Urbanizadora ROMA daba la oportunidad de que la revisión fuera en 90 días, en lugar de que fuera promovida por el Ayuntamiento, acción que implicaría más tiempo. La funcionaria incluso aseguró que Urbanizadora ROMA cedería los derechos de la MIA al Ayuntamiento.
En entrevista con ZETA, la síndica dijo que la MIA del oceanógrafo ya fue presentada a Profepa (donde continúan abiertos dos procedimientos administrativos: por incumplir la concesión de destino y por hacer obras sin permiso en el gobierno pasado). No obstante, evadió hablar de los cambios que habría hecho el gobierno de Burgueño al proyecto ejecutivo. “Todavía no te pudiera hablar que existe un proyecto, pudiera ser el alcalde. Ni siquiera yo se lo he solicitado”, indicó.
Hasta el cierre de edición, Burgueño Ruiz seguía sin presentar el proyecto de rehabilitación del malecón que pretende hacer, pese a que faltan cinco meses para que se cumplan dos de los tres años de su gestión.
En un recorrido hecho por ZETA por el área donde antes estaba el malecón de madera, se observa que fueron construidos muros de contención de concreto, y se colocaron gaviones en diferentes puntos, como en la estación de los rescatistas de los Bomberos. Trabajos que modificaron la línea costera y por los que el Ayuntamiento tiene que actualizar la declaratoria de uso. Un trámite que es “muy largo”, pues debe hacerse ante la Dirección General de Zona Federal y Ambientes Costeros en Ciudad de México, que trae un “rezago brutal”, pues en el sexenio de Peña Nieto resolvían hasta seis mil expedientes por año, y en el gobierno anterior en un año resolvieron 30, señalaron especialistas.
¿UN MISMO PROYECTO?
Según la MIA negada a Urbanizadora ROMA, hacer las obras restantes del malecón llevará casi un año (48 semanas) y se requerirá una inversión de 129 millones 592 mil 321.50 pesos.
Estimaciones, de tiempo y dinero, que son menores a lo proyectado por la titular de SDTU, quien en julio del año pasado declaró que la construcción del malecón podría costar 300 millones y durar 14 meses.
Respecto a por qué el alcalde buscará recurso federal para terminar la rehabilitación del malecón, cuando originalmente la obra iba a ser financiada con recurso propio, la funcionaria local aseveró: “No sabemos que vaya a traer esa MIA, no sabemos si las obras tengan algún costo mucho más elevado del que pudiera estar presupuestado dentro del alcance del municipio”.
En la MIA negada a Urbanizadora ROMA se enumeran las obras restantes para la rehabilitación del malecón; algunas de ellas son: reconstrucción de dos andadores peatonales con colocación de concreto estampado y pigmentado; instalación de regaderas de enjuague para los usuarios en el área de ejercicios al aire libre; colocar mobiliario urbano como cestos de basura, bancas, pergolados y sombras, así como rampas para acceso de personas con discapacidad.
Aunque también se señalan obras por hacer, como la estabilización de taludes en todo el trayecto del malecón turístico por medio de gaviones, y en particular en las inmediaciones de la Estación de Bomberos 14, por medio de cajones Terramesh, éstas ya se habrían hecho.
DENUNCIA PODRÍA DERIVAR A PECULADO Y COHECHO
El 15 de abril, la síndica Teresita Balderas dio a conocer que el Ayuntamiento presentó una denuncia ante la Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción (FECC) contra exfuncionarios y empresas contratadas por el gobierno de Montserrat Caballero para rehabilitar el malecón, a las que se les pagó prácticamente 200 millones de pesos sin haber terminado los trabajos.
Resulta contradictorio que, según la síndica, Urbanizadora ROMA figura en la denuncia ante la FECC y precisamente haya sido la empresa que presentó la solicitud de la MIA que el Ayuntamiento pretendía que autorizara Semarnat el año pasado.
Información obtenida por ZETA indica que la denuncia ante la FECC fue presentada a penas el pasado 4 de abril. Los señalados son: Juan Enrique Bautista (extitular de la SDTUA), Marco Antonio Campoy (extitular de DOIUM), Laura Alicia Beltrán (exsubdirectora de Normatividad), Guillermo Willys (exsubdirector de Proyectos) y José Trinidad Legorreta (exjefe de control de supervisión de obra) por haber incurrido presuntamente en uso ilícito de atribuciones y facultades; delito que puede ameritar prisión de seis meses a 12 años.
En entrevista, la síndica hizo énfasis en que el proyecto ejecutivo de la rehabilitación del malecón elaborado por PTC Ingenierías S. de R.L. de C.V. en 2022 tuvo “graves deficiencias técnicas” como sondeos insuficientes, omisiones de estudios de transporte litoral y mareas, filtraciones, inestabilidad del terreno, entre otros. Pese a ello, y aun cuando carecían de permisos federales se suscribieron los contratos con las empresas Urbanizadora Roma, S.A. de C.V., Damar Infraestructura, S. de R.L. de C.V., Crisol Constructora, S.A. de C.V., y Geocimentaciones de Tijuana, S. de R.L. de C.V. para ejecutar la obra.
