Parlamento
Leo, veo y escucho con asombro opiniones que rayan en la ingenuidad, en el sentido de que el resultado del domingo 2 de junio es un “mandato” popular de continuidad. Es más, llegan al absurdo de calificarlo como “referéndum aprobatorio” de las condiciones de salud, seguridad, educación, administración y combate a la corrupción que tenemos con la 4T. Sin duda, millones de personas volvieron a votar por la 4T, pero pongo en duda que lo hayan hecho en libertad absoluta.
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Digo lo anterior porque no se vota libremente cuando el voto proviene del grillete de la dependencia de una pensión, beca o apoyo económico periódico que eclipsa el panorama de horror en la seguridad, el deterioro educativo y la pauperización de los servicios de salud. El grillete estuvo reforzado por el impúdico nivel de gasto público que, declinando gasto para otros temas también importantes, se orientó a reforzar la clientela electoral que se tuvo en 2018, a rescatar una parte de la clientela que se les fue en el 2021, y a crecer en cuatro millones de votantes, la clientela electoral en 2024. Nunca ha sido finalidad ni efecto de ese gasto, sacar a la gente de su estado de menester permanente.
Todo ello se prueba con el presupuesto en programas sociales, que se duplicó en 2024 respecto del 2021. La gente que recibía programas recibió más cantidad de dinero y se agregaron nuevas clientelas. Más nada. La conclusión de que a México le gusta este gobierno y hay que aceptarlo, podría dar risa por absurda, pero es muy triste el panorama como para reír ahora.
Por otro lado, estamos los que sostenemos que hubo fraude y yo aclaro que lo hubo en dos dimensiones.
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La primera la señalé líneas arriba y lo llamo fraude estructural. Es el monumental grillete a la vulnerabilidad de los más necesitados, dada la sujeción a la dependencia de los programas sociales de unos 25 millones de mexicanos. Sume usted a ello el despliegue prepotente de un ejército de siervos de la nación que coaccionó y verificó el sentido del voto y, no se diga, el factor comprobado: un Presidente de la República en campaña permanente. Por mucho menos de esto, Zedillo reconoció que la suya fue una elección legal pero inequitativa.
Lo que vimos el 2 de junio fue tan inequitativa, que debería ser ilegal. Empero, las probabilidades de que este fraude estructural anule las elecciones, son inexistentes jurídicamente frente a los números generales.
Por otro lado, tenemos el fraude de la hiperinflación del resultado. Es decir, el fraude estructural estuvo diseñado para garantizar que ganaran la Presidencia y Congreso, pero las inconsistencias en actas y paquetes electorales podrían revelar que se trató de una operación para ganar con amplio margen (híper resultado) y lograr el sueño húmedo de López Obrador: las dos terceras partes en ambas Cámaras.
Por lo anterior apoyo la revisión de actas y que se exija el recuento que proceda. Si se reduce el margen, la híper-representación o sobrerrepresentación de la 4T, se vería moderada para contener, cuando menos, una aplanadora de reformas constitucionales perversas.
Téngase pues, prudencia en la expectativa. Los argumentos de impugnación del fraude estructural, será la futura agenda de la oposición. La sociedad deberá agregar presión para evitar que vuelva a suceder. Por su parte, la impugnación al fraude de la hiperinflación del resultado, bien podría resultar en nulidades de un buen número de casillas para desinflar el resultado en el número de legisladores de la 4T, y con ello, regresar a un mejor grado de defensa de la constitución.
Por lo pronto, con todo y todo, la buena noticia es que parece que a Morena y sus aliados les faltarían unos cuatro a cinco votos para mayoría calificada de dos terceras partes en el Senado. Luego, veremos si los senadores de oposición defienden la patria impidiendo ministros agachones o impreparados, así como las reformas que pretenden acabar con el equilibrio de poderes y libertades ciudadanas. Son poquitos votos, pero suficientes, los que tendrían los senadores de oposición para evitar desastres. Vigilemos.
El autor es maestro en Derecho y fue diputado federal de la LVII Legislatura (1997-2000), ex cónsul general de México en Estados Unidos, subsecretario de Gobernación y ex magistrado del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa.
Correo: juanmarcos@jmgutierrezyasociados
