El flujo incesante de dinero ilícito se ha convertido en una plaga para la economía mexicana, corrompiendo sus cimientos y facilitando la operación de redes criminales que han visto en el país un terreno fértil para el blanqueo de capitales. Desde diciembre de 2019 a la fecha, México ha experimentado un fenómeno inquietante y alarmante: el lavado de dinero se ha duplicado, infectando no sólo el sistema financiero, sino también una amplia gama de negocios y sectores productivos. Lo que en algún momento fue un problema soterrado, hoy se manifiesta de manera ostensible, desbordando los esfuerzos gubernamentales para contenerlo.
El fenómeno es visibilizado por el ojo inspector del gobierno estadounidense, que a través de constantes designaciones del Departamento del Tesoro, alerta a las autoridades mexicanas de las amenazas de infiltración en el sistema financiero de ambas naciones, tal y como ocurrió en junio último, cuando CIBanco, Intercam Banco y Vector Casa de Bolsa fueron señaladas de presuntamente permitir el blanqueo de capitales del narcotráfico, vinculado con el tráfico de fentanilo. La Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), pese a una renuencia inicial, tuvo que sancionar a dichas instituciones.
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En México, recientemente la Fiscalía General de la República ejercitó la acción legal de extinción de dominio para adjudicarse la impresionante cantidad de ocho millones 242 mil 550 dólares americanos asegurados en el estado de Sonora, sin que se dieran a conocer los hechos o la forma en que se dio con tal numerario. La acción para que el Gobierno Federal se quede con ese dinero fue presentada por agentes del Ministerio Público de la Federación ante el Juzgado Segundo de Distrito en Materia de Extinción de Dominio, con competencia en la República Mexicana en el Primer Circuito, con sede en la Ciudad de México, en el juicio 28/2025.
La persona demandada y que la autoridad ministerial identifica ligada a los dólares en la carpeta de investigación FED/SON/HSO/0003020/2019 es Héctor Hernández Heredia y/o Héctor Heredia Hernández, quien tiene su domicilio en Mexicali, por lo que los edictos para emplazar a toda persona que se considere afectada por este aseguramiento fueron publicados en tres ocasiones, tanto en el Diario Oficial de la Federación, como en el Diario Oficial del Estado de Baja California y por internet en la página de la Fiscalía General de la República, siendo la última fecha el 28 de agosto de 2025. El dinero está bajo custodia del Instituto para Devolver al Pueblo lo Robado (INDEP).
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El sistema financiero, diseñado para ser el principal custodio de la transparencia económica, ha sido el canal más codiciado por el crimen organizado. A través de complejas operaciones de transferencias electrónicas, creación de empresas fantasma y la utilización de intermediarios financieros, los delincuentes logran introducir sus ganancias ilícitas al circuito legal, dándoles una apariencia de legitimidad. Pero el problema no se limita a los bancos; el contagio se extiende a negocios tan diversos como la construcción, la compra-venta de bienes raíces, el sector turístico, los casinos, los espectáculos y hasta el comercio al menudeo.
La infiltración es tan profunda que resulta difícil distinguir entre una inversión legítima y una operación de lavado; sin embargo, entre 2019 y 2025, esta práctica alcanzó niveles sin precedentes. De acuerdo con lo expresado el 25 de agosto pasado e Tijuana por el ex titular de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), Santiago Nieto Castillo, el volumen de recursos ilícitos que se blanquean en el país se duplicó, al pasar de una representación del 0.5 al 1.63 por ciento del Producto Interno Bruto (PIB), lo que muestra la dificultad de las autoridades actuales para acotar tales actividades.
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BLANQUEO FINANCIERO
Fue el 25 de junio de 2025 cuando el Departamento del Tesoro de los Estados Unidos, a través de la Red de Control de Delitos Financieros (FinCEN), emitió órdenes que identifican a dos bancos y una casa de bolsa de mexicanos: CIBanco, Intercam Banco y Vector Casa de Bolsa como una “preocupación principal de lavado de dinero en relación con el tráfico ilícito de opioides”. Presuntamente, al transferir dinero en nombre de los cárteles se convirtieron en parte importante de la cadena de suministro del fentanilo.
