Pese a que el teniente Julián Leyzaola Pérez acompañó en la campaña a Ismael Burgueño por la alcaldía de Tijuana, con el compromiso de que él sería el secretario de seguridad de la Ciudad, con lo cual sumó votos a su favor, a un día de que el titular del cargo se vote en el Cabildo del Ayuntamiento de Tijuana, el alcalde, sin empacho, reculó.
Para el domingo por la noche trascendió que quien será designado es Juan Manuel Sánchez Rosales, a propuesta del alcalde Burgueño, cuyo cargo más significativo para Baja California es que fue, de 1986 a 2018, colaborador del CISEN (Centro de Investigación de Seguridad Nacional) justo cuando, en 1994, fue asesinado en Tijuana Luis Donaldo Colosio Murrieta en marzo de 1994. En ese momento él era el jefe de Jorge Antonio Sánchez Ortega, el agente del CISEN señalado por su parecido con Mario Aburto en el lugar de los hechos.
La otra hipótesis que circula a partir de la decisión del alcalde Burgueño de no proponer a Leyzaola para la secretaría de seguridad es que el nuevo secretario de seguridad ciudadana del País, Omar García Harfuch, al no tener en su infraestructura una corporación policiaca, luego que la Guardia Nacional fue militarizada, busca control nombrando a secretarios de seguridad en los municipios y estados más criminalizados. Juan Manuel Sánchez Rosales entra en la categoría de recomendados de Harfuch al ser un personaje externo a Baja California.
Julián Leyzaola Pérez fue secretario de seguridad de Tijuana en el trienio de Jorge Ramos Hernández, durante la época en que el cártel Arellano Félix y el cártel de Sinaloa sostuvieron una sangrienta guerra que costó miles de muertes en la localidad, pero con la coordinación entre autoridades como Leyzaola, el General Sergio Aponte Polito, el gobernador José Guadalupe Osuna Millán, Daniel de la Rosa, secretario de seguridad del Estado.
Hasta donde ZETA tuvo acceso, la coordinación de seguridad incluso en el gobierno del estado estará supeditada a la secretaria de seguridad ciudadana federal, a cargo de Omar García Harfuch, función que ejerce por voluntad de la presidenta de México Claudia Sheinbaum Pardo.
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