Con hermetismo ha sido tratado el ataque a balazos contra José Eleazar Toscano “El Profe” de 36 años, presunto líder de plaza en la comunidad de Guerrero Negro en el municipio de Mulegé, y que estaba colocado en el último mapa delictivo como quien controlaba el flujo de armas y droga en la zona norte del estado.
De acuerdo con la información oficial compartida por la Procuraduría General de Justicia del Estado (PGJE), el Profe circulaba por la avenida Domingo Carballo Félix pocos minutos después de las 10 de la noche, cuando fue perseguido a lo largo de varias cuadras por un vehículo que se le emparejó y le cerró el paso en División del Norte de la colonia Marcelo Rubio. Los tripulantes de dicha unidad le dispararon en repetidas ocasiones.
“Fueron cuatro ráfagas fuertes: yo estaba en la tienda cuando se escucharon y te sacude; yo estaba a cuadra y media por enfrente de la birriería Brianda y se escucharon clarito, creo que en ese momento el pueblo se quedó mudo. La primera fue la que se te saca de onda, luego escuchas a los perros aullando, como otros ocho disparos de rifle de asalto e inmediatamente otra ráfaga larga, dos o tres segundos y ¡pum!, otra descarga de unos 10 a 15 tiros. Sí fueron fácil 40 balazos como en 30 segundos; pasó como un minuto después y salí corriendo pa’ mi casa sin voltear para atrás”, expresó José Aguilar, habitante de la colonia donde ocurrió la balacera.
El presunto líder de plaza circulaba a bordo de un vehículo tipo Jetta color blanco sin placas de circulación, con alrededor de 40 impactos de bala, y en su interior el cuerpo de José Eleazar, con múltiples heridas producidas por proyectil de arma de fuego del tipo fusil de asalto.
La Procuraduría confirmó el ataque con el inicio de las investigaciones, realizando el análisis y procesamiento del sitio, así como la recolección de múltiples cartuchos de arma larga, para trasladarlos a los laboratorios de la institución para su análisis y dictaminar el o las armas homicidas.
“La Mesa de Seguridad ordenó el envío de personal capacitado desde el municipio de La Paz, enviando al equipo especial de la SADAI (Subprocuraduría de Atención a Delitos de Alto Impacto) para investigar y capturar a los posibles agresores, en los que ya suenan un tal Huesos y el Pollo, informes preliminares. Pero la primera instrucción es hacer presencia para reducir cualquier riesgo”, reveló la fuente de la Mesa Estatal de Seguridad Pública.
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Esa misma noche, alrededor de las 11:43 p.m., los números de emergencia registraron un llamado urgente. Vecinos de la localidad del Pueblo Palo Verde en la Playa Punta Chivato en Mulegé, reportaron el aterrizaje clandestino de una avioneta 20 minutos antes de llamar, quienes aseguraron que “bajaron seis masculinos, que de esos cuatro estaban armados con armas largas” y que se habrían refugiado en una casa de dos pisos color beige”.
“Y lo que falta… Esto apenas está empezando y vale más que en el pueblo nos acostumbremos porque poco podremos hacer; esta gente nació para matar o morir en el intento, está muy fuerte esto y poca movilización se ve de la Guardia Nacional, están bien encerrados en el cuartel, como dejando que esto pase. Y la Presidenta luego luego corrió para La Paz, en lugar de que el gobernador se viniera para acá a ver qué nos falta, qué necesitamos o algo; pero desde acá va a empezar la guerra… ya verán”, expresó Rosalío Castro, habitante de Guerrero Negro.
Hasta el momento la alcaldesa de Mulegé, Edith Aguilar Villavicencio, no ha emitido algún pronunciamiento al respecto; sólo se sabe que el lunes 14 de octubre muy temprano ya estaba presente en la Mesa de Seguridad, en donde se instruyó la presencia de fuerzas especiales y la aplicación de operativos “filtros de revisión” para eliminar el polarizado de las unidades, licencia de conducir y legal procedencia de vehículos.
