A finales de 2024, mientras miles de trabajadores y pensionados exigían justicia para el Issstecali, la gobernadora Marina del Pilar Ávila Olmeda firmaba un compromiso público con Guillermo Aldrete, secretario general de la burocracia estatal: no se condonaría un solo peso a los entes públicos deudores. Sin embargo, esta escena era meramente un acto de política simbólica, ya que la estrategia ya estaba en marcha.
