La Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) criticó a Bertha Xóchitl Gálvez Ruiz -candidata a la Presidencia de la República de los partidos Revolucionario Institucional (PRI), Acción Nacional (PAN) y de la Revolución Democrática (PRD), que integran la coalición “Fuerza y Corazón por México”-, en un informe oficial, difundido desde el 4 de marzo de 2024.
Al contrario, el órgano constitucional autónomo -cuya presidenta es María del Rosario Piedra Ibarra, desde el 16 de noviembre de 2019- alabó las propuestas y el discurso de Claudia Sheinbaum Pardo, candidata presidencial de la coalición “Sigamos Haciendo Historia”, integrada por los partidos Morena, del Trabajo (PT), y Verde Ecologista Mexicano (PVEM).
El informe, titulado ‘Primer Informe sobre Violencia Política para la Protección y Defensa del Derecho a la Democracia’, fue justificado por dicha Comisión, con el objetivo de visibilizar todas las formas de violencia política y los factores de riesgo, bajo la perspectiva de derechos humanos.
Sin mencionarla por su nombre, la CNDH sostuvo que la política hidalguense y senador con licencia banalizó y trató de minimizar la filtración de los números telefónicos de José Ramón López Beltrán, hijo mayor del presidente Andrés Manuel López Obrador y de algunos otros actores políticos.
“Preocupa la muy bien articulada reacción que se viene viviendo bajo el contexto del proceso electoral, pero sobre todo, la utilización que se hizo de esta filtración al ser aprovechada como parte de la campaña de la candidata de la Coalición Fuerza y Corazón por México”, acusó la Comisión Nacional de Derechos Humanos.
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“Quien, con este acto, banalizó y hasta trató de minimizar el hecho, diciendo además que era normal que ‘me ataquen en redes sociales, como quienes me apoyan a mí, lo hacen contra ella (la candidata de la coalición ‘Sigamos Haciendo Historia’), es normal’”, agregó el órgano constitucional autónomo.
En otra parte del texto, la CNDH hizo comentarios y cuestionamientos respecto a los discursos de inicio de campaña de los tres aspirantes presidenciales -entre ellos Jorge Álvarez Máynez, de Movimiento Ciudadano (MC)-, destacando que sólo Sheinbaum Pardo hizo referencia directa a los derechos humanos.
En contraste, el organismo constitucional autónomo volvió a criticar a Gálvez Ruiz, al señalar que, si bien optó por un “discurso de contraste”, también incurrió en “sesgo” en el manejo de su información, así como en el uso de “denuestos y ataques personales”, para subrayar dichas diferencias.
La CNDH incluso reprodujo en el informe varias frases del discurso de la política hidalguense, como: “Esta es la estrategia correcta. […] en contraste, la corcholata del Presidente ya nos dijo que le apuesta a más militarización, a más simulación, a más inacción”.
El órgano constitucional autónomo también criticó la propuesta de la senadora con licencia, de construir una prisión de alta seguridad, al afirmar que evocaba una iniciativa del presidente de El Salvador, Nayib Armando Bukele Ortez, misma que era cuestionable en términos de derechos humanos e imprecisa, debido a que en la actualidad había tres centros federales de readaptación social.
“Y, además, cuestionable en términos de derechos humanos. Como lo es también el que su propuesta de iniciar ‘una nueva etapa en la cooperación con los Estados Unidos’ en materia de narcotráfico, la haya planteado como si fuera una disyuntiva frente a ‘quienes hablen de soberanía’, por lo que las tendría que definir con mayor claridad”, abundó la CNDH.
Además, respecto al discurso de Sheinbaum Pardo, el órgano constitucional autónomo subrayó que fue la única que hizo alusión a la protección de los derechos humanos, que presentó 100 propuestas y “concretamente” habló de garantizar las libertades, y que mencionó acciones para garantizar el derecho a la salud, a la seguridad social, a la educación y a la vivienda, entre otras cosas.
“En materia de seguridad, ratificó su voluntad de profundizar la actual estrategia y los logros alcanzados; de atender las causas, y consolidar la Guardia Nacional y su coordinación con policías estatales”, añadió la CNDH, que también consideró que había una “campaña sucia”, que planteaba el supuesto de que la campaña presidencial de Andrés Manuel López Obrador en 2006, recibió financiamiento del narcotráfico.
“Este mismo tipo de campañas de desinformación han sido utilizadas en diversos países de Latinoamérica, como es el caso de Colombia, Argentina y sobre todo, en el golpe de Estado sufrido por el gobierno de Evo Morales en Bolivia y, recientemente, el de Perú”, enfatizó el órgano constitucional autónomo.
“En México, se tiene identificado el inicio de dicha campaña de desprestigio y desinformación, a partir de la publicación de una serie de reportajes presentados, de forma coordinada el 30 de enero de 2024, […] que posteriormente fueron retomados y reproducidos por medios nacionales y por el equipo de campaña de una de las candidatas a presidenta de la República”, agregó, la CNDH, en clara alusión a Gálvez Ruiz.
Asimismo, el órgano constitucional autónomo describió lo que llamó como “campaña de difamación”, y denunció el uso de “granjas de bots” y/o “trollcenters”, como parte de la estrategia para impulsar y sostener la campaña negativa en las diversas redes sociales.
