Durante 2025, en Baja California, un Tribunal Colegiado del Poder Judicial de la Federación confirmó el histórico amparo y protección a una persona estudiante adolescente transgénero de una escuela secundaria de la delegación de San Antonio de los Buenos, en Tijuana, para que no solo ese plantel escolar sino todo el sistema educativo de Baja California, e incluso a nivel nacional, elabore protocolos que proteja los derechos de la comunidad LGBTIQ+ en ese ámbito.
Del tiempo en que la madre de esta persona joven, que en 2023 tenía 12 años de edad, hasta esta anualidad que concluye han transcurrido tres años y ahora ya tiene 15 años. Y aunque el fallo judicial ya fue dictado falta que se materialice; sin embargo, la educación en México ha dado un paso irreversible hacia la inclusión real. El caso, resuelto por el Tercer Tribunal Colegiado del Decimoquinto Circuito en Mexicali, es un recordatorio de que la dignidad humana no se detiene en la puerta de una escuela.
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Durante décadas, las infancias y adolescencias trans han navegado en un sistema escolar que, por omisión o desconocimiento, les ha invisibilizado. Sin reglas claras, sin protocolos de atención y bajo el peso de estereotipos, muchos jóvenes se han visto forzados a ocultar su identidad para evitar el rechazo. En el peor de los casos adolescentes han desertado de la escuela, del hogar y hasta se han inmolado. Ahora, la justicia federal ha determinado que la falta de lineamientos específicos es, en sí misma, una forma de discriminación que el Estado tiene la obligación urgente de corregir.
• EL CASO DE “PAQUI”
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“Paqui”, nombre para cubrir la identidad real de la persona en favor de quien se promovió la batalla legal, es una persona adolescente que, como cualquier joven de su edad, asistía a una escuela secundaria pública ubicada en la colonia Pedregal de Santa Julia, en la delegación San Antonio de los Buenos de la ciudad de Tijuana. A simple vista, es un plantel como cualquier otro en esta demarcación, con el bullicio típico de jóvenes educandos que buscan su lugar en el mundo. Sin embargo, tras sus muros se gestó este juicio que ha terminado por sacudir los cimientos del sistema educativo nacional.
La experiencia escolar del personaje de carne y hueso no fue sencilla. Detrás de sus iniciales, resguardadas celosamente por la justicia en el expediente para proteger su honra y dignidad, se encuentra la historia de una lucha por el reconocimiento. El conflicto central no fue un acto de violencia física aislada, tampoco el cambio de género o de nombre en documentación, sino algo mucho más profundo y estructural: la inexistencia de un protocolo que le dijera a su escuela cómo tratarle y protegerle. Ante este vacío, su madre presentó una demanda de amparo el 27 de abril de 2023.
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La mamá de Paqui, que desde un principio le apoyó, señaló que tanto la escuela como las autoridades educativas estatales y federales habían fallado al no implementar reglas que garantizaran los derechos de los menores transgénero en el entorno escolar. A lo largo del proceso judicial, las autoridades intentaron defenderse. La Secretaría de Educación Pública (SEP) llegó a cuestionar si la persona menor de edad realmente pertenecía a la comunidad trans, sugiriendo que se requerían pruebas médicas o periciales para demostrar su identidad.
Incluso se mencionó que el joven presentaba “disforia de género”, un término clínico que el tribunal analizó no como una enfermedad, sino como una realidad que el sistema educativo debe atender con sensibilidad y no con burocracia médica. La lucha de Paqui y su familia puso en evidencia que el sistema educativo actual es como un edificio sin rampas para quien las necesita: aunque la escuela esté abierta, no todos pueden transitarla con la misma seguridad y libertad. La demanda reclamaba algo fundamental, el derecho a ser quien se es, sin que el Estado o la escuela pongan obstáculos basados en prejuicios.
• LA PROTECCIÓN JUDICIAL
La respuesta de la justicia federal fue contundente y se basó en el principio de que la dignidad humana es la piedra angular de todos los derechos. En apoyo del Juzgado Decimotercero de Distrito en el Estado de Baja California, con residencia en Tijuana, el 15 de enero de 2024, el Juez segundo de Distrito del Centro Auxiliar de la Novena Región en Zacatecas capital, concedió el amparo a Paqui respecto del acto reclamado consistente en la “falta de implementación de lineamientos y protocolos para la protección de los derechos de la infancia y adolescencia transgénero dentro del entorno escolar”.
Los actos fueron atribuidos a la Secretaría de Educación Pública, con sede en la Ciudad de México; a la Secretaría de Educación del Estado de Baja California, con sede en Mexicali, y a la escuela secundaria donde estudiaba el menor de edad. Sin embargo; las autoridades responsables, inconformes, interpusieron el recurso de revisión los días 11 y 14 de marzo, para que fuera el Tribunal Colegiado del Decimoquinto Circuito el que resolviera la impugnación sobre el juzgado de origen.