AUTORIDADES FACILITAN EL TRABAJO A DELINCUENTES
La presencia o la llegada de grupos de delincuencia organizada a cada uno de los pueblos de Baja California Sur, obedece, dice el experto en seguridad pública y representante legal del Consejo Ciudadano de Atención a Víctimas del Delito, Arturo Rubio Ruiz a la complicidad de las propias instituciones de seguridad.
Confirmó que una de las zonas que estaba siendo controlada por grupos delincuenciales en el municipio de Los Cabos, como es Playa El Médano, fue gracias a los habitantes y comerciantes del lugar: pese a que las mismas autoridades se dieron por vencidas contra criminales, los locales buscaron mecanismos de restringir el paso al crimen.
“Llegan estos hombres (armados), entonces hay venta de drogas y hay ejercicios de prostitución, y qué puedes hacer. Entonces es imposible poner un policía en cada restaurante; de hecho, un jefe de una corporación nos dijo ‘Es imposible’, su falta de capacidad técnica lo llevó a decirnos que ‘teníamos que aprender a convivir con eso, porque esos eran males necesarios’. De ese tamaño es la falta de visión de una Corporación. Lo que hicimos a través de la Asociación de Colonos del Médano, con el Procurador de Justicia, llegar a un convenio: nosotros los restauranteros pusimos cámaras de alta gama en nuestros restaurantes, cubriendo prácticamente todas las zonas públicas y la zona de playa, y le dimos acceso”, aseguró Rubio Ruiz.
De esta forma fue que, con la participación de la sociedad organizada, pudieron sacar a bandas criminales que ya empezaban a operar desde los propios centros de trabajo, y esto se logró sin usar la violencia, sin invertir mayores recursos.
Explicó que a veces sólo falta buscar alternativas que visibilicen los problemas y el propio mal sale por su propia cuenta.
Y esa complicidad de los cuerpos policiacos queda a veces muy evidenciada, con los hechos violentos que se han registrado en diferentes puntos de la entidad, recientemente en Comondú y ahora en Mulegé, puntos donde sólo existe una carretera y dos salidas; la falta de coordinación ha detenido la justicia.
“En un estado con una sola carretera que cruza toda la entidad, cómo es posible que tengan tanta libertad de operación los grupos criminales; la explicación es muy sencilla: no tenemos coordinación, uno de los mejores grupos de inteligencia; la Secretaría de Marina en su parte de logística cuenta con los mejores equipos de inteligencia con reconocimientos internacionales; el Ejército mexicano tiene un excelente servicio de inteligencia, pero no cruzan información o aparentemente no lo hacen. Corporaciones estatales, municipales tienen acceso a información de campo, de calle, lo que se llama la investigación de crucero, y entonces sería muy sencillo en un terreno práctico considerar que el Estado se blinda simplemente con una labor de inteligencia; pero no hay cruce de información, y marinos y Ejército no les da información a las estatales y municipales porque están contaminadas”, aseveró Arturo Rubio sobre la terrible incomunicación institucional.
Otro de los problemas, dijo, es que a los policías no se les brinda un salario digno; quizá tengan buenos salarios, pero en una zona tan cara como Baja California Sur es insuficiente para sobrellevar una familia, lo que abre el abanico de oportunidad para que los policías reciban dinero del crimen organizado.
“Si tomamos en cuenta que vivimos en zona cara, que es uno de los Estados de la República donde es más costoso el índice de vida, entonces tenemos a las corporaciones policiacas estatales y municipales probablemente peor pagadas del país: porque ganan más que en otros estados, pero la vida es más cara que en otros estados; y segundo, no se viatican a los elementos. ¿Eso qué quiere decir?, tú dices ‘bueno, ese elemento está ganando más o igual que un elemento de otro estado’, pero el elemento de otro estado cuando le cambian la adscripción le pagan la mudanza; entonces un sólo cambio hace que tu salario se baje en automático hasta un 40 por ciento, lo cual pone muy grave situación la economía familiar del policía”, manifestó el representante legal del Consejo Ciudadano de Atención a Víctimas del Delito.
