En enero de 2024, la maestra Isabel Peña Garza acudió ante la Comisión Estatal de Derechos Humanos de Baja California Sur (CEDHBCS) para presentar una queja por violencia simbólica en contra del gobernador del Estado, Víctor Castro Cosío, denuncia que, a un casi un año de haberse presentado, no han tenido ninguna resolución o conclusión por parte del órgano autónomo.
Es por ello que, terminados los plazos marcados por ley, la educadora decidió presentarse ante la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) para solicitar la atracción de su expediente para que sea el máximo organismo en la materia quien se encargue de resolverlo.
Publicidad
“El 25 de enero de 2024 acudí a interponer una queja ante la Comisión Estatal de Derechos Humanos, realizó la gestión pertinente; espero una respuesta y lo que obtuve fue más bien violencia institucional, una revictimización por parte, como lo he venido manifestando, de diversas instituciones, en este caso por la Comisión Estatal de Derechos Humanos”, comentó.
En entrevista, Isabel Peña mencionó que la CEDHBCS se ha mostrado omisa, impune, protegiendo a un servidor al dilatar y obstaculizar el ejercicio de sus derechos como mujer, el acceso a políticas públicas para prevenir lo que maneja básicamente el objetivo que tiene la Comisión: el prevenir, el atender, investigar, sancionar y erradicar estos tipos de violencias.
En su caso, recordó, fue víctima de violencia simbólica por un acto cometido por el titular del Poder Ejecutivo en el Segundo Parlamento de Mujeres en noviembre de 2023, esto constatado por medio de un audio que circuló en redes sociales.
Publicidad
En éste se escucha cómo Castro Cosío arremete contra la educadora, quien previamente había pedido mesura en los tiempos de participación para que las mujeres que conformaban el Segundo Parlamento pudieran exponer sus propuestas.
En un mes se cumple un año de que esta denuncia se interpuso, sin embargo, la CEDHBCS se ha enfrentado a diversos problemas como la toma de instalaciones por parte de consejeros y consejeras, proceso que tomó casi 10 meses en resolverse.
Publicidad
“Es por ese motivo que tomo mi decisión de interponer mi queja ante la Comisión Nacional de Derechos Humanos, solicitando la atracción por caso de omisión injustificada de la Comisión Estatal de Derechos Humanos en relación a una queja”, reiteró.
Con respecto a las omisiones de la CEDHBCS, la maestra citó el artículo 17 en la Ley de la Comisión Estatal, donde se marca un plazo máximo de tres meses para resolver las quejas.
En junio de este año, informó que el plazo ya se había vencido, incluyendo un periodo adicional que elementos de la CEDHBCS solicitaron debido a que se trataba de un caso extraordinario, puesto que es la primera vez que el Titular del Poder Ejecutivo del Estado es señalado por este tipo de acciones.
“Lo tienen permitido, claro que sí; sin embargo, ya llevamos 11 meses desde que sucedió o desde que se interpuso la queja. Queda más que evidente que estamos rebasados en los temas de plazos”, dijo.
Es así como Isabel Peña recalcó que sí hay antecedentes relevantes en otros estados con casos similares, donde la CNDH ha intervenido como en 2021 en Chiapas y en Estado de México y en 2019 en Puebla, todos por dilataciones severas y negligencias en la emisión de resoluciones.
“Tenemos precedentes relevantes donde las comisiones estatales de los derechos humanos, no han hecho su trabajo; han sido omisas, han sido impunes ante las quejas que interponen los ciudadanos. Es por eso que acudo a una instancia ya a nivel nacional para que hagan caso a este tipo de quejas, y no se vulneren más los derechos de los ciudadanos y que funcionen como organismos operadores”, compartió.
SE HA ENFRENTADO A LA REVICTIMIZACIÓN
La educadora subrayó que esta lucha conlleva marcar un antecedente en la defensa de los derechos de las mujeres, sin embargo, desde el suceso en noviembre de 2023 asegura que se ha enfrentado a una revictimización constante por parte de instancias públicas.
Particularmente habla de su caso, donde ha vivido situaciones con el Centro de Justicia para Mujeres, con el juzgado de lo familiar, con la Secretaría de Educación Pública (SEP), con instancias y servidores públicos.
Llegó al Segundo Parlamento de Mujeres con el objetivo de expresar y proponer situaciones para que otras mujeres no vivan la violencia institucional, y en su lugar terminó enfrentándose a más violencia que la colocó en el escrutinio público ya que el señalado como agresor es el mismo gobernador del Estado.
“Pues no se logró; al contrario, lo que he vivido yo en mi experiencia ha sido más violencia de muchos tipos”, dijo.
“He vivido violencia simbólica, he vivido violencia institucional, he vivido violencia psicológica y lo he estado denunciando desde hace muchísimo tiempo ese espacio muy particular que fue para mí el Segundo Parlamento de Mujeres, en donde yo llevé una propuesta para los diputados, para el titular del Ejecutivo y que fue invisibilizada mi voz; donde además fui violentada verbalmente frente a otras parlamentarias, donde además fui expuesta no sólo a nivel estatal sino a nivel nacional con audios y vídeos”, expresó.
