Más de mil 650 empleados de Los Cabos, adscritos al Sindicato Único de Trabajadores al Servicio de los Poderes del Estado, Municipios e Instituciones de Baja California Sur (SUTSPEMIBCS), estallaron en paro tras detectar desvíos millonarios en las retenciones de pagos al Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (Issste) y al Fondo de la Vivienda del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (Fovissste).
Sindicalizados del Ayuntamiento de Los Cabos precisan que la deuda por desvío de estas retenciones suma una cifra superior a los 40 millones de pesos, siendo el principal problema la situación en el Organismo Operador Municipal del Sistema de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento (Oomsapas).
Marisela Montaño Peralta, secretaria del Sindicato de Burócratas sección Los Cabos, precisó que es la primera vez que sucede en la administración del alcalde Óscar Leggs Castro, pero ya tienen registros de antecedentes en otros gobiernos municipales.
“Ayuntamiento de Los Cabos no tiene mucho problema; sí tiene problema, pero en específico es Oomsapas”, reiteró.
“Aquí la situación es que los trabajadores de Oomsapas ellos sí tienen un poquito más acrecentado el problema porque todo el 2022 no pagaron los rubros de Issste, en relación a los préstamos a corto plazo; ni pagaron los créditos hipotecarios Fovissste”, expuso.
Señaló que, por consiguiente, ya hay reportes de personas que no pueden acceder a un crédito o no pueden ni solicitar el estatus de saldo porque el sistema no se los permite por el atraso en el ciclo de 2022.
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En este escenario, la líder sindical expuso que las autoridades de Oomsapas hicieron un compromiso y subsanaron el saldo pendiente de la primera quincena de marzo de 2024, sin embargo, todavía adeudan desde la segunda quincena de ese mes hasta junio de este año.
Los directivos del Organismo hicieron una propuesta para pagar lo relativo al 2024, pero quedaba pendiente todo el 2022, por lo que fue rechazado por la base trabajadora.
“El 2022 es lo más fuerte; son alrededor de 28 millones de pesos, por lo que se comentó, con base al análisis que presentaron, no fue satisfactoria”, dijo.
Los sindicalizados enfatizaron que no permitirán que se herede una deuda, la cual daría la oportunidad a la siguiente administración de tener un pretexto para no cumplir y que, incluso, pueda incrementarse el desvío.
“En espera de alguna respuesta, algo que no pueda más que nada decir que tienen la buena intención de pagar, calendarizar, porque se les está pidiendo que en esta presente administración se subsane todo al 100 por ciento; no heredar una deuda y responsabilizar a otras administraciones de un compromiso que tiene que pagarse en tiempo y forma en esta administración”, señaló Marisela Montaño.
En estos momentos las autoridades de Oomsapas buscan estrategias de pago, pero los burócratas advierten que, de no ser satisfactorias, intensificarán las protestas en todas las oficinas del organismo en el municipio de Los Cabos.
“Aquí definitivamente, como lo repito, es algo que tiene que subsanarse. ¿De qué forma?, desconozco, pero es un dinero que al trabajador en tiempo y forma se le retiró de su sueldo: el salario, que es sagrado para el trabajador, más cuando está en riesgo el poder perder una casa, el no poder acceder a un crédito de préstamos con la esperanza de subsanar alguna situación personal, alguna cirugía que en el Issste no puede”, advirtió.
En una línea del tiempo de la administración de Leggs Castro, la secretaria comentó que en 2023 hubo retrasos, pero tras presión del Sindicato el Gobierno Municipal, se puso al corriente a fin de año.
En comparación, en 2024, fueron más lentos los pagos. Subsanaron enero y dejaron de reportar los importes a las instancias federales.
La situación en el Ayuntamiento de Los Cabos es la siguiente: son dos bimestres los que se adeudan; ya cubrieron marzo-abril, sin embargo, sigue pendiente el periodo mayo-junio.
“Estamos esperando la respuesta del señor presidente, que salió y otorgó con las autoridades correspondientes, que es Tesorería, Oficialía Mayor, manifestaron el pago; ese día pagaron un bimestre, comprometiéndose a pagar el gasto corriente de esa quincena, que corresponde cada pago. Fue aceptada su propuesta y así quedó”, explicó.
Aunque el alcalde manifestó la mejor disponibilidad de apoyar a Oomsapas para poder cubrir con estos atrasos, la líder sindical recalcó que hay otras retenciones que se aplican a los trabajadores que no se entregan a las instancias correspondientes.
“Estamos hablando de dos rubros: préstamos a corto plazo y los créditos de Fovissste. Aquí no debemos de quitar el dedo del renglón que hay aportaciones que no están pagando, que es el Afore, el SAT, Cesantía y Vejez, edad avanzada; son retenciones que también nos quitan al trabajador y que deberían de enterar a la parte indicada dentro de los primeros cinco días de cada quincena, pero no lo hacen”, subrayó.
ADVIERTEN QUE DENUNCIARÁN
Ante el hecho de que en septiembre iniciará la nueva administración que encabezará el alcalde electo, Christian Agúndez Gómez, la secretaria del Sindicato de Burócratas anticipó que, si no obtienen una respuesta favorable, procederán a interponer una denuncia administrativa y una penal ante la Fiscalía Especializada en el Combate a la Corrupción.
