El municipio de Los Cabos se vio envuelto en un caos vial y una parálisis vehicular de determinadas zonas ante bloqueos que han realizado alrededor de 200 transportistas federales en la última semana. A través de sus protestas denunciaron que son víctimas de abusos de autoridad por parte del Gobierno del Estado y del Ayuntamiento, advirtiendo que ya no soportarán esta situación.
Se trata de una problemática que ha ido escalando desde hace años, sin embargo, desde 2025 se ha registrado una mayor movilización por parte de los transportistas, que argumentan que tienen una concesión federal que les permite brindar el servicio en Los Cabos.
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No obstante, el gobernador del Estado, Víctor Castro Cosío, y el director de Transporte, Martín Salinas Ceseña, insisten en que, para poder operar en determinadas zonas de Baja California Sur, se requiere de una concesión estatal.
La tensión entre este gremio y las autoridades del Gobierno del Estado y del municipio ha ido escalando cada vez más, subiendo a un nuevo nivel el año pasado, cuando se estableció que los servicios que se brinden en el destino debían registrarse previamente en una plataforma digital.
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Asimismo, los elementos de las corporaciones procederían a inspeccionar si estos servicios estaban registrados a través de un código QR.
Esta estrategia que, según el gobernador, servía para dar orden al transporte en el destino turístico más importante de la entidad, terminó reventando la paciencia de concesionarios federales.
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Primero una marcha, después un bloqueo en el semáforo del Lienzo Charro en Cabo San Lucas, y consecuentemente detonó el caos; incluso miles de cruceristas evitaron bajar de su embarcación el martes 5 de mayo, para evitar quedar atrapados en el conflicto social.
Ante medios de comunicación, los manifestantes dieron testimonios de los abusos que dicen haber sufrido en diversas ocasiones, haciendo hincapié en el decomiso de dos unidades de conductores y advirtiendo que no detendrán las protestas hasta que les regresen los vehículos.
“Hasta que nos den las camionetas de regreso. Si no nos las dan, aquí vamos a estar todo el día y mañana también”, expresó uno de los inconformes en el bloqueo del Lienzo Charro.
En medio del caos vial, cuando trabajadores de otras áreas de Los Cabos tuvieron que descender de sus camiones del transporte público sin poder llegar a sus centros laborales, se dio un breve momento de confrontación.
“Nos perjudican a todos los que tenemos que trabajar”, cuestionó a los manifestantes una ciudadana.
“Perjudica a todos, también a nosotros porque no estamos trabajando”, respondió uno de los transportistas federales.
Otro de los manifestantes señaló que ya con los decomisos recientes se rompió el diálogo con las autoridades.
“No hay condiciones, ¿así que qué es lo que pretenden condicionarnos? No se aceptó, fue un acuerdo de buena voluntad. El QR para nosotros ya no existe a partir de ahí; vamos a tomar las calles nuevamente”, compartió.
En este contexto, exigieron a Víctor Castro que destituya a Martín Salinas de su cargo, acusándolo de operar de forma parcial a favor de determinados grupos de transportistas a los que es cercano, mientras que oprime el derecho de otros a trabajar.
“No más conflicto de interés de Martin Salinas, estamos hartos de los abusos de autoridad. Tenemos familias, tenemos derechos como cualquier otro ciudadano”, recalcaron.
Cabe mencionar que ZETA solicitó a Salinas Ceseña su réplica ante los señalamientos y manifestaciones que se han reportado en Los Cabos, sin embargo, el director de Transporte no respondió antes del cierre de esta edición.
EL CASO QUE DETONÓ LA MANIFESTACIÓN
A pesar de que el conflicto entre este gremio y autoridades no es nuevo, sí hubo un caso en particular que detonó la movilización en esta ocasión. Christian relató lo sucedido, cuando el lunes 4 de mayo le decomisaron su unidad mientras realizaba un servicio desde el Aeropuerto de Los Cabos hacia un hotel.
“En cuanto me miró Tránsito me prendió las torreras, me encerró. Llegaron cuatro, cinco camionetas más de Transporte y de Tránsito Municipal, me comentaron que iban a hacer una inspección de rutina”, explicó.
El concesionario intentó argumentar que venía con un cliente y que no era posible que los elementos e inspectores incurrieran en este acto en esas circunstancias, pero no logró apelar a la buena voluntad de los agentes.
Después del primer intercambio de palabras, le respondieron que los inspectores de Transporte le harían una revisión de un código QR para saber si el servicio que estaban brindando estaba previamente registrado en la plataforma digital.
“Eso es ilegal, le digo. Venía del aeropuerto y me dicen que les estaba apareciendo que el código no estaba cargado y que mi servicio era pirata”, expresó Christian.
