Baja California Sur, se ubica en el octavo lugar nacional donde ocurren más extorsiones por cada 100 mil habitantes, según confirmó el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP).
La entidad cuenta con una tasa de 2.93 delitos por cada 100 mil sudcalifornianos, sólo por debajo de estados como: Morelos (7.55), Zacatecas (5.91), Colima (4.93), Guanajuato (4.69), Ciudad de México (4.18), Querétaro (3.07) y Nuevo León (2.95).
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“Delitos como extorsión han aumentado más de un 67 por ciento en Baja California Sur”, lo dijo en la Máxima Tribuna de México la senadora Susana Zatarain, tras la muerte del exsubprocurador de la entidad, Bernardo Soriano Castro, y acompañó con: “Él dijo que en Baja California Sur hay cobro de piso y no me imagino toda la información que él tenía de lo que está pasando en Baja California Sur”.
En el primer trimestre del 2026, comparado con el mismo periodo del 2025, las denuncias por extorsión aumentaron 68.75 por ciento en el estado; además, algunas de las carpetas de investigación fueron derivadas a otro delito denominado “tentativa de extorsión”, que por sí solo representa un 62.5 por ciento del total de denuncias de extorsión del primer trimestre del año pasado.
Sumadas estas dos variantes en 2026 (extorsión más tentativa), significarían un incremento del 131.2 por ciento más este delito.
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“Dada la frecuencia de los delitos como la extorsión y el despojo, de marcada incidencia en los municipios de La Paz y Los Cabos, es necesario crear Unidades de Investigación especializadas en estos temas”, reconoció recientemente Antonio López Rodríguez, procurador general de Justicia del Estado.
Aunque el Gobierno de Baja California Sur toma gran parte de las extorsiones telefónicas como “fraudes”, los ciudadanos tienen en cuenta que las llamadas extorsivas se dan cuando delincuentes amenazan con causar daño a la víctima, a sus familiares o sus propiedades a cambio de un “pago de protección”.
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“Sí me han llamado, según del Cártel Jalisco Nueva Generación, dicen que hay que hacer un único pago para que pongan una placa afuera del comercio y que con eso ya no te van a extorsionar, que es como el distintivo para que no te molesten”. “Molestan mucho, me marcaron para decirme que estaba secuestrada mi hija y que si no pagaba el rescate la iban a matar, de verdad casi caigo; la chica que tenían era muy buena actriz, se quejaba como si de verdad le pegaban. Por suerte yo ni tengo hijos, pero si los tuviera caigo redondito, le están poniendo mucho empeño”, expresaron Ana Luisa Cendrero y Rodrigo López García, habitantes de La Paz.
La Policía Cibernética alertó por un teléfono con LADA del municipio de Los Cabos que está llamando constantemente a los ciudadanos, haciéndose pasar por un miembro del Cártel de Juárez, solicitando el “cobro de piso” por protección a comerciantes.
Dijeron que muchas familias consideran como violenta a la persona que llama, usando la técnica de violencia, amenazando a la víctima y haciéndole creer que está siendo vigilada para que pague rescate.
“(624) 211-52-29: Reportado por hacerse pasar por encargado de la plaza en Baja California Sur, supuestamente perteneciente a personas del Cártel de Juárez. No caigas, es un engaño. No contestes llamadas ni respondas mensajes de este número. Reporta y bloquea los números en tu dispositivo”, informó la Policía Cibernética.
Por llamada, mensaje, correos y hasta en físico, los delincuentes que buscan defraudar a las familias sudcalifornianas están buscando nuevas estrategias para atraer a más víctimas y seguir delinquiendo; para ellos, lo único que tienen que perder es tiempo, y los ciudadanos sólo son un número más que tachar de su lista, ya que gran parte de los responsables se encuentran tras las rejas, así lo informaron autoridades de la Mesa Estatal de Seguridad.
