Agentes de Verificación e Inspección son acusados de inventar multas o revivir supuestas infracciones para tratar de extorsionar a los comerciantes de la ciudad de Tijuana; sus víctimas son los dueños de restaurantes y bares, a quienes los amedrentan con correctivos que van entre los 30 y 50 mil pesos.
Durante los tres años de la alcaldesa Montserrat Caballero han sido denunciados 34 inspectores de verificación, 33 casos siguen en proceso y sólo uno ha sido despedido, ya que las acusaciones por extorsión son demoradas, y por tanto, difíciles de actuar, de acuerdo a Sindicatura Municipal.
“Tengo un par de denuncias de extorsión específicamente. Es una dirección, la de Inspección y Verificación; claro que complicada, con cierto estigma. En cada administración se dice que siempre se está revisando; hay un vínculo directo con Sindicatura por el tema de abuso de autoridad y extorsión. Ahora, estamos hablando de 34 denuncias de un universo de tres mil 400 denuncias en tres años”, explicó Rafael Leyva, Síndico Procurador del 24 Ayuntamiento de Tijuana.
“Sí es algo que existe. No podemos decir que no”, explicó Zaida Luz López, presidenta de Cámara Nacional de la Industria de Restaurantes y Alimentos Condimentados (Canirac) en Tijuana.
“Como ya se va la administración que está y le quedan pocos meses, pues es ir a recaudar de una forma que no es la correcta, por así decirlo, con el tema de las mordidas; ‘No te clausuro, pero te doy esto y dámelo de otra forma’. Lo que hemos estado haciendo con nuestros afiliados, y por eso es importante ser parte de una Cámara, es que estos afiliados inmediatamente se comunican a la Cámara o directamente conmigo para informar lo que está ocurriendo con impacto ambiental, reglamentos o servicios públicos”, explicó a ZETA la presidenta.
El mismo presidente de la Cámara Nacional de Comercio (Canaco) en Tijuana, Julián Palombo, reconoce que el problema existe y que en años anteriores ha sido víctima.
“El del caso de las multas ya muy antiguas, lo que sucede en muchos de los casos es que llegan, te levantan una infracción, vas con la autoridad correspondiente y te dicen ‘no pasa nada’; pero no la archivan, no te dan un documento a la persona que fue infraccionada para justificar legalmente que esa multa se canceló… y así llega otro gobierno y las saca y ejecuta, y eso no se vale. Te lo digo con conocimiento de causa, a mí me lo hicieron años atrás”, dijo.
El modus operandi de las extorsiones consiste en que los inspectores acuden a los establecimientos con documentos oficiales sin folio, argumentando que se trata de altas multas de años atrás, presionando a que los locatarios ofrezcan soluciones al margen de la ley. Lo irregular consiste en que los derechos de operación se revalidan anualmente siempre y cuando no haya multas ni rezagos, por lo que la falta de folios o registros en las multas propicia el abuso impune de los agentes de reglamentos, confirmaron Sindicatura y los comerciantes.
De las 34 denuncias contra inspectores, únicamente tres se han hecho ante Sindicatura durante 2024 y 33 siguen impunes. Sindicatura presume que en total ha procesado más de 3 mil 500 denuncias contra servidores públicos (dos mil contra policías, mil 500 contra servidores públicos en general), y mil 500 casos están resueltos. Por seguridad, se recomienda siempre revisar el gafete de los servidores públicos, escanear el código QR para verificar la identidad y denunciar al teléfono (664) 973-72-73 en Tijuana.