La Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo convocó a un mitin político para el domingo 31 de mayo, pero a diferencia de los anteriores que ha encabezado en la explanada del Zócalo de la Ciudad de México, ahora pidió a sus seguidores que no acudan a la capital del país a apoyarla, sino que en cada uno de los 32 estados de la República se realicen mítines de apoyo para ella y la “defensa de la Cuarta Transformación”.
Pretextando que se trata de la conmemoración del segundo aniversario de su triunfo electoral en las urnas, en la misma dinámica y estrategia de su mentor, el expresidente Andrés Manuel López Obrador, la mandataria nacional da dos informes anuales, ese y el que corresponde a la Ley. Pero este año ha aprovechado para incluir en la narrativa la defensa de “un país libre, independiente y soberano”, preceptos que no han estado en duda, ni en riesgo, ni en peligro, y que sostienen a la Nación.
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Detrás de ese viraje político hay varios antecedentes que, si bien no afectan a la República, sí sugieren un daño moral para el partido y el movimiento que la Presidenta representa, Morena y su cantada “Cuarta Transformación”, sea lo que fuere esta última premisa: se trata de la acusación formal en una Corte de los Estados Unidos del gobernador favorito del expresidente y la presidenta, el sinaloense Rubén Rocha Moya, con cargos por narcotráfico y relaciones directas con la facción de los Chapitos del Cártel de Sinaloa.
A ver, que el gobernador con licencia de Sinaloa sea señalado junto a otros nueve de sus cercanos y también morenistas, de narcotráfico en la Unión Americana, no pone en peligro la libertad, la independencia o la soberanía de los Estados Unidos Mexicanos; lo que afecta es a un partido que llegó prometiendo “no ser iguales” a los políticos corruptos del pasado, y han resultado peores. Cargando el estigma de la corrupción, pero con el beneficio de la impunidad que se proveen entre ellos mismos, al dominar y encabezar todas las instituciones y poderes, la Secretaría de Seguridad como la Fiscalía General de la República, las Cámaras Alta y Baja, el Poder Judicial completo, y por supuesto el Ejecutivo.
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Pero en un intento de hacer del pecado de Morena un asunto de Estado, la Presidenta inmiscuye el tema de la defensa de la soberanía, y -de hecho- a su antojo y capricho, reforma la Ley para considerar como causal de anulación de una elección la “injerencia extranjera”. Efectivamente, con los 307 votos de los morenistas y sus aliados, aprobaron la modificación al Artículo 41 constitucional para asentar como causal de nulidad de proceso electorales, cuando “se acrediten actos de intervención o injerencia extranjera que influyan en los resultados electorales”.
Aunque la Presidencia no lo acepte, o al menos no lo refiera públicamente, se percibe en el discurso de la defensa de la soberanía que el caso Rocha y secuaces sí ha afectado a la persona que encabeza el Poder Ejecutivo; insisto: no al Estado, sino a quien lo encabeza, es decir, a ella y a su partido.
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Una encuesta realizada por la firma Enkoll y elaborada para los medios El País México y W Radio, y que fue publicada hace unos días, revela que la Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo ha tenido la caída más grave de su administración -aun sin llegar a la mitad del periodo- al pasar del altísimo 76 por ciento con el que inició su mandato, a un 68 por ciento.
Ocho puntos de caída en la popularidad significan demasiado para un partido/movimiento que basa toda su maquinaria política y electoral en la figura central de su instituto político, el ocupante de Palacio Nacional. En la encuesta de El País-W Radio que elaboró Enkoll, queda claro que el descenso en la aceptación de la figura de la doctora Claudia Sheinbaum Pardo es por la caída de Rubén Rocha Moya ante el golpe asestado desde una Corte de los Estados Unidos, donde además cuentan en sus prisiones con varios de los principales líderes criminales de la facción de los Chapitos, para cooperar en el ámbito de la investigación y la delación de las relaciones mafiosas entre cártel y gobierno de Sinaloa. Por ejemplo, refiere el diario de fundación en España, que “para el 62 por ciento de los encuestados, las acusaciones contra el gobernador Rocha son creíbles”. Sobre las motivaciones de la imputación, un 45 por ciento considera que se trata de “la evidencia real de vínculos con grupos del crimen organizado”. Mientras que un 36 por ciento opina que se trata más bien de “intereses políticos o injerencia de Estados Unidos en México”.
Ha sido evidente la afectación del caso Rocha al movimiento que encarna la Presidenta de la República, además de la andanada político-gubernamental que han emprendido contra la gobernadora de Chihuahua, Maru Campos, tema que también ha encuadrado la Presidenta en la defensa de la soberanía, al acusarla de permitir la intervención de agentes de la CIA en operativos para desmantelar un narcolaboratorio, precisamente del Cártel de Sinaloa. Pero esa estrategia no le ha favorecido para que la opinión pública se olvide de las acusaciones contra Rocha Moya por hacer lo contrario: liarse con la facción de los Chapitos para preservar el narcotráfico desde aquella entidad y hacia los Estados Unidos.
Este escenario se complica más para Morena, la “Cuarta Transformación” y la Presidenta, porque sucede a un año de que se realicen los comicios electorales del 2027, los intermedios para la doctora Sheinbaum, y la renovación en 17 entidades federativas de la República. De ahí que, a diferencia de anteriores mítines, la petición ahora no sea concentrarse en el Monumento a la Revolución, sino hacer 32 mítines, uno en cada estado, para apoyar a la mandataria nacional y “defender la soberanía”.
Pero nada, ese es un discurso engañoso; la soberanía de México no se ha visto amenazada, como sí la moral de un partido que se presume honesto, no mentiroso, no corrupto, y hoy carga con políticos señalados de narcotráfico en varios Estados, en un país donde la impunidad y la violencia tienen expresiones inéditas.
