Abogados e inmobiliarios tijuanenses relacionados a Grupo Caliente y a la familia Hank, están ligados a empresas dedicadas a despojar personas de sus viviendas; en Mexicali, mediante juicios leoninos o procesos irregulares, se han apoderado de decenas de casas que pertenecen a inmobiliarias formalmente constituidas, pero también a personas que se hicieron de su patrimonio por diversas vías.
En tanto las propiedades del conocido Cártel del Despojo continúan en aumento, la gobernadora Marina del Pilar Ávila Olmeda dice desconocer que existan episodios de robos de casas; por otro lado, el Poder Judicial y el Registro Público de la Propiedad y el Comercio (RPPC), actores directamente involucrados en estos actos, minimizaron por completo el robo de casas.
El 15 de febrero, poco más de 10 días después de la publicación realizada por ZETA del Cártel del Despojo, una empresa llamada Grupo Inmobiliario de Baja California, representada por Héctor Oswaldo Flores Martínez, presentó denuncia formal ante la Fiscalía General del Estado (FGE) registrada con Número Único de Caso 5203/2024, en la que señala directamente a la empresa inmobiliaria Casas y Trámites Inmobiliarios, registrada en Mexicali, a la que se atribuye el robo de cientos de casas en Mexicali y Tijuana.
Tres días después de aquerellarse contra la empresa, sus representantes y propietarios, la misma institución privada se apersonó en el fraccionamiento Toledo Residencial, comunidad de clase media al Oriente de Mexicali que cuenta con seguridad privada que restringe el acceso.
El operativo se llevó a cabo durante la mañana del domingo 18 de febrero y concluyó en el hurto de ocho viviendas que pertenecían a Grupo Inmobiliario de Baja California, pero que mediante documentación apócrifa que ha sido avalada por el RPPC, se les permitió tomar la propiedad.
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ZETA amplió la investigación de nombres y representantes implicados y detectó que Francisco Javier Mercado Pérez, hijo del ex consejero de la Judicatura del Estado, Francisco Javier Mercado Flores, se apersonaba para supervisar el desalojo de las viviendas.
Allí se le observaba con cubrebocas y gorra, intentando ocultar su identidad, pero las cámaras de celular captaron su presencia al momento del desalojo.
Mercado Pérez fue candidato del PRI a la diputación federal, además de trabajar para el diputado local del mismo partido, Bernardo Padilla. Sin embargo, su relación más cercana es la que tiene en la empresa HG Innovación y Desarrollos, donde según el RPPC, se ubica como representante de César Alejandro González Ríos y Juan Carlos Hank Krauss, el segundo, hijo del ex reo Jorge Hank Rhon, dueño de Grupo Caliente, donde también trabaja el primer mencionado.
LOS VÍNCULOS
El 31 de octubre de 2021, cuando Marina del Pilar Ávila Olmeda asumió el Poder Ejecutivo de Baja California, tuvo un evento privado en las instalaciones del Cine Curto, ubicado en la Zona Centro de la ciudad, donde se fotografió con políticos, empresarios y amigos, además de colaboradores de su naciente gobierno.
Pero nadie desató más polémica en la cita que el casinero Jorge Hank Rhon, con quien apenas unos meses atrás había competido por la gubernatura del Estado. Ahí posaron sin cubre bocas, pues a diferencia del ex mandatario Jaime Bonilla Valdez, Ávila dejó claro que sostendría una relación cercana con su ex contrincante y ex reo del penal del Hongo.
En una de las fotos ella aparece junto a Jorge Hank Rhon y su hijo Juan Carlos Hank Krauss; los diputados Miguel Peña y Monserrat Rodríguez; y César Alejandro González Ríos, quien ha sido identificado como un perfil cercano, pues además de trabajar para los Hank, se le refiere como su secretario particular.
ZETA solicitó información sobre este personaje debido a que su nombre salía a relucir cuando se cuestionaba a inmobiliarios y afectados sobre su participación en el diseño del Cártel del Despojo. Sin embargo, su nombre no aparece en ningún documento formal que lo vincule con Mario Ismael Cañedo Ceceña ni con Casas y Trámites Inmobiliarios.
Sin embargo, se pudo establecer que el abogado Francisco Javier Mercado Pérez, uno de los encargados de las diligencias, siempre acompañaba a Mario Ismael Cañedo Ceceña a Mexicali para desalojar domicilios en residenciales de alta plusvalía como Villa del Cedro, Toledo, entre otros.
