En Playas de Rosarito persisten casos de extorsión por parte de elementos de las policías estatal y federal, lo cual ha provocado “una caída del 20% en la ocupación hotelera”, además de afectar la imagen del municipio como destino turístico, indicó Roberto Lyle Fritch, presidente del Consejo Coordinador Empresarial (CCE) de Tijuana y del Consejo Técnico Estatal de CCE´s.
Tal señalamiento fue expresado en una reunión que sostuvieron empresarios con la gobernadora Marina del Pilar Ávila Olmeda, quien se comprometió a tener encuentros con el presidente del CCE de cada municipio para dar seguimiento puntual a los planteamientos de cada ciudad, según informó el CCE este 3 de agosto de 2025.
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Durante la reunión entre el sector privado con la mandataria, Lyle Fritch aseguró que la inseguridad representa el mayor obstáculo para la inversión y el bienestar en la entidad, por lo que planteó como prioridad fortalecer las academias de la policía, con el fin de formar a mil agentes al año y así abatir el rezago que enfrentan las corporaciones. El cual se estima que es 7,146 agentes en el estado; de los cuales, 2,262 corresponden a Tijuana.
Actualmente, dijo, la academia tiene capacidad para recibir hasta 500 cadetes por semestre, pero no tiene recursos suficientes para convocarlos y como consecuencia hay un “déficit crítico” de policías municipales, estatales y custodios penitenciarios en Baja California.
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Lyle Fritch refirió datos del Observatorio Social de Baja California que muestran una percepción de impunidad superior al 80% en Tijuana, donde hay una expansión del cobro de piso en múltiples delegaciones, afectando directamente a pequeñas empresas de los sectores comercio, servicios y transporte.
En Mexicali existe un déficit de inversión en transformación y distribución de energía por parte de la Comisión Federal de Electricidad (CFE), por lo que se solicitó la gestión de Ávila Olmeda; aunado a la necesidad de agilizar la obtención de nuevos permisos del programa IMMEX, las devoluciones del IVA y el beneficio de la tasa reducida del 20% en el ISR para el sector agropecuario.
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Para Ensenada se pidió reactivar proyectos viales detenidos y establecer carriles exclusivos para el transporte de carga. Propusieron un plan hídrico de emergencia que atienda el déficit de agua potable y sean reparadas las fugas de la infraestructura obsoleta y las plantas de tratamiento.
En el caso de Tecate se solicitaron obras de conectividad, como el acceso Este, nodo La Paleta, el paso a desnivel El Bajío, así como la viabilidad de una planta de tratamiento en la Zona Este.
Los empresarios reiteraron su disposición a trabajar en conjunto con las autoridades para resolver los retos estructurales que afectan la seguridad y el crecimiento económico de Baja California, dijo Lyle Fritch, quien confió en que el diálogo se traducirá en una agenda efectiva con resultados verificables para cada ciudad.
