A finales de 2024, mientras miles de trabajadores y pensionados exigían justicia para el Issstecali, la gobernadora Marina del Pilar Ávila Olmeda firmaba un compromiso público con Guillermo Aldrete, secretario general de la burocracia estatal: no se condonaría un solo peso a los entes públicos deudores. Sin embargo, esta escena era meramente un acto de política simbólica, ya que la estrategia ya estaba en marcha.
En marzo de 2022 y mayo de 2024, la gobernadora firmó decretos que otorgaban a la Junta Directiva del Instituto la facultad de condonar hasta el 99.99 por ciento de los adeudos de municipios y organismos públicos. Pero en lugar de ejecutar estas condonaciones, el Ejecutivo optó por no asumir la responsabilidad solidaria con los patrones insolventes ni por rescatarlos financieramente. Esta estrategia, similar a la del exgobernador Bonilla, permitió que la condonación se aprobara sin que se concretara su ejecución, dejando a los deudores sin una solución real para sus problemas financieros.
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Es importante recordar que quienes en 2020 impugnaron al exgobernador Bonilla por intentar una condonación similar ahora callan o justifican la falta de acción de la actual administración. La gobernadora había criticado las condonaciones de Bonilla, pero su propio gobierno ha emitido decretos que facilitan un proceso equivalente.
Esta contradicción plantea un dilema político, ya que la falta de implementación de dichas condonaciones podría deberse a la incapacidad de los deudores para pagar o a cuestionamientos legales sobre la competencia del Ejecutivo para condonar deudas de un ente autónomo como el Issstecali. Desde el inicio de su mandato, la gobernadora no mostró interés en rescatar financieramente a los patrones deudores ni en ayudarles a saldar sus deudas. En cambio, evidenció su intención de replicar las acciones de Bonilla, dejando claro que la asistencia solidaria no estaba en sus planes.
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La reforma publicada el 14 de julio de 2023, que adicionó los artículos 22 BIS y 125 BIS a la Ley de 2015, permitió al Instituto determinar el déficit actuarial como crédito fiscal, exigible mensualmente a cada patrón en proporción a sus jubilados y pensionados. Si no pagaban, se autorizaba la retención de sus participaciones federales. Así, el Estado se deslindaba, trasladando la carga financiera a los entes públicos. Aunque esta medida buscaba congruencia con la responsabilidad tripartita prevista en el artículo 125, el giro fue letal: el Ejecutivo dejó de aportar como antes, no rescató ni ayudo a los deudores y les ofreció una única salida, convenios de pago… con condonación incluida. Esto agravó la insolvencia y empobreció a los municipios y organismos, que ahora tienen menos capacidad para brindar servicios y realizar obras, afectando directamente a la ciudadanía.
El artículo 14 de la Ley de Egresos 2025 establece el marco para la autorización de convenios de condonación de adeudos de los patrones morosos, incluyendo expresamente a los ayuntamientos de Tecate y Ensenada. Sin embargo, llama la atención que sólo el Ayuntamiento de Tecate solicitó la condonación de deudas y la autorización de convenios en pagos. Esta legislación permitió formalizar la condonación de más de 1,091 millones de pesos a Tecate, CESPE e INDIVI. Sin embargo, refleja una estrategia que, en lugar de fomentar la responsabilidad fiscal, promueve la impunidad y el desinterés en la recuperación de recursos, perpetuando el ciclo de endeudamiento del Issstecali.
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Apoyar a los patrones en la creación de convenios de pago carece de sentido si no tienen la capacidad de cumplir con sus obligaciones. Los municipios deudores enfrentan graves problemas financieros; algunos retienen cuotas de los trabajadores de forma ilegal en lugar de transferirlas al Issstecali. Sin el apoyo financiero del Ejecutivo, el cumplimiento de los convenios se vuelve casi imposible.
A finales del año pasado, la estrategia se sembró a través de la Ley de Egresos 2025, y en abril de 2025, la Junta de Gobierno del Issstecali autorizó convenios basados en las solicitudes de los patrones. Este proceso involucró a diputados, regidores y representantes de CESPE e INDIVI, quienes también jugaron un papel en esta arquitectura legal del desfalco.
Es preocupante observar cómo algunos actores dentro del sistema, incluidos ciertos líderes sindicales, aceptan y justifican el actuar ilegal de los convenios de pagos y condonaciones. Esta complacencia perpetúa la impunidad y socava la confianza de los trabajadores y pensionados en las instituciones. Al no exigir rendición de cuentas, estos actores se convierten en cómplices de un sistema que perjudica a quienes dependen de estas prestaciones.
Hoy, el Issstecali enfrenta una nueva encrucijada. Aunque se firmaron convenios de pago con los patrones deudores, no hay garantía de que estos cumplan ni de que el Instituto otorgue todas las pensiones previstas. La precariedad se justificará con los convenios: si no hay pago, no hay prestaciones. Esta presión sobre los trabajadores, quienes aceptan los convenios por la urgencia de sus pensiones, es una estrategia cruel. El Instituto dosifica derechos, acepta terrenos invendibles como dación en pago y acumula deudas con el SAT.
¿Sabías que el Issstecali registra más de dos mil 552 millones como “otros pasivos a corto plazo”? ¿Que en 2024 gastó 800.46 millones en sueldos y 961.71 millones en servicios financieros? ¿Que el déficit actuarial actual asciende ya a 280 mil 591 millones?
Esto no puede convalidarse. Unidos por la Defensa de Issstecali (UDIS) ha promovido amparos contra las autorizaciones y convenios de condonación, insistiendo también en un rescate financiero federal. Así como UDIS, cualquier activo o pensionado de la burocracia o del magisterio puede generar acciones legales contra la condonación de deudas. Sin embargo, líderes y sindicatos no defienden al Issstecali; su retórica es vacía y avanzan junto al gobierno, vulnerando las finanzas del Instituto. Son cómplices por omisión y negligencia.
El Issstecali no está quebrado, lo están vaciando. La indiferencia colectiva es alarmante. Este texto es un llamado a la acción. Cada convenio de condonación de adeudos de patrones morosos aprobado es un paso hacia la desintegración del sistema. Los afectados deben unirse, participar como lo hace UDIS y exigir sus derechos, porque sólo así podrán enfrentar a quienes, de nuevo, buscarán su voto mientras continúan despojándolos.
Guillermo E. Rivera Millán es director general del despacho De la Peña y Rivera S.C.
Fundador de Justicia que Transforma México A.C.