Todo este contexto, dice, la forzó a protegerse no sólo a ella misma, “sino a mi familia”, ya que sufrió ataques en las redes sociales ante la polaridad en los puntos de vista de un vídeo que se viralizó.
“Fui expuesta y he sido víctima en muchos sentidos. Ahorita que estos organismos como la Comisión Estatal de Derechos Humanos que, se supone, te debe proteger, debe prevenir, debe atender, debe investigar, debe sancionar y erradicar todos estos tipos de violencia a los que yo me he enfrentado de una forma civilizada de subsanar, de proponer alternativas con las que podemos erradicar estas actitudes por parte de servidores públicos y que ya las mujeres no se enfrenten a lo que yo me he enfrentado, ha sido bastante lamentable”, aseveró.
Al recurrir al organismo nacional busca que la situación no quede impune, sin embargo, de no ser escuchada, asegura que seguirá recorriendo el camino legal por medio de todas las instancias posibles.
Comentó que cuentan con otras alternativas que ha estudiado junto con su equipo legal, pero en estos momentos irá paso por paso.
“Porque creo en la justicia, creo en las cosas que al decir las verdades y la transparencia será muy importante”, externó.
Para finalizar, dijo confiar en la CNDH y en que está haciendo las cosas de manera pertinente, sin embargo, dejó claro que está no es la última puerta, por lo que en esta etapa o la CEDHBCS emite una resolución o el organismo nacional deberá investigar.
Cabe recordar que, en su momento, Víctor Castro pidió una disculpa pública a la docente, no obstante, insistió en que también se debe respetar la investidura del Gobernador de Baja California Sur, así como la institucionalidad y la forma en que se dirigen a él.
“Yo la respeto mucho. Si yo ofendí en algo, pido una disculpa pública, no tengo ningún problema. No es interés molestar a nadie y menos a la compañera, pero si alguien se molestó desde ahorita le pido una disculpa pública a esta compañera que se molestó”, manifestó.
“Tampoco estoy yo para que me falte el respeto cualquier persona, yo ya les dije. Así de sencillo, yo ya no puedo estar con agresiones de manera constante”, añadió.
NO HAY TRATAMIENTO ESPECIAL, SIGUE EN INVESTIGACIÓN: CEDHBCS
Ante esta situación, la titular de la CEDHBCS, Charlene Ramos Hernández, respondió que el expediente de la queja de la maestra Isabel Peña se encuentra todavía en investigación, argumentando que hay un rezago de casos por la toma de instalaciones del organismo que se reportó de enero a septiembre de 2024.
Asimismo, la ombudsperson negó que exista una situación en particular o un tratamiento especial en estos señalamientos que se hacen contra el gobernador.
“Esa es una de las razones por la cuales, en dado caso, una persona que considera que debe tener un tratamiento especial y no está habiendo este tratamiento especial, que considera que amerita su caso en particular, piensa que ahora con esta otra instancia puede tener ese tratamiento especial”, declaró Charlene Ramos.
La presidenta insistió en que la legislación es muy clara en este tema, por lo que continuarán con las investigaciones y procedimientos que debe atender, con los tiempos institucionales correspondientes.
“Por supuesto que no procede nada de estas situaciones que se han indicado; no obedecen a una realidad, el expediente se mantiene en investigación. Sabemos que hay una situación debido a la toma ilegal de las instalaciones, se realizó la afectación a las labores normales a la Comisión Estatal de Derechos Humanos durante casi nueve meses”, afirmó.
Esta problemática, mencionó, ha devenido en el retraso de todos los expedientes de queja que se tienen en investigación y en activos a la fecha, que son más de 370.
“Es uno (expediente) más que tiene esta situación, pero se está trabajando de la misma manera como que se está trabajando con esfuerzos redoblados y con grandes aportaciones el personal de la Comisión Estatal de Derechos Humanos para continuar abatiendo el rezago que, evidentemente, se tenía en la institución desde que la recibió”, agregó.
Recordó que cuando asumió la Presidencia en mayo de 2023, había un rezago importante de quejas al grado que la primera recomendación que se emitió en su mandato fue de un expediente de 2018.
Comentó que avanzaban de manera significativa para abatir el rezago lo antes posible, pero al reportarse en enero de 2024 la toma ilegal de las instalaciones de la CEDHBCS, el personal tuvo que mudarse a una sede provisional en la Escuela de Música de La Paz.
Esto generó este tipo de afectaciones a la ciudadanía, sin embargo, desde el 20 de septiembre que, por mandato judicial, se ordenó la inmediata liberación de las oficinas, han venido trabajando redoblando esfuerzos.
“Por eso es que ya tenemos inclusive un 20 por ciento de la totalidad de los expedientes que se encuentran activos; ya están en la etapa de conclusión, entonces vamos a cerrar este año con recomendaciones con un número significativo y empezar el año con un número cada vez más y más pronto y expedito”, finalizó.