En entrevista, el fiscal especializado en combate a la corrupción, Javier Salas, se limitó a señalar que la denuncia presentada es contra cuatro empresas y seis exfuncionarios de la Secretaría de Desarrollo Urbano, por presuntamente haber iniciado la obra del malecón sin contar con los permisos del Ayuntamiento ni de la Federación.
Hasta el 20 de abril ninguno de los señalados había sido citado, afirmó Salas y detalló que los primeros actos de investigación han consistido en solicitar información sobre los exfuncionarios, como sus nombramientos, “qué funciones desempeñaban y la lista de (sus) facultades y atribuciones”.
De las empresas, está solicitándose información sobre cuándo se registraron como proveedores y cómo participaron dentro de los cuatro contratos que se firmaron para hacer la obras, apuntó.
En 15 días podría comenzar a citar a algún involucrado, ya sea como testigo o imputable, para luego determinar si se requiere algún peritaje, en aras de estar en posibilidad de, en todo caso, judicializar la carpeta de investigación e incluso configurarse otros delitos como abuso de autoridad, cohecho y peculado.
Por otro lado, en 2024, la Profepa presentó ante la Fiscalía General de la República (FGR) una denuncia contra el Ayuntamiento de Tijuana por daño ambiental, por la obra del malecón, bajo el expediente FBC/TIJ/002550/2024. La cual seguiría en etapa de integración.
CIUDADANÍA EXIGE QUE CONCLUYA MALECÓN
“Me da pena que vengan amistades, que vengan familiares de Estados Unidos y de México y me digan: ‘¿Qué es esto? ¿La Segunda Guerra Mundial pasó por Playas de Tijuana?’. No puede ser posible. Ustedes están embarullados en lo administrativo y legal”, increpó un ciudadano a la síndica por el estado en que se encuentra el área del malecón.
Mientras la funcionaria daba una conferencia de prensa, el ciudadano intervino para señalar “ineptitud” en las administraciones estatal y local, y afirmó que al ciudadano no le interesan los pleitos entre los políticos.
María del Carmen Gómez, vendedora de artesanías, comentó a ZETA que por el estado en que se encuentra el área han bajado en 60 por ciento sus ventas, sin que los comerciantes hayan recibido apoyo gubernamental, por lo que “muchos ya se han ido”.
Cuando llueve hay deslaves y la gente derrapa por cómo quedó la tierra. “He visto caerse gente, accidentes feos”, compartió y consideró que la falta de afluencia de visitantes también es porque la playa está sucia.
Felipe, trabajador de un establecimiento aledaño al malecón, mencionó que hay menos gente que camina por el área por las aguas negras que siguen escurriendo. “Huele feo, no quieren rodear hasta la playa”.
También se han hecho muchos reportes a la CESPT por el mal olor. “Tardaron tres semanas en venir; vinieron y a los tres días estuvo igual, volvieron a salir aguas negras”. Las autoridades deberían “regresar el malecón por lo menos a como estaba antes, con la madera, pero ahorita está del asco” y es una visión negativa para los turistas, agregó.
“A un año de estar parado, el malecón sigue apestando horrible, hay más basura e inseguridad”, manifestó Sofía, otra dependiente de un establecimiento.
TUMBAN INHABILITACIÓN DE EXTITULAR DE SDTUA
La síndica Teresita Balderas admitió que el Tribunal Estatal de Justicia Administrativa (TEJA) resolvió que el Ayuntamiento tiene que revocar la inhabilitación por un año que había impuesto al extitular de SDTUA, Juan Enrique Bautista Corona.
Ello, luego de que el exfuncionario se amparó arguyendo que “él no estuvo a cargo de la obra, y que por ese motivo no podría ser acreedor ni siquiera a un procedimiento administrativo de la Sindicatura”. Pero la cabeza del sector de las dependencias “tiene mucha responsabilidad” al momento de las acciones que ejecuten sus directores, rebatió la síndica.
El 20 de agosto de 2025, la Sindicatura informó que había inhabilitado a Juan Enrique Bautista Corona, Marco Antonio Campoy y a Laura Alicia Beltrán. Estas dos últimas inhabilitaciones no han sido revocadas.
Dentro del Colegio de Ingenieros estaría causando incomodidad que Campoy ostente el cargo de la Comisión de Honor y Justicia ante dicha inhabilitación.
Por otro lado, la síndica señaló que también hay un proceso administrativo contra su antecesor, Rafael Leyva, y el extitular de la Dirección de Investigación de Sindicatura por haber omitido hacer el procedimiento al detectar que la obra llevaba un avance físico del cinco por ciento y ya se había pagado casi en su totalidad a las empresas constructoras.
