Las incongruencias del Presidente López Obrador vuelven a relucir con su intento por acabar con una de las conquistas ciudadanas más fructíferas: el acceso a la información y el INAI
Cuando el ex Presidente de México, Vicente Fox Quesada, retomó el histórico esfuerzo de la sociedad organizada de obtener un mecanismo que permitiera conocer el manejo del recurso público a través de la creación de las obligaciones de transparencia, nunca se imaginó que sería la primera de las víctimas de un gran escándalo en el manejo del erario, luego que se descubrieran los onerosos costos incluso para la adquisición de toallas en la Residencia Oficial de Los Pinos.
Rondaban los primeros años de la década de 2000 cuando se exhibió uno de los más notorios escándalos relacionados con los organismos de transparencia, en ese entonces conocido como Instituto de Federal de Acceso a la Información (IFAI), mismo que construyó todo un esquema para obligar a los entes públicos a proporcionar información del manejo del dinero de todos.
Desde entonces, los organismos de transparencia y el marco legal que los sostiene, han sido uno de los principales y mejores mecanismos de eficiencia de control y exhibición de actos de corrupción. Tras su creación, no hay gobierno que no haya sido descubierto en algún acto de corrupción o malos manejos a través de estos mecanismos de acceso. Incluso, un gobierno tan señalado de corrupción como el de Enrique Peña Nieto negoció junto con otros organismos de la sociedad civil la creación de un marco legal que mejoró aún más el que se tenía.
Con la transformación del IFAI al Instituto Nacional de Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (INAI), se abrió un abanico mayor para conocer el manejo del recurso público, siendo su primera gran víctima el propio mandatario priista, quien sigue arrastrando inconsistencias por la adquisición de la Casa Blanca, un trabajo periodístico que le costó su credibilidad.
Si alguien logró capitalizar estos grandes escándalos para su beneficio político fue Andrés Manuel López Obrador, quien a través de trabajos periodísticos basados en los que el INAI fue árbitro para desclasificar información.
Todo país democrático tiene un organismo que le permita conocer el manejo del recurso de forma sencilla y con acceso a la información, incluso algunos lo hacen a través de sentencias de jueces especializados.
No hay un argumento válido ni sustancial que defienda la eliminación del INAI, organismo que si bien, tuvo algunos escándalos derivados del manejo del recurso público, no representa una justificación para acabar con uno de los pocos organismos que funcionan para conocer el funcionamiento del sistema gubernamental.
Lo que está haciendo el Presidente López Obrador es atentar contra 30 años de esfuerzos para ciudadanizar la información, un derecho humano que el mandatario federal, ese que se dice paladín contra la corrupción, pretende coartar a través de la eliminación de uno de los órganos autónomos de autorregulación gubernamental más eficiente que existe.
Dentro de todos los abusos que ha cometido o pretende cometer el todavía Presidente de México, éste es uno de los más sensibles, ya que no representaba una oposición y no pretende sustituirlo por alguno mejor. Simplemente aspira a borrar la historia y los avances de un plumazo.
Lamentablemente, los órganos de transparencia a nivel local, como el ITAIPBC, demuestran que pueden ser cooptados por grupos de poder o que prefieren alinearse a los gobiernos en turno, pero aún así, funcionando mal, es mejor que no tenerlos.