“Fuimos muy claros en ese aspecto de que la denuncia administrativa, y por qué, no la denuncia penal, sería contra las personas que en su momento hicieron un desvío de recursos, un delito tipificado y que debe sancionarse con quienes resulten responsables de esa situación. La deuda es institucional, es parte del Organismo, y debe salir así”, advirtió.
“Si no se realiza algo concreto, conciso, tangente, vamos a iniciar una demanda administrativa y, por qué no, una demanda penal; porque ese desvío de dinero tiene responsabilidad de funcionarios, que a lo mejor no están aquí, pero el desvío de un sólo peso de nuestro sueldo estamos en nuestro derecho de reclamarlo”, sentenció.
Frente a la asamblea extraordinaria del Sindicato, el director del Oomsapas de Los Cabos, Ramón Rubio Apodaca, entregó un cronograma de pagos con el compromiso de regularizar el recurso que la instancia no entregó a las instituciones federales.
No obstante, el cronograma no contemplaba 2022, año con mayor problema por el desvío, a lo que el funcionario respondió que trabaja en estrategias para solventar ese periodo.
“El otro punto que están tratando, el del 2022, haremos lo que nos toca para poder tocar puertas, y si no es favorable tendremos una estrategia interna para darles un panorama óptimo”, declaró.
Cabe recordar que existen antecedentes de este tipo en los cinco municipios de Baja California Sur, destacando la situación que se registró en mayo del 2023 en el Ayuntamiento de La Paz por más de una década de evasión del pago del Impuesto Sobre la Renta (ISR).
En su momento, la alcaldesa de La Paz, Milena Quiroga Romero, informó que la deuda rebasaba los 350 millones de pesos, lo que llevó al Gobierno Municipal a estar amenazado ante un posible embargo por parte del Servicio de Administración Tributaria (SAT).
Anteriormente en entrevista para ZETA, el abogado Arturo Rubio Ruiz explicó que el desvió o utilización incorrecta de recursos propios y no propios entran en la tipificación del delito de peculado, esto de acuerdo con el artículo 285 del Código Penal de Baja California Sur.
Recordó que los servidores públicos están obligados a administrar con absoluta honestidad los recursos propios y los ajenos; esto último incluye las aportaciones y retenciones que se hacen en créditos de vivienda o pagos de seguridad social.
No obstante, este delito prescribe a los diez años a partir de que el o la funcionaria abandonen el servicio público, esto según el artículo 109 del Código Penal.
De acuerdo con el artículo 285, comete peculado “todo servidor público que para usos propios o ajenos distraiga de su objeto dinero, valores, fincas o cualquier otra cosa perteneciente al Estado o a un particular, si por razón de su cargo los hubiere recibido en administración, en depósito, en posesión o por otra causa”.
Las sanciones, se impondrán de uno a tres años de prisión, y una multa de 100 a 300 Unidades de Medida y Actualización (UMA), esto cuando el monto desviado, sustraído o mal utilizado no exceda las mil UMAS.
Si el monto total rebasa las mil y llega hasta las 10 mil UMAS, la sanción puede llegar hasta los ocho años de prisión; y si excede las 10 mil UMAS, la pena de cárcel podría subir hasta 15 años.
En caso de que los recursos desviados o mal ejecutados provengan de aportaciones federales con precisión de aplicación en Seguridad Pública, las sanciones pueden incrementarse hasta un tercio más de las que se señala en el Código Penal de Baja California Sur.
GOBIERNO DE LOS CABOS CALENDARIZA PAGOS
Al solicitar réplica, el área de Comunicación de Los Cabos informó que el alcalde Oscar Leggs Castro y el tesorero Cristopher Albertini Camacho acordaron la regularización de los pagos en una reunión con la base trabajadora del Sindicato de Burócratas.
“Por lo anterior, el presidente municipal garantizó el cumplimiento puntual de estos compromisos financieros, que son fundamentales para el bienestar de los trabajadores del municipio, estableciendo acciones concretas para agilizar los procesos administrativos y asegurar que los empleados reciban los recursos que les corresponden en tiempo y forma”, respondió el Ayuntamiento.
El tesorero detalló que el 10 de julio pagaron 11 millones de pesos con intereses que se habían generado, más cinco millones de pesos el 9 de julio.
“Es decir, ya hemos pagado seis millones de pesos en total; se liquidará en 15 días, como fecha máxima el 31 de julio del 2024. La cantidad de 10 millones 836 mil 146 pesos correspondientes al tercer bimestre (mayo-junio) del 2024 de la prestación PCP (préstamos de corto plazo) y se realizará el pago de manera mensual de las obligaciones generadas en la nómina vigente hasta el fin de la Administración’’, comprometió el funcionario.
Albertini Camacho aseveró que, una vez que cumplan con el saldo pendiente, realizarán el cálculo y efectuarán la liquidación por cinco millones de pesos para el 15 de agosto de 2024, lo que corresponde a los créditos hipotecarios del segundo bimestre del año.
Por otra parte, para el 31 de agosto estarían liquidando los créditos hipotecarios del tercer bimestre por cinco millones 105 mil 539 pesos.
