¿Cómo van a conocer los votantes los currículums y antecedentes de los 4 mil candidatos a jueces y magistrados? No lo harán, porque es prácticamente imposible
La Encuesta Nacional de Calidad e Impacto Gubernamental 2023, realizada por el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI), indica que el 70.5 por ciento de los ciudadanos encuestados opinó que las prácticas de corrupción en las cámaras de Diputados y Senadores son frecuentes o muy frecuentes. Y este año no les va ir mejor.
En el accidentado proceso de aprobación de la Reforma Judicial, que como en el pasado, expuso internacionalmente la corrupción de los engranajes partidistas en México, cientos de diputados, de senadores anodinos y desconocidos que no lograron las curules por mérito propio, que llegaron montados en el carisma de un Presidente de la República que miente sin pudor respecto a sus logros, que se mantuvo seis años en campaña y ganó votos y voluntades entregando miles de millones de pesos en becas y despensas, presumieron su mayoría.
Mayoría que les fue insuficiente, razón por la cual no dudaron en operar abiertamente como mafiosos, repetir las prácticas corruptas de los partidos a los que criticaban cuando no estaban en el poder, para conseguir en el Senado el voto y la ausencia opositora que les hacía falta.
Con el anunciado objetivo de acabar con “la compra de jueces y magistrados corruptos”, irónicamente decidieron comprar -como lo hicieron antes los priistas y los panistas-, la mano alzada que les hacía falta en la persona de senador Miguel Ángel Yunes, de origen priista, quien llegó a la Cámara respaldado por Acción Nacional, integrante de una familia de políticos desprestigiados, denunciados, con órdenes de aprehensión en contra e impunes.
No conformes, también optaron por ensuciar todavía más el sistema judicial, usando las fiscalías como instrumentos de manipulación política. Y justo antes de la votación definitiva, detuvieron al padre del senador “opositor”, Daniel Barreda; se desconoce el delito, un caso personal, dijeron.
Se sabe que lo llevaron a declarar muchas horas a una sala de Juicios Orales, y el senador decidido trasladarse a Campeche para acompañar a su progenitor en lugar de asistir a la sesión de votación a pesar de conocer la relevancia de su ausencia.
Estos mismos morenistas pseudo justicieros fueron quienes, el 14 de agosto, protegieron otro de sus valiosos votos reformistas, cuando el fiscal general de Ciudad de México, Ulises Lara, impidió la detención del ahora senador Javier Corral, con orden de aprehensión del Estado de Chihuahua por presuntos delitos de corrupción y peculado cometidos entre 2016 y 2021. Incluso, el Senado decidió ignorar la notificación de la fiscalía norteña que les informó de la orden de captura el 29 de agosto, previo a la toma de protesta y adquisición del fuero por parte de Corral, ex gobernador de Chihuahua y ex panista.
Hasta el Presidente Andrés Manuel López Obrador mostró su respaldo, se autodesignó juez y declaró que Corral era inocente y un perseguido político, mientras el fiscal Lara decidió contrarrestar presentando una denuncia ante al FGR por el intento de ejecutar al orden de aprehensión.
Así, sin convencer, sin negociar, sin mover ni puntos ni comas, sin mejorar, sin aportar a la propuesta, en medio del cochinero, como simples levanta dedos, aprobaron la reforma y se aplaudieron por lograr la desaseada hazaña.
Una vez que la reforma entre en vigor, después de los procesos y acciones para impugnarla, los ciudadanos que ni siquiera conocen a los legisladores a los cuales consideran corruptos de acuerdo a las encuestas de opinión, deberán elegir en las urnas, a través de 25 boletas, de entre 4 mil abogados desconocidos, a los 600 que serán seleccionados como magistrados, ministros, jueces e integrantes de las salas y tribunales especializados.
Con título, cinco años de prácticas, promedios de 8 o 9 y cinco cartas de recomendación, cualquier licenciado en Derecho que no haya sido condenado por delitos, incluso los abogados de narcotraficantes y del crimen organizado -por poner un ejemplo-, podrán ser seleccionados. ¿Cómo van a conocer los votantes los currículums y antecedentes de los candidatos para ejercer un voto responsable? La respuesta es que no lo harán, porque es prácticamente imposible.
Como ha sucedido en el pasado, corresponderá a los organismos de la sociedad organizada y a la prensa libre, en la medida de lo posible, investigar y exponer los mejores y los peores perfiles. También les tocará vigilar y exponer a la mafia del Poder Ejecutivo que procurará someter al Poder Judicial a través de la designación de los integrantes y de la operación de lo que será Tribunal de Disciplina que tendrá la facultad de elegir y de iniciar procesos o juicios para destituir a los que serán los nuevos juzgadores.
Ya está hecho: los congresos locales están dando su apoyo, algunos como los legisladores bajacalifornianos que, sin consultar a sus electores, ignorando reclamos, manifestaciones que resultaron en ciudadanos golpeados y puertas destruidas, votaron a favor en menos de 24 horas. Y como la gobernadora Marina del Pilar Ávila Olmeda anunció, iniciarán los procesos para hacer los mismos cambios en las leyes de los estados.
Ahora, atendiendo al principio de evolución de las especies, la sociedad entera deberá adaptarse, ser creativos para combatir los efectos económicos, políticos y sociales negativos, rascar y buscar las oportunidades en el cambio.
Conscientes de las deficiencias y los malos oficios de los morenistas empoderados, estar atentos, implementar y usar las herramientas de participación ciudadana, para presionar, para trabajar con la primera mujer-científica que llegó a la Presidencia de México, y evitar que la maltrecha democracia mexicana involucione a la conocida “dictadura perfecta” del priismo, que no es ajena al morenismo.