La CNDH además afirmó que, durante la ‘’Marcha por Nuestra Democracia’, llevada a cabo el 18 de febrero de 2024, se reprodujeron expresiones, así como discursos racistas y clasistas, que atentaban contra el derecho a la democracia, al normalizar la discriminación contra ciertos sectores de la población.
“Además de mostrarse fehacientemente, el impulso a una o varias campañas negras o guerras sucias como instrumento para la manipulación electoral, como ha pasado en otros momentos del pasado”, apuntó el órgano constitucional autónomo.
“La CNDH abriga la convicción de que no estamos ante un escenario de polarización, pero que se nos quiere llevar a él por estrategia electoral de algunos actores. El mecanismo no es una base de datos para llevar el registro de los crímenes con sesgo político”, señaló.
“Tampoco buscará calificar las elecciones, lo que le corresponde en su momento, exclusivamente, a la autoridad electoral. No es una distracción de nuestras funciones sustantivas, es su reforzamiento”, agregó la CNDH, que creó el llamado “Escalómetro de Violencia Política”.
El informe plantea una escala de violencia con agresiones y un puntaje asignado. El punto más alto es la “alteración o simulación de resultados electorales”. Hasta el cuarto lugar aparece el asesinato y feminicidio. Pero también incluye delitos como tortura, detención arbitraria, discursos de odio, intervención de comunicaciones, amenazas, censura, acoso, etcétera.
El 24 de febrero de 2024, la misma Comisión Nacional de Derechos Humanos en México advirtió respecto a los discursos de “violencia política”, que, según el órgano constitucional autónomo, “ciertos partidos y ciertas personas candidatas” habían empleado como estrategia, en el marco del proceso electoral en curso, “incluso recurriendo a medios y organismos extranjeros”.
A través de un comunicado, la CNDH pidió evitar, contribuir y reproducir conductas que vulneraran la democracia y perpetuaran la violencia política. También hizo un llamado a los agentes sociales y políticos, que intervenían en el debate público, a erradicar su narrativa o cualquier manifestación de violencia política, y acusó que dichos comentarios habían sido expresados de manera sutil.
“La CNDH llama la atención sobre el ambiente que implica actuaciones y expresiones en general, por parte de algunos opinadores y actores políticos, que hemos visto en el marco de las precampañas y el periodo de intercampañas, contradictorias de una competencia democrática por lo cual invita a la reflexión”, indicó en su comunicado.
“Llama la atención, la normalización, en el discurso de ciertos partidos y ciertas personas candidatas, de la violencia política y su adopción como estrategia y como recurso para posicionarse, patente en mensajes fincados en la base del escándalo y la descalificación del adversario”, abundó el órgano constitucional autónomo.
La CNDH pidió al Instituto Nacional Electoral (INE) para que velara por el proceso electoral y fueran unas elecciones exitosas, que no se “enrarezcan con propaganda negra y expresiones descalificatorias o denigrantes”.
Además, la Comisión rechazó los discursos de odio, por parte de quienes pretendían ganar en las próximas elecciones y “al costo que sea” buscan manipular, desviar o influir en la decisión de la sociedad.
Por último, el órgano constitucional autónomo exhibió que ciertos actores políticos estuvieran replicando una narrativa de que en las elecciones se podría presentar un fraude electoral, con el afán de confundir. Ante ello, se comprometió a observar dichas acciones y señalar cualquier “perversión” que pusieran en riesgo los derechos humanos y la democracia.
El 25 de enero de 2024, Piedra Ibarra -durante una comparecencia ante la Comisión Permanente del Congreso de la Unión, con motivo de su informe anual de actividades- planteó la disolución de la CNDH y, en su lugar, crear la “Defensoría Nacional de los Derechos del Pueblo”.
“Nos mantenemos firmes en la idea de transformar de raíz esta comisión nacional, ya que no responde a las necesidades del pueblo mexicano […] Somos el único órgano constitucional autónomo que ha emprendido su transformación por iniciativa propia para dejar atrás ese esquema que nos impuso el neoliberalismo”, expresó la presidenta de la CNDH.
“En 2023 logramos avanzar decisivamente en su transformación, de manera que hoy, el pueblo sabe, las víctimas saben, que pueden acudir a nosotros y encontrarán respuesta a sus quejas. Durante los últimos cuatro años hemos antepuesto, frente a todo, el interés de las víctimas, y hemos procurado prevenir cuando percibimos los casos en los que están en riesgo de serlo”, enfatizó la presidenta del órgano constitucional autónomo.
“Han sido cuatro años de empuje permanente para dejar atrás una dinámica institucional hecha para la simulación y el burocratismo, absolutamente funcional, al acuerdo de impunidad y silencio prevaleciente entre autoridades en los pasados 70 años”, explicó Piedra Ibarra, quien también se quejó de los altos sueldos que había en los órganos constitucionales autónomos.
“Mientras otros han emprendido batallas para defender sus grandes sueldos y prebendas, nosotros redujimos nuestro presupuesto”, denunció la presidenta de la CNDH, quien formalizó su propuesta, con una iniciativa reforma, que planteó disolver el órgano constitucional autónomo y formar la Defensoría, modificando el artículo 102 constitucional, en su apartado B, relativo al establecimiento de instituciones para la protección de los Derechos Humanos.