La sentencia de amparo se confirmó este 2025 y el tribunal determinó que para que una persona se identifique como trans y exija respeto, basta con su manifestación bajo protesta de decir verdad; es decir, la autopercepción es suficiente y no puede estar sujeta a diagnósticos externos que vulneren la autonomía de la persona. La protección otorgada por el Poder Judicial de la Federación no se quedó en palabras bonitas, sino que dictó órdenes claras a las autoridades:
• Creación de Protocolos Específicos: La SEP y la Secretaría de Educación de Baja California deben elaborar un proyecto de actuación con medidas y acciones afirmativas concretas. El tribunal aclaró que los protocolos “genéricos” que ya existían no eran suficientes, pues no abordaban específicamente la realidad de los estudiantes trans ni cómo evitar que se repitan roles y estereotipos de género.
• Sensibilización Obligatoria: El personal de la secundaria, desde directivos hasta docentes y administrativos, así como el alumnado y los padres de familia, deben recibir cursos permanentes de formación en igualdad y diversidad. El objetivo es erradicar la idea de que existen identidades “normales” y otras que no lo son.
• Códigos de Conducta: La escuela debe crear reglas internas que identifiquen, prevengan y sancionen cualquier violación a los derechos de Paqui, garantizando que su paso por la secundaria sea seguro, digno y libre de discriminación.
Uno de los puntos más innovadores de la sentencia es el concepto de “daño por estigmatización”. Los magistrados explicaron que cuando una autoridad no crea reglas para proteger a un grupo vulnerable, está enviando un mensaje a la sociedad de que esas personas no importan o que su identidad es negativa. Al ganar el amparo, Paqui no solo obtuvo protección para sí mismo, sino que obligó al Estado a borrar ese mensaje de exclusión y reemplazarlo por uno de bienvenida y respeto.
La justicia también rechazó los argumentos de las autoridades que pretendían lavarse las manos bajo la excusa de que “ya hacían lo suficiente”. El tribunal fue enfático al señalar que el interés superior de la niñez obliga a las escuelas a ser proactivas y no solo reactivas. No basta con que no haya golpes; es necesario que haya un ambiente donde el desarrollo de la personalidad de cada joven pueda florecer sin miedos.
• LO QUE VIENE
Esta sentencia no es un caso aislado que termina con Paqui. Por el contrario, es una luz que ilumina el camino para miles de estudiantes en todo México. El tribunal reinterpretó lo que en derecho se llama el principio de relatividad, señalando que aunque el juicio fue para un menor, los beneficios de crear estos protocolos deben extenderse a intereses colectivos. Esto significa que, una vez que se diseñen estos lineamientos en Baja California, el terreno estará listo para que cualquier otro estudiante trans los utilice como escudo.
Para otros estados de la República, el mensaje es preventivo. Las autoridades educativas de todo el país ahora deberán saber que la omisión es sancionable. Ya no pueden alegar que no sabían cómo actuar o que no tenían facultades. La sentencia deja claro que la Constitución, en sus artículos primero, tercero y cuarto, ya les ordena proteger la igualdad y la no discriminación, y que la educación debe ser, por ley, inclusiva y libre de prejuicios.
Lo que sigue es una transformación profunda de la cultura escolar:
1. Hacia la educación inclusiva: Las escuelas deberán adaptar sus reglamentos, desde el uso de uniformes y baños hasta el respeto al nombre elegido por el estudiante, sin necesidad de trámites legales extenuantes.
2. Responsabilidad estatal y federal: Se establece una obligación de coordinación entre la Federación y los Estados para vigilar que todas las escuelas, públicas y particulares, cumplan con estas disposiciones de derechos humanos.
3. Empoderamiento de las familias: Esta sentencia da herramientas a madres, padres y tutores para exigir que las escuelas sean espacios seguros. Ahora existe un precedente judicial sólido que dice: “mi hijo tiene derecho a ser reconocido y tú, escuela, tienes la obligación de saber cómo hacerlo”.
En el futuro cercano, es probable que veamos una ola de actualizaciones en los manuales de convivencia escolar en diversos estados, impulsada por este fallo de Baja California. La justicia federal ha puesto la vara alta, recordando que la educación no solo se trata de matemáticas y español, sino de aprender a vivir en una sociedad donde la diversidad sea vista como un valor y no como un problema.
La historia de Paqui advierte entrelíneas que las leyes no son solo textos fríos, sino herramientas que pueden cambiar la vida cotidiana de un adolescente que solo busca estudiar en paz. Al final, lo que este fallo busca es que ningún joven en México vuelva a sentir que su identidad es un obstáculo para sus sueños. La escuela debe ser el lugar donde descubra cada persona quién es, con la certeza de que, sin importar su identidad de género, el Estado y la justicia caminarán a su lado.
