El Presidente presentó sus iniciativas de reformas constitucionales, que es clave para el futuro del país, para reivindicar o rescatar derechos políticos, económicos y sociales de los mexicanos, y recuperar a la Carta Magna de 1917 todas sus ideas de justicia social, democracia, dignidad, humanismo y soberanía, profunda y severamente alterada por el amasiato PRIAN.
Es un paquete de profundidad y alto alcance del que AMLO esgrime propuestas nacionalistas, que buscan enderezar lo torcido por abusos regresivos de seis sexenios. El capital narcisista, soberbio y arrogante encarnado en la derecha racista y clasista, actuó y actuó en contra de los intereses del país y del pueblo para favorecer a oligarcas, en la lógica del colonialismo como empresa de gran rentabilidad, concentradora de la riqueza social.
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Destaca el caso de la CFE, para salvar su carácter de empresa pública estratégica en beneficio de consumidores domésticos, y revertir las regresiones que el régimen demagógico concreto desde 1982, con Miguel de la Madrid, privilegió a privados nacionales y extranjeros (es decir, un grupo de oligarcas asociados a la elite política), que succiona a los servicios extraordinariamente lucrativos que el Estado les concesionó y proporcionó en el nacionalismo revolucionario.
Se debe acabar con la pesadilla de la voracidad y depredadora de un capitalismo cosificante, salvaje y avasallador: porque aún existe la corrupción e impunidad que provoca hambre, ignorancia y violencia en regiones sin ley, solapada por la burocracia regional donde se infiltraron miles de prianistas. Que deje de castigarse a quien no tiene recursos para comprar inocencia y se proteja a los delincuentes de cuello blanco y la evasión fiscal.
El Poder judicial, con su descaro y resistencia regresiva, formó blindajes para defender los privilegios inauditos en un país con enfermedades curables, y una trinchera ideológica. Los jueces no deben ser una institución subordinada a las peores causas de vender la justicia y estar al servicio de intereses políticos y económicos; deben ser garante de justicia y un genuino estado de derecho roto por su podredumbre.
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Los constituyentes de 1917 garantizaron el dominio de la nación sobre sus recursos y la soberanía de país, pero al paso del tiempo estos derechos alcanzados por el sacrificio de millones de mexicanos han sido socavados, en tanto se restablecen el fuero y los privilegios para una élite política y económica. En el régimen tricolor y “cristiano” (por su alianza de facto con las iglesias), que asume el PAN, toda la vida pública de México sigue controlada en la economía por una minoría ambiciosa y rapaz. México, por las presiones, resistencias y chantajes de la derecha es un país de unos cuantos en el que el pueblo está ausente de salud, educación y condiciones de vida digna.
Los aspectos contenidos en el paquete de reformas constitucionales, son revertir las privatizaciones de Zedillo (1997, en el caso del IMSS, con la creación de las Afore) y de Felipe Calderón (2007, en el del ISSSTE), las cuales impiden jubilarse con 100 por ciento del salario. Por ello, anunció la creación, a partir del próximo 1 de mayo, de un fondo semilla con 64 mil millones de pesos, incrementado gradualmente.
Para los campesinos propone un jornal justo y permanente, con el objetivo de que coman los que producen alimentos: en materia ferroviario de pasajeros y el uso de 18 mil kilómetros concesionados al capital privado también por Zedillo; además, el Estado garantizará Internet universal, sea mediante servicio público o concesionado.
En CFE, el objetivo es devolverle su carácter de empresa pública estratégica en beneficio de los consumidores domésticos, y revertir las modificaciones que el régimen prianista concreto para favorecer al interés privado de lucro excesivo.
Se propone reducir los gastos de campañas electorales y partidos políticos: eliminar los legisladores plurinominales y que el Congreso se integre con 300 diputados y 64 senadores. Además, propone que consejeros y magistrados electorales sean electos, con el fin de fortalecer la democracia participativa. Y lo mismo para jueces, magistrados y ministros.
El “ministro” Alberto Pérez Dayán, con reclamos de juicio político, declaró en Querétaro: “Hay que alejar el Poder Judicial de la política y no arrojarlo al fondo de ella para que no resulte un juego de pasiones; militancia y judicatura no son afines”. ¿Qué tal la afinidad, la militancia y el romance apasionado entre capital privado y judicatura? Es necesario contrapesos y la división de poderes, pero en el caso de dicho poder ello no aplica, porque operan en el drenaje podrido, cínico y sin máscaras, entregados a la plutocracia.
M.C. Héctor Ramón González Cuéllar es académico del Instituto Tecnológico de Tijuana.
Correo electrónico: profe.hector.itt@gmail.com
