La Comisión Permanente del Congreso de la Unión aprobó este 21 de mayo de 2026 la convocatoria a un periodo extraordinario de sesiones para discutir y votar cuatro reformas legislativas, entre ellas la que busca aplazar hasta 2028 la elección de juzgadores federales y empatarla con una revocación de mandato presidencial.
La aprobación se registró en lo general con 26 votos a favor y 10 en contra, en medio de críticas de la oposición por la inclusión de iniciativas que los legisladores aseguraron no haber conocido con anticipación. El periodo extraordinario se abrirá el 26 de mayo y concluirá una vez que las cámaras determinen que han sido atendidos los asuntos para los que fue convocado.
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Además del aplazamiento de la elección judicial, el Pleno enlistó para su discusión una reforma que crea la comisión de revisión de candidatos, así como dos iniciativas del diputado morenista Ricardo Monreal: una para incluir como causal de nulidad de elección la intervención extranjera, y otra relativa a las causales de nulidad de votación recibida en casilla y de elecciones federales.
El coordinador de los senadores de Movimiento Ciudadano (MC), Clemente Castañeda, calificó de inconcebible que, al momento de la discusión, dos de las cuatro iniciativas no hubieran sido publicadas en la Gaceta. “Vamos a convocar a un periodo extraordinario prácticamente a ciegas, sin tener claro cuáles son las materias y, por supuesto, su contenido”, señaló.
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El senador panista Homero Niño de Rivera ironizó que la convocatoria representaba un reconocimiento del fracaso del oficialismo en su reforma al Poder Judicial. “Se los dijimos mil veces, que era una tontería y se paraban aquí a decir que no. Y hoy están aceptando el desastre que hicieron y están tratando de corregirlo”, afirmó. Niño de Rivera también cuestionó la ausencia en la agenda de temas como el involucramiento del crimen organizado en el Gobierno de Morena y el caso del gobernador de Sinaloa, Rubén Rocha Moya.
La senadora del Partido Revolucionario Institucional (PRI), Carolina Viggiano Austria, rechazó que el objetivo de la reforma sea corregir problemas de la elección judicial y la calificó de “contrabando legislativo” por incluir la figura de la revocación de mandato presidencial. “¿Qué tiene que ver la revocación de mandato con la integración de juzgados, tribunales y la Suprema Corte? Nada, absolutamente nada, es oportunismo político”, sostuvo.
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En contraste, la morenista Malú Micher defendió el desempeño de la nueva Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) y destacó como hecho histórico la resolución definitiva de litigios fiscales promovidos por empresas del empresario Ricardo Salinas Pliego, con la confirmación de créditos fiscales por 48 mil millones de pesos. Micher argumentó que la nueva reforma busca consolidar el modelo de elección directa de juzgadores y brindarle legitimidad democrática al Poder Judicial.
El morenista Manuel Huerta, por su parte, afirmó que la reforma perfeccionará por mandato popular los procesos que mantengan al Poder Judicial en manos de la ciudadanía.