Fue así que se logró identificar el vínculo, pues el joven abogado, además de ser tijuanense, participó en las campañas del PRI, al grado de registrarse para una candidatura al Distrito XII en 2019 por el mismo organismo político.
Imágenes en poder de ZETA vinculan a Mercado Pérez con Mario Cañedo durante los desalojos de domicilios en el residencial Villa del Cedro, en Mexicali. También se vincula el vehículo de su padre (igual un presumido hankista) en el lugar, supervisando el operativo desde la distancia.
Carlos Alejandro González Rojo aparece en varias imágenes de redes sociales allegado a Mercado Pérez durante el periodo de campaña, o bien, en reuniones más íntimas acompañando a Hank Rhon. También aparece en reuniones íntimas en sus redes sociales junto con Miguel Ángel Badiola, director de Relaciones Públicas del Poder Ejecutivo, y de Jorge Hank.
González Rojo trabaja para Grupo Caliente, pero también cuenta con otras sociedades del ramo inmobiliario, traslado de valores e incluso temas hídricos, en las cuales la mayoría de las veces se vincula con Juan Carlos Hank Krauss, perfil político tanto para el PES como para Morena, y el PRI en las elecciones por venir.
Mercado Pérez es la piedra angular que liga los actos del Cártel del Despojo, dirigidos por Mario Ismael Cañedo Ceceña -quien cuenta con múltiples denuncias y demandas por temas relacionados con despojo de viviendas-, su hermano Ramón y su pareja sentimental, Cindy Guadalupe Gómez Ávalos.
Cabe recordar que Ramón y Cindy tienen una sociedad fundada en 2023 en la empresa Racace, dedicada al ramo inmobiliario. Curiosamente, el “robo” de estas casas se da a raíz de una demanda y cobro de deuda de Cindy hacia Ramón, quien es representante de Casas y Trámites Inmobiliarios. Empresa que se apoderó de más de 100 casas y poco a poco las ha vendido a particulares y a otras firmas inmobiliarias establecidas como Corporativo Quila, originario de Ciudad Juárez; y Visión Inmobiliaria Raíces del Desierto, de Mexicali.
DESALOJOS HAN ALCANZADO A INFONAVIT
A raíz de la publicación del reportaje, ZETA ha recibido otras denuncias y señalamientos de este y otros esquemas de robo de viviendas, algunos inverosímiles, donde incluso “raspan” al Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores (Infonavit).
Ana Lizeth Gómez, delegada de la institución, refirió que durante su administración se han detectado 15 casos en los que se otorgó un crédito para vivienda que posteriormente tuvo que ser cancelado debido a un conflicto legal. “A estos casos que hay antecedentes jurídicos que nosotros tenemos que validar, Baja California es uno de los estados, bueno, ya no tanto, ahora tenemos un 50% de vivienda nueva y la otra ya existente, pero teníamos mucha colocación de vivienda existente, entonces sí tenemos que revisar antecedentes jurídicos. Actualmente tenemos una normativa, cuando es rebeldía, prescripción, hacemos una revisión tradicional para estar en condiciones para otorgar el crédito”, dijo.
Uno de estos casos fue registrado por el mismo Cártel del Despojo, el cual ya se encuentra ubicado por Infonavit y -aseguró la funcionaria- ya se han negado créditos por la dudosa adquisición de la vivienda.
ZETA tuvo contacto con una persona de nombre José Ángel Ávila Flores, quien labora en una maquiladora y hace siete años compró su casa con crédito Infonavit.
La víctima se tomó el tiempo de buscar viviendas que estuvieran acorde a sus posibilidades, así encontró una marcada con el número 505 de Avenida Jardines Cachanilla, Fraccionamiento Jardines de Calafia.
No se trata de una propiedad ostentosa, pero fue debidamente atendida por José Ángel, quien acudió a Infonavit cuando el delegado era Alejandro Arregui, hoy secretario del Trabajo de Marina del Pilar Ávila Olmeda, para pedir información sobre la vivienda.
Según su dicho, lo canalizaron con la empresa Vivienda Tradicional, ubicada en Plaza Fiesta de Mexicali. Como su crédito estaba en regla, no tuvo problemas para hacerse de la propiedad que, según el RPPC, pertenecía a la mencionada inmobiliaria.