A CIBanco se le liga al supuesto lavado de dinero de un integrante del Cártel del Golfo en 2023, cuando un trabajador bancario hizo la apertura de una cuenta por 10 millones de dólares. También se le relaciona con el movimiento de 2.1 millones de dólares en pagos de empresas con sede en México a entidades chinas que enviaron precursores químicos para elaborar drogas sintéticas al país entre 2021 y 2024. Mientras que a Intercam le imputan reuniones de sus ejecutivos con integrantes del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG) a finales de 2022, supuestamente para transferir 1.5 millones de dólares a empresas chinas.
Por su parte, Vector Casa de Bolsa, adquirida por el empresario Alfonso Carlos Romo Garza, que fuera jefe de la Oficina de la Presidencia en el sexenio de Andrés Manuel López Obrador, fue señalada de facilitar el lavado de al menos dos millones de dólares de Estados Unidos a México por un supuestos miembro del Cártel de Sinaloa entre 2013 y 2021. Además, la orden describe cómo, de 2018 a 2023, se descubrió que Vector había realizado pagos por más de un millón de dólares en nombre de empresas con sede en México a empresas con sede en China, conocidas por haber enviado precursores químicos a México con fines ilícitos.
El mismo día del señalamiento estadounidense, la SHCP informó que no ha recibido evidencia probatoria que respaldara las acusaciones de lavado de dinero contra las instituciones en mención. Al día siguiente, la Presidenta Claudia Sheinbaum exigió la presentación de pruebas para reconocer la acusación y afirmó: “Ni lo negamos ni lo aceptamos, sencillamente no hay pruebas”.
Sin embargo, esa tarde del 26 de junio, la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV) anunció la intervención gerencial temporal de CIBanco, Intercam Banco y Vector, con el fin de sustituir a sus órganos administrativos y representantes legales para proteger a los usuarios. La SHCP dijo que se trató de una medida preventiva.
Pese al discurso positivo de Sheinbaum el 30 de junio, sobre que existe confianza en el sistema financiero mexicano, un día más tarde, el procesador global de medios de pago, VISA, desconectó las tarjetas internacionales de CIBanco, situación que agravó la relación de la compañía bursátil con sus clientes, pues a raíz de la intervención de la CNBV, grandes empresas registraron su salida de la firma.
El 15 de julio, la Comisión Nacional Bancaria y de Valores impuso multas por más de 185 millones de pesos a los bancos y cada de bolsa implicados, principalmente por incumplimientos en la prevención de lavado de dinero. Las empresas no registraron actividades inusuales, no seguían lineamientos sobre clientes de alto riesgo, procesaban grandes cantidades de dólares en efectivo sin mantener registros y presentaban otras irregularidades operativas.
El Departamento del Tesoro exigió el 29 de agosto a instituciones financieras de la Unión Americana que vigilen si hay redes chinas de blanqueo de capitales, pues temen que estén ligadas a cárteles mexicanos del narcotráfico. La dependencia alertó que existen personas, que involuntariamente, cooperan con los grupos criminales para evadir los controles cambiarios chinos que restringen el tipo de cambio mediante un sistema que limita la conversión anual de moneda extranjera para particulares, lo que propicia el ingreso de sustancias como el fentanilo.
DUPLICADO
Las organizaciones criminales en México no se limitan a la producción y trasiego de drogas, al tráfico de armas o el robo de automóviles; son corporativos multifacéticos que han logrado infiltrar de manera sistémica la economía formal del país, como se ha visto recientemente a través del ilícito negocio del huachicol fiscal, cuyo contrabando ha corrompido algunas estructuras de las autoridades mexicanas. La premisa es simple: si los negocios ilícitos generan enormes cantidades de dinero en efectivo, la única forma de utilizarlo y multiplicarlo es a través de su lavado. Es así como los cárteles y otras bandas delictivas han diversificado sus operaciones, convirtiéndose en empresarios de facto.
La infiltración en el sistema financiero es el primer gran paso. Las organizaciones criminales utilizan a lo que se conoce como “mulas” o “prestanombres” para abrir cuentas bancarias y realizar operaciones de bajo perfil que, de manera acumulativa, suman grandes cantidades de dinero. A menudo, recurren a empresas fachada o sociedades de papel que simulan actividades legítimas como la importación de productos, la prestación de servicios o el comercio internacional. Estas empresas son las que reciben las transferencias de dinero ilícito, que luego es “lavado” a través de transacciones falsas, facturas simuladas y movimientos de capital entre cuentas en distintos países.
Ahora, con el uso de la tecnología, plataformas de criptomonedas y transacciones digitales que ofrecen una capa adicional de anonimato, se aceleró el fenómeno.
