A lo expuesto anteriormente y dejando de lado las vulgares expresiones de una actual ministro que adelantó sus tiempo electorales y que es de las preferidas del régimen para ser presidenta de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, sumaríamos la absurda campaña de “orientación al voto” para el 1 de junio de 2025 que realiza el Instituto Nacional Electoral, en la mayoría de los casos utilizando a los menores de edad, lo cual resulta ampliamente cuestionable en estas campañas de promoción al voto.
Lo cierto es que existe una gran apatía y decepción de la ciudadanía en general para ocurrir a las urnas este 1 de junio del año en curso y obtener diversas boletas en las cuales el ciudadano común desconocerá en un 95% a los aspirantes a los puestos del Poder Judicial Federal en “disputa”, pero algo que resulta incuestionable son los siguientes datos:
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*El 71% aproximadamente de la población conoce la denominada “División de Poderes”, pero el 55% cree que hay una jerarquía entre ellos. Algunos piensan que el Presidente manda sobre la Suprema Corte de Justicia de la Nación.
*El 35% de la población cree que los jueces investigan delitos, el 44% piensan que reciben denuncias, y el 55% cree que persiguen a los delincuentes. ¡Confunden a los jueces con los agentes del ministerio público, con la policía de investigación y las policías municipales!
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*Más del 67% de la ciudadanía cree que las fiscalías forman parte del Poder Judicial, ya sea Federal o Estatal; existe un desconocimiento total en este sentido porque las Fiscalías son autónomas, tanto la estatal como la federal.
*La mayoría de la población en realidad no sabe qué es un tribunal de circuito o un juzgado de distrito; es más, piensan que son exactamente lo mismo. Sólo él un 9% de la población puede mencionar espontáneamente un tribunal de circuito o un juzgado de distrito.
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*Es importante señalar que apenas un 4% ha tenido contacto con un juez federal en su vida, y no precisamente porque hayan sido recibidos en la oficina del juez, o quizá hayan conversado con el mismo en los pasillos de un tribunal, sino porque desafortunadamente algún familiar o una amistad muy cercana ha tenido algún problema de carácter penal federal o estatal, y por ello el ciudadano común, conocerá por primera vez las instalaciones de algún juzgado. Quizá pueda tener acceso a estar presente en una audiencia de imputación o de vinculación a proceso, aunque va a ser cuestionado por un guardia antes de tener acceso a la sala de juicio, no obstante que la Constitución Federal de la República y el Código Nacional de Procedimientos Penales preceptúan que las audiencias son públicas. Esto es una característica del Sistema Acusatorio.
*La inmensa mayoría de los ciudadanos nunca ha pisado un tribunal estatal o federal, y desconoce totalmente las reglas del desarrollo del Sistema Acusatorio; piensan que todo es similar a las escenas que ven en las películas norteamericanas o a las absurdas y desorientadoras escenas de las telenovelas mexicanas.
*Es importante señalar que el 70% de la población en general cree que los Ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación deberían de obedecer al Presidente de la República por ser subordinados de aquel; ignoran que su deber consiste en ser un contrapeso del Poder Ejecutivo y Legislativo, o al menos hasta, antes de la elección del 1 de junio del 2025;
*El 50% de la ciudadanía en lo general “apoya la reforma judicial”, pero en realidad no la entienden; la inmensa mayoría de la ciudadanía considera que esta reforma consiste sólo en “sacar a los jueces corruptos”, sin saber que implica eliminar de manera total y abrupta la independencia judicial y que igualmente la Fiscalía General de la República y todas las fiscalías de las entidades federativas de la república deben de ser sujetas de una reforma inmediata para acabar con la corrupción, el abrupto burocratismo y la incapacidad de muchos servidores públicos de la misma, que forman parte de la fiscalía no por su capacidad, sino como resultado de sus relaciones o el trabajo que hayan desempeñado en la campaña electoral.
Los datos anteriormente enunciados son verdaderamente contundentes y revelan la incapacidad de los ciudadanos con respecto de esta inminente mal lograda elección.
Yo le pregunto a Usted, amable lector: ¿Qué sucederá cuando muchos ciudadanos ocurran a la casilla electoral para elegir como ministros, magistrados o jueces de distrito, a profesionistas que no conocen, que ignoran totalmente su trayectoria, con los que nunca han tenido contacto, como podrá ser el resultado de la elección si el ciudadano desconoce totalmente cuál es la función de cada sujeto por el que probablemente votará?
Benigno Licea González es doctor en Derecho Penal y Derecho Constitucional; fue presidente del Colegio de Abogados “Emilio Rabasa” y actualmente preside el Colegio de Medicina Legal y Ciencias Forenses de B.C.
Correo: [email protected]