El representante legal del Consejo Ciudadano de Atención a Víctimas del Delito, Arturo Rubio Ruiz, hizo una acotación muy importante: de seguir en pie el registro de celulares vinculados a una Clave Única de Registro de Población (CURP), ¿esto podría marcar el fin de las extorsiones telefónicas? Y es que desde el 9 de enero de 2026 entró en vigor el registro obligatorio de líneas celulares en México.
“En la gran mayoría de las cárceles mexicanas, la posesión de celulares por parte de los internos es ilegal y se plantea un dilema: Si registra un celular con su propia CURP, básicamente le está entregando a la autoridad la prueba de que posee un objeto prohibido y la ubicación exacta desde donde está operando. Si usa ‘prestanombres’, tal y como se hace actualmente, los celulares que entran a las cárceles suelen estar registrados a nombre de terceras personas que usan identidades falsas o robadas. El gobierno ha impulsado este registro precisamente para tratar de combatir la ‘extorsión telefónica’, la cual se calcula que en un 90 por ciento se origina desde el interior de los penales. Con el nuevo sistema, se espera que, si se detectan desde una antena cercana a un penal, la autoridad puede rastrear inmediatamente a quién pertenece esa CURP”, sostuvo Rubio Ruiz.
COBRO DE PISO
La intimidación es el principal factor para hacer que una víctima pague por protección, para que no le hagan daño o para que presuntamente liberen a su familiar retenido ilegalmente.
En ese caso, la víctima no sólo recibe amenazas, sino que también el supuesto “vigilante” envía la ubicación en tiempo real para que sea más creíble el encuentro con el crimen organizado; en este, caso Juan “N” dijo que lo intentaron extorsionar y exhibió a la fuente que lo hizo, incluso muchos de sus cercanos se ofrecieron a escribirle y saturar la línea del extorsionador.
“Aquí andamos sobres de usted viejo. Pura lengua, el que avisa no traiciona. Osicon” [sic], expresa el mensaje enviado vía WhatsApp contra el joven, acompañado de la ubicación en tiempo real del número (664) 443-09-33.
Al respecto, un especialista de la Mesa Estatal de Seguridad indicó que hay varias maneras de modificar la ubicación y enviarla, además de aplicaciones que son de fácil acceso (“me reservo de decirte ejemplos”) que cualquier persona podría utilizar para “clonar” la ubicación en tiempo real “y hacerle creer a una persona que te encuentras en el sitio; pero sólo se hace por un corto tiempo”, ya que es una versión gratis, y si requiere más tiempo deben pagar suscripción.
Otra modalidad que está muy reciente, es hacerse pasar por trabajadores del Ayuntamiento: “Te dicen que hay agendada una verificación a tu comercio y que te marcan para confirmar la hora ‘haciéndote el favor’ y depende de ti” si quieres que la visita sea amigable o haya sanciones por la falta de algún permiso o licencia.
“Habla el licenciado Alberto Peralta de las oficinas municipales… Mira, te comento, yo hablo de las oficinas de Permisos y Licencias, el motivo es para notificar la visita que van a recibir el día de mañana por parte de Protección Civil y Bomberos, esto es para ver que cuenten con la licencia de funcionamiento y permisos; la visita la estarían teniendo como de 10:30 a 11 de la mañana y unos documentos que iban a recibir el día de hoy”, es una de tantas llamadas recibidas.
El secretario general de Gobierno, José Saúl González Núñez apuntó que muchas de las llamadas extorsivas son llevadas a cabo por personas privadas de la libertad (PPL) que no tienen mucho que hacer, más que intentar extorsionar a personas honradas.
Una extorsión telefónica es cuando los delincuentes utilizan violencia psicológica y verbal para engañar y obtener dinero o información personal; en cambio, si un ciudadano les contesta y cuelga, ahí se rompe la cadena. Lo importante es “no permitir que los extorsionadores entren a tu cabeza”, ya que una vez “dentro”, ellos ganan a base de miedo.