En un principio, la llegada de la administración federal 2018-2024 generó expectativas sobre un combate frontal al lavado de dinero. Con Santiago Nieto Castillo al frente, la Unidad de Inteligencia Financiera fue fortalecida y se anunciaron investigaciones de alto perfil contra los cárteles de las drogas, figuras políticas y empresariales. Sin embargo, con el paso del tiempo, las acciones fueron rebasadas por decisiones gubernamentales –como prescindir de Nieto y poner en su lugar a Pablo Gómez-, así como por la audacia y sofisticación de las organizaciones criminales.
En su visita del 25 de agosto a Tijuana, Santiago Nieto, actual director del Instituto Mexicano de la Propiedad Intelectual (IMPI), reconoció que el problema del lavado de dinero en México se ha duplicado, pues comparado con la década de los noventa, el blanqueo pasó de representar el 0.5 al 1.63 por ciento del Producto Interno Bruto, siendo Jalisco, Sinaloa, Querétaro, Baja California Sur y Quintana Roo, los estados más involucrados en ello, pues hay otros delitos más que incrementan el riesgo del blanqueo de activos, como en el caso de Quintana Roo con la pornografía infantil, el turismo sexual infantil, la trata de personas y desde luego el narcotráfico.
Para Nieto Castillo la eficacia del modelo de la Unidad de Inteligencia Financiera ha venido a menos, pues además de haber menos bloqueo o aseguramiento de cuentas bancarias, hay menos denuncia, debido a la reducción presupuestal de casi la mitad en los últimos tiempos para el combate al lavado de dinero, que es la clave para atacar a la delincuencia organizada. Aseguró que los sectores con mayor riesgo para lavar capitales son el inmobiliario, venta y blindaje de vehículos, además de las organizaciones “sin fines de lucro”.
“En el país operan 23 plataformas de criptomonedas, la más importante con un servidor que se encuentra en Gibraltar”, advirtió.
Tras el paso gris de Pablo Gómez al frente de la UIF al suceder a Nieto Castillo, desde agosto de 2025 vuelve a surgir la esperanza de un combate frontal lavado de dinero con el nombramiento de Omar Reyes Colmenares, que de acuerdo con lo expuesto por la Presidenta Sheinbaum, “es especialista en Inteligencia de este tipo, entonces viene a reforzar de manera importante este trabajo”. Al menos ya colaboró en las acciones para identificar la red de corrupción del huachicol fiscal que corrompió una parte de las estructuras de la Secretaría de Marina (SEMAR) y la Agencia Nacional de Aduanas de México (ANAM) para permitir el ingreso de millones de litros de combustibles a través de los puertos marítimos en el Norte del país.
LAS REFORMAS
Aunque en junio y julio de este año se aprobaron reformas a la Ley Federal para la Prevención e Identificación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita y se publicaron nuevos decretos de la Presidencia que otorgan más facultades a la Secretaría de Hacienda y a la Unidad Especializada en Delitos Financieros para prevenir el lavado de dinero, se continúan cocinando en el Senado a la Ley de Amparo con el objetivo de agilizar el juicio de garantías, reducir la impunidad y fortalecer en general las instancias judiciales. Entre los puntos a reforzar está el no permitir disponer de los recursos de cuentas bancarias congeladas a través de la suspensión provisional de un amparo, sino que sea en caso de proceder con la suspensión definitiva.
Con ello se pretende dar oportunidad a las autoridades hacendarias y ministeriales para investigar y contener el flujo de recursos de origen ilícito. La iniciativa detalla que “No obstante, la modificación respeta el mínimo vital de las personas afectadas, aún con las cuentas congeladas y garantiza el acceso a recursos para cubrir necesidades esenciales como salarios, pensiones y vivienda, sin poner en riesgo la efectividad de las medidas”. De esta manera, busca establecer que la suspensión provisional no proceda en ningún caso de aseguramiento de cuentas, y que sólo que se acredite la licitud de los recursos se otorgue la suspensión definitiva.
De acuerdo con la exposición de motivos, del 1 de diciembre de 2018 al 1 de agosto de 2025 fueron promovidos tres mil 659 juicios de amparos para reclamar la inclusión en la Lista de Personas Bloqueadas (LPB) de la SHCP. También detalla que el 54.4 por ciento de 27 mil millones de pesos en cuentas congeladas fueron desbloqueados a través de las suspensiones provisional o definitiva.