El cliente se asustó y él no accedió a bajarse de la unidad. Posteriormente dejó a su pasajero en inmediaciones de las instalaciones de la Administración Portuaria Integral (API) de Cabo San Lucas, y en cuanto éste se bajó del vehículo, el conductor volvió a ser interceptado por los agentes.
“Ellos querían hacer un acta administrativa por tener el servicio cargado, comenté que era ilegal y les dije que no me iba a bajar. Querían que firmara el acta y en ningún momento la firmé. Lo demás ya lo saben”, afirmó.
“Me quitaron la camioneta, se fue al corralón. Yo creo que a mí me pasó ahora, yo creo que mañana a todos les puede pasar. Venir con un cliente y que te pase eso, yo creo que no está bien”, concluyó.
NO CEDEREMOS: CASTRO
El conflicto fue escalando en Los Cabos, con la intervención de organismos empresariales que advirtieron sobre los riesgos y pérdidas económicas que una dinámica de protestas sin resolver ocasionaría para el destino.
Es en ese escenario en el que se cuestionó al gobernador sobre la problemática y el cómo la atendería su administración para poder resolverla, sin embargo, Víctor Castro fue tajante al declarar que no cederán ante la presión de los transportistas federales.
Sostiene que su mandato sólo está buscando que se regule y se dé orden al sector transportista de Los Cabos.
“Se resuelve con que todos entren a respetar la ley. Si se molestaron porque se detuvieron a dos camionetas con todas las de la ley ahora sí, no vamos a ceder tampoco, se va a seguir actuando conforme al derecho, conforme a la ley”, anticipó.
“Que ayuden, que no estén pegándole al destino; pierden todos. Yo creo que esos bloqueos no ayudan en nada”, añadió.
Con respecto a la solicitud de destituir a Martín Salinas, Castro Cosío dio de nuevo su respaldo a su director de Transporte.
Manifestó que el funcionario sólo está garantizando que se cumpla la ley, por lo que no dará paso a quitarlo del cargo cuando está actuando bajo el marco de la legalidad.
“Quieren presionar de esa manera al gobierno para destituir a un funcionario que lo único que está haciendo es aplicar la ley y la vamos a seguir aplicando, se los digo a todos. No vamos a ceder, ya se les dijo: que ahora actúe la federación porque ahora son los prestadores de servicios federales”, recalcó.
“Mientras aplique la ley es correcto; la presión es porque se les quitaron dos camionetas, los que anden chuecos se tendrán que enderezar”, agregó.
Por último, Víctor Castro reiteró que su administración y su equipo no serán rehenes de ningún grupo y que todo mundo deberá respetar la ley.
LA POSTURA DEL CCE
El Consejo Coordinador de Los Cabos (CCE) se pronunció ante la situación del municipio, recordando que no es la primera manifestación de este tipo y señalando que este tipo de movilizaciones genera un impacto directo en el orden público, la libre circulación y la actividad económica del destino.
El organismo empresarial expuso que preocupa la consolidación de un patrón, en el que la obstrucción de vías federales e instalaciones como el Aeropuerto de San José del Cabo se convierta en un mecanismo recurrente de presión hacia las autoridades.
“Cada vez que un grupo recurre al cierre de vialidades estratégicas para ser escuchado, queda en evidencia una falla en los canales institucionales de interlocución con la ciudadanía y se traslada el costo, económico, social y reputacional, al conjunto de la población y al sector productivo del destino”, enfatizó el CCC.
Para el Consejo resulta inadmisible que, ante el hecho de que una vialidad estratégica fue paralizada por siete horas, ninguna autoridad de los tres órdenes de gobierno haya activado mecanismos efectivos de intervención temprana, ni mostrado intención de establecer un diálogo oportuno y eficaz.
“La ausencia de protocolos claros de prevención y respuesta convierte cada manifestación en una crisis evitable y normaliza una dinámica que erosiona la gobernabilidad del municipio”, recalcó el organismo.
El CCC solicitó a los tres niveles de gobierno que aplique acciones concretas ante estos casos, como un mecanismo de intervención temprana y mediación social, activables antes de que las inconformidades escalen al cierre de vialidades, con áreas y enlaces designados con los gobiernos federal, estatal y municipal.
También pidieron canales permanentes de diálogo con las comunidades, de manera que la atención institucional no dependa de la presión vía bloqueos, y cumplimiento verificable de los compromisos previamente adquiridos por las autoridades.
Por último, reiteraron que es necesaria una atención oportuna y de fondo a las demandas ciudadanas que dan origen a las manifestaciones, con calendarios públicos, recursos asignados y rendición de cuentas, evitando que la omisión institucional convierta a la obstrucción de vías en la única vía de interlocución.