Por el inmueble pagó más de 300 mil pesos a pagarse en 30 años, pero no duró ni una tercera parte de eso, pues en agosto de 2023, un abogado de nombre Germán Arredondo Lugo, llegó con la fuerza pública para apoderarse de la vivienda.
Con el apoyo de policías y actuarios, además de trabajadores, el jurista sacó a Ángel y a su esposa de la vivienda que adquirieron de manera regular a una inmobiliaria, bajo el argumento de que se había perdido un juicio.
Según el RPPC, la casa fue adquirida en 2017 por Ángel, pero el 12 de mayo de 2022 aparece un acta de embargo girada por el Juzgado Octavo Civil, de Mexicali, con expediente 369/2022, donde se involucra el abogado, quien -supuestamente- ganó un juicio y cobró una deuda a la señora Angélica Manjarrez Hidalgo, la cual aparentemente compró la vivienda en 2001, pero que por impago fue recuperada por el propio Infonavit y se la vendió a Vivienda Tradicional, que a su vez, años después le vendió la casa a José Ángel.
Por extrañas circunstancias, el abogado cobró un supuesto adeudo con la propiedad, misma que puso a la venta a los pocos días.
José Ángel refirió que a casi ocho meses de sufrir el desalojo en el que nadie le explicó nada, Infonavit le sigue cobrando el préstamo.
Comentó que ha sostenido comunicación con Ernesto Gabriel Villa Martínez, gerente de crédito del Instituto, pero este ya ni siquiera le contesta el teléfono para atender su caso. Y es que, como José Ángel es trabajador de maquiladora, sus ingresos son reducidos y casi una tercera parte de su sueldo se va para pagar el adeudo con Infonavit, pese a que ya no cuenta con esa casa, por lo que pide al menos una explicación de las instituciones públicas y la propia empresa que le vendió el inmueble.
La funcionaria de Infonavit comentó a ZETA que algunas veces estos procesos son tardados, pero garantizó que antes de terminar el mes, la situación de José Ángel será normalizada, pues los pagos que realiza se integrarán al adeudo y podrá reponerse con una vivienda. Sin embargo, debido a los pocos ingresos, a José Ángel le ha sido muy difícil tener un lugar donde vivir, pues carece de ingresos para una renta en tanto se resuelve el caso. No conforme con ello, pidió préstamos para poder rehabilitar la vivienda, mismos que ahora goza un abogado particular.
PJ Y RPPC MINIMIZAN CASOS
Mientras que la funcionaria de Infonavit reconoció que existen estos episodios y mejoraron los mecanismos para que a partir de este periodo no se puedan contraer viviendas de este tipo, el RPPC y el Poder Judicial minimizan la situación.
Isis Romero, directora del RPPC en Mexicali, comentó que no se han presentado denuncias en contra de funcionarios por inscripciones irregulares dentro del sistema, además, la institución no se hace cargo de revisar dichas escrituras, sólo de revisar que se cumpla con todos los requisitos.
Agregó que a raíz de las publicaciones en medios de comunicación y las peticiones de notarios, empezaron a revisar documentos que provengan de patentes con residencia en otra entidad. Pese a todo, refirió que no se han detectado casos.
Por su parte, el magistrado presidente Alejandro Isaac Fragozo López aseguró que no podría considerarse un cártel como tal, pero reconoció que algunos abogados que abusan de la prescripción de viviendas para hacerse de ellas.
En entrevista para ZETA, indicó que son pocos los juicios de nulidad que se presentan ante los Juzgados civiles para demostrar la falsedad de una escritura o un documento de propiedad apócrifo.
En tanto, el abogado Elías Flores Gallegos, especialista en materia inmobiliaria, aseveró que alrededor de mil casas en Mexicali se encuentran en situación similar, donde se solicitó una prescripción con el objetivo de venderla, lo que se ha vuelto un negocio muy redituable para algunos juristas que -a su juicio- se les debería retirar la cédula de abogados.
Calificó la situación como muy grave, aunque la mayoría de los robos de viviendas se pueden resarcir, debido a que se llevan a cabo procedimientos incorrectos, por lo que las sentencias pueden ser revocadas mediante un proceso de amparo.
Debido a la cantidad de personas que acudieron a presentar sus d
enuncias públicas, en próximas semanas ZETA seguirá publicando casos relacionados con despojos de vivienda.