Cerró señalando que es necesaria la comunicación entre las instituciones y los propios ciudadanos, ya que los ciudadanos conocen a los “malandrines de la colonia”, son los principales testigos del delito, saben de las salidas, sin embargo, esa falta de comunicación y atención deriva en más crímenes en las comunidades.
SALDO DE CINCO FOSAS CLANDESTINAS Y MÁS DESAPARECIDOS
de acuerdo con el Registro Nacional de Persona Desaparecidas y No Localizadas, en Baja California Sur, del 10 de septiembre del 2021 (en que inició la administración del morenista Víctor Manuel Castro Cosío) al 15 de octubre del 2024, se tiene un registro de 455 personas con expediente abierto oficial: 21 fueron reportadas en el 2021; 57 en el 2022; 98 corresponden al año 2023; 80 en lo que va del 2024; y 202 personas aparecen en el registro sin un año de referencia como registro.
En el recuento del último hallazgo por parte de colectivos de búsqueda de personas desaparecidas, el cual fue realizado a la altura del kilómetro 3.5 de la carretera La Paz a San Juan de la Costa, se confirmó la presencia de fosas clandestinas que podrían contener restos humanos que fueron desaparecidos desde el año 2016, la última encontrada este domingo 13 de octubre.
“Hoy estuvimos presentes Búsqueda x La Paz y Comisión Estatal de Búsqueda de Personas de Baja California Sur en el procesamiento de la fosa que localizamos el día de ayer 13 de octubre del 2024, con el resultado de tres osamentas humanas. Ya con esta se contabilizan cinco fosas clandestinas y ocho osamentas humanas; siendo tres fosas individuales, una fosa doble y una más triple. Seguiremos trabajando en la zona buscando más posibles fosas”, así lo comunicó el Colectivo Búsqueda X La Paz.
Hasta el cierre de esta edición los colectivos de búsqueda continúan en trabajos de ubicación de fosas clandestinas en diferentes puntos del estado, así como también siguen activas las desapariciones.
Uno de los reportes ocurrió a las tres de la mañana del sábado 12 de octubre en Ciudad Constitución, en el municipio de Comondú, cuando el agente estatal penitenciario Ángel Salvador Aguilar Rivera, de 26 años, fue privado de su libertad.
De acuerdo al reporte que realizaron elementos de la Policía Municipal, dijeron que al ir circulando por las calles Ruiz Cortines, entre Francisco I. Madero y Pino Suárez, de la colonia Pueblo Nuevo, fueron abordados por el menor de 17 años, Christian Manuel, quien les indicó que su tío Ángel Salvador había sido privado de la libertad. Así quedó establecido bajo la carpeta de investigación CST/873/2024; el testigo les explicó:
“Que al encontrarse tomando bebidas embriagantes con su tío en un bar denominado La Carreta, ambos se retiraron del lugar a bordo de una moto, y que por las calles ya mencionadas se les atravesó un vehículo automóvil de la marca Hyundai Elantra color rojo o guinda, de cuatro puertas, donde se bajaron tres personas, dos del sexo masculino y una femenina, vestidos de negros, donde la femenina dice ‘es él’; entonces los masculinos con un arma de fuego lo amagan y lo golpean, y luego lo suben al vehículo saliendo con rumbo por la calle Ruiz Cortines hacia al sur”, esa fue la información brindada por el testigo a los oficiales.
Se inició un fuerte dispositivo de seguridad para tratar de ubicar a la víctima, sin embargo, no tuvieron suerte los agentes. Fue hasta dos horas después, a las cinco de la madrugada, que el elemento de seguridad fue abandonado en las puertas del Hospital del Issste en Ciudad Constitución con moretones en el rostro, sin brindar mayores datos.
Los levantones se siguen registrando, y ahora otro elemento de seguridad fue privado de la libertad en Comondú, esto unos días después de que fueran encontrados sin vida los dos Policías Estatales que también habían sido levantados el pasado sábado 21 de septiembre en Ciudad Constitución, y localizados sin vida 12 días después, muy cerca de Ciudad Insurgentes.