“La experiencia que tenemos, cuando hay un cobro de piso como ha sido en Quintana Roo, en Guerrero, normalmente los establecimientos desaparecen porque no tienen la capacidad de poder pagar esas cantidades de dinero que se les cobra; lo que sí, hay un tema de extorsión virtual que se da, que a veces que ‘me tienes que depositar cierta cantidad de dinero porque tenemos ubicados a sus familiares’, que lo están haciendo mucho desde los penales”, reconoció el secretario general de Gobierno.
Antonio López Rodríguez, procurador general de Justicia en la entidad, descartó que en el estado haya cobro de piso, aunque sí hay extorsión, ese delito que busca obtener dinero o beneficios mediante amenazas, intimidación o engaño.
Muy parecido al cobro de piso, refiere, sólo que en este caso, aunque también es una modalidad de extorsión, la diferencia es los delincuentes piden un pago periódico igualmente bajo amenazas, con el fin de permitirles trabajar o no hacerles daño, explicó.
“Sí tenemos registro de extorsión, pero esa extorsión son otras diferentes modalidades que se realizan telefónicamente, que se realizan por Facebook, por WhatsApp y en una medida física, pero no es cobro de piso”, indicó Antonio López.
Aunque la extorsión también es aplicada por grupos bien organizados y que además hacen uso de la violencia, específicamente el cobro de piso “no aplica”. Aunque el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad detalló que el 11 por ciento de los casos de extorsión se hicieron de manera presencial.
“El cobro de piso es cuando grupos bien organizados, violentamente te exigen que le des una cantidad específica o hagas algo específico y que es de manera reiterada, o sea, diaria, semanal, quincenal; pero si no lo haces, corres un riesgo inminente, y un riesgo inminente que puedan atentar contra tus bienes, contra tu persona, contra otras personas que tú quieras”, aseguró el procurador.
EMPRESARIOS DE LA PAZ Y LOS CABOS EN LA MIRA DE DELINCUENTES
Por otro lado, el sector empresarial considera que la autoridad debe prestar mucha atención en el crecimiento desproporcionado de la economía, ya que esto ha traído en los últimos años una intensa migración a la entidad, especialmente a los municipios del sur.
Con esto, estiman que los problemas han ido detonando ciertos puntos, como el de servicios y la disponibilidad de vivienda, pero también el aumento de delitos que antes no se presentaban en Baja California Sur por personas que llegaron al estado con ciertos perfiles, no a trabajar, sino a delinquir.
“La Paz y Los Cabos es susceptible de ese tipo de delitos por la alta inmigración. Hoy, insisto, estamos de moda, y recordar que históricamente, y todavía en este sexenio que va en curso, inclusive el anterior y los anteriores, seguimos siendo de los principales destinos con una pobreza laboral menor que el resto del país, seguimos siendo un estado con un ingreso per cápita de los mayores en el país; eso debe y llama la atención a cualquier persona que esté laborando en otros lugares”, lanzó Fabricio González, presidente de la Comisión de Transparencia y Anticorrupción de la Confederación Patronal de la República Mexicana (Coparmex).
González expuso que es vital la implementación más rigurosa de la revisión secundaria, y que toda aquella persona con antecedentes sea llevada a la justicia para impedir que llegue a aplicar conductas delictivas en el estado.
Además, hizo un llamado para que las mesas de paz regionales de los municipios de La Paz y Los Cabos presten mayor atención en los puntos de conflicto y saquen de las calles a personas que sólo tienen interés de cometer ilícitos.
“El crecimiento desbordado y desmesurado sin control, puede traer consigo este tipo de delitos que no estaban en una sociedad; para nada, para ninguna sociedad es deseable el tema de extorsiones, el tema de secuestros, delitos exprés que le llaman también o esos monta-choques. Hay que recordar que un crecimiento económico desbordado genera un desorden social, por eso es importantísimo que los sudcalifornianos sigamos poniéndonos de acuerdo en cómo queremos crecer y hacia dónde queremos crecer”, finalizó el presidente de la Comisión de Transparencia y Anticorrupción de la Coparmex.
